MARTINEZ CHAMACA Estefanía s/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS
Incidente de regulación de honorarios vinculado a un beneficio de litigar sin gastos; se reclamó la reducción de los emolumentos y la exclusión del pago de costas. La Cámara rechazó el recurso de la Oficina de Tasas y confirmó la regulación provisoria de honorarios (1,1 IUS = $53.718,5) y la imposición de costas, por ajustarse a la ley arancelaria y no contener crítica fundada.
¿Quién es el actor?
Martínez Chamaca Estefanía (actor del expediente principal); en el incidente se regulan los honorarios de la Dra. Carolina Salgado.
¿A quién se demanda?
Oficina de Tasas (apelante) y, de modo originario, la contraparte del incidente ligado al expediente principal ("Cooperativa de Provisión para Transportista Líder Limitada y Otros" según carátula del principal).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Se discutió la regulación provisoria de honorarios por la actuación de la Dra. Carolina Salgado en el incidente de caducidad vinculado al beneficio de litigar sin gastos (se fijó 1,1 IUS = $53.718,5 sobre un mínimo de 10 IUS) y la impugnación de la imposición de costas a la Oficina de Tasas.
¿Qué se resolvió?
Por mayoría, se rechazó el recurso de apelación interpuesto por la Oficina de Tasas y se confirmó la sentencia de grado en lo que fuera materia de agravios; sin costas en alzada por no mediar oposición. El Tribunal sostuvo que la regulación provisoria respeta los parámetros de la ley arancelaria y que el agravio relativo a costas está precluido.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"En tales condiciones, siendo que la sentencia definitiva dictada en las actuaciones principales aún no adquirió firmeza por hallarse impugnada, estimó que correspondía regular provisoriamente con relación al beneficio de litigar sin gastos que, en rigor, todavía no finalizó.
Bajo ese razonamiento y en el entendimiento que el mínimo posible es la cantidad de 10 IUS ($ 488.350) juzgó, en virtud del tipo de acción articulada en el principal y el objeto pretendido, que ameritaba justipreciar la labor de la profesional en la caducidad de instancia en un 11 % a partir del guarismo referenciado ( 10 IUS); es decir, un total de 1,1 IUS ($ 53. 718,5)."
"La solución es de orden legal y no es posible desconocer la virtualidad del art. 37 in fine, que contempla como honorario mínimo para los incidentes los diez (10) IUS según lo previsto en el art. 25 LA, por lo que el cálculo realizado por el Juez luce razonable y ajustado a derecho, atento al carácter oneroso que detenta la actividad de los letrados.
Por lo demás, cabe memorar que '... los jueces disponen un amplio margen de discrecionalidad para la ponderación de dichos factores ...' (Fallos, 306: 1265) en la medida que no se aparte sin mayor fundamento de la solución contemplada en la ley. Ante esa premisa, se advierta que la apelante no ha podido demostrar el yerro que le endilga al criterio adoptado por el Sentenciante."
"Nótese que la recurrente cuestiona el tópico recién al recurrir el auto regulatorio que fue dictado con posterioridad a la sentencia que declaró la caducidad del incidente de caducidad promovido por su parte (326.4 del CPCCLRyM) y que le impuso las costas por resultar vencida -art. 83.4 del CPCCLRyM- (A-292082).
Por lo tanto, dado que opera el principio de preclusión procesal que ' ... tiene por efecto impedir que vuelvan a ser tratados temas ya decididos en forma expresa o implícita en el juicio...' (Fallos: 296:643, 320:1670 y 324:1301, entre otros) ' ...y que alcanza hasta aquellos planteos que pudiendo haberse deducido, no lo fueron ... ' (Fallos: 296:643, entre otros), el agravio no puede prosperar."
¿Cómo votaron los jueces?
los Dres. Aníbal G. Acosta (voto principal), Daniel A. Sacks (voto que declara la crítica no fundada por disenso simple) y Alejandro S. M. Fernández (adhesión).
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