PORTELA, CELIA BEATRIZ c/ PAMI s/AMPARO LEY 16.986
La actora promovió acción de amparo para obtener la cobertura integral de una reparación valvular tricuspídea por cateterismo con sistema TriClip y la derivación a la Fundación Favaloro. El Juzgado hizo lugar al amparo, ordenó a PAMI brindar la cobertura integral y los controles posteriores (incluyendo viaje y alojamiento para la actora y un acompañante), y rechazó la pretensión de cobertura abierta de prestaciones futuras no prescriptas.
¿Quién es el actor?
C.B.P. (actora, afiliada a PAMI).
¿A quién se demanda?
Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP - PAMI).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
cobertura integral, con carácter urgente, de la reparación valvular tricuspídea por cateterismo con sistema TriClip indicada por la Fundación Favaloro, incluyendo internación, insumos (válvula TriClip), honorarios, estudios prequirúrgicos, procedimiento, controles posteriores, pasajes y alojamiento para la actora y un acompañante, y viáticos; se pidió medida cautelar y reintegros por gastos de derivación.
¿Qué se resolvió?
Se hizo lugar al amparo y se ordenó a PAMI brindar cobertura integral de la reparación valvular tricuspídea por cateterismo con sistema TriClip en la Fundación Favaloro y de los controles posteriores que indique el equipo tratante, con la derivación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de la actora y un acompañante, incluidos pasajes, alojamiento y viáticos; se tuvo presente que la intervención se realizó en cumplimiento de la medida cautelar y que PAMI reintegró gastos por $1.324.732,24; se rechazó la pretensión en cuanto pidió cobertura de prestaciones futuras no prescriptas; se impusieron las costas a la demandada y se regularon honorarios (actora: $2.484.115; demandada: $2.160.100).
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"Ahora bien, de las constancias de autos surge que el agente de salud no cumplió con las obligaciones a su cargo. La demandada sostiene que no negó la prestación, sino que condicionó su autorización a un nuevo ecocardiograma. Sin embargo, lo que hizo fue rechazar el único insumo que hacía posible la intervención indicada por el especialista, apartándose de esa indicación sin un examen de la paciente. Además, su propia conducta posterior desmiente que ese estudio fuera un requisito indispensable: no surge de autos que la demandada lo haya requerido ni que se haya realizado, y PAMI terminó autorizando la derivación y comprando el insumo a la Fundación Favaloro para la misma intervención que había rechazado. Por último, la demora en cumplir la medida cautelar, que se extendió por casi tres meses y requirió reiteradas intimaciones y sanciones conminatorias, muestra que la actora no habría obtenido la prestación sin esta acción."
"El alcance de la condena. La intervención se realizó en cumplimiento de la medida cautelar, y la demandada reintegró los gastos de la derivación rendidos por la actora: $129.000, $846.009,90, $252.800 y $96.922,34, que suman $1.324.732,24. Ese total coincide con el que reclamó la actora en su presentación del 07/07/2026, y el 11/11/2026 la actora manifestó haber recibido las sumas adeudadas. Por lo tanto, no quedan sumas pendientes por la derivación de mayo de 2026. Sin embargo, la sentencia debe confirmar la obligación de la demandada, porque la cobertura se brindó en virtud de una medida provisional."
"En cambio, corresponde rechazar el pedido en cuanto comprende 'toda prestación necesaria' hasta la finalización del tratamiento. Las pretensiones de cobertura de prestaciones futuras no tienen acogida en el amparo, porque no existe un acto lesivo actual respecto de prestaciones que todavía no fueron prescriptas ni solicitadas, y porque una condena abierta permitiría acceder a cualquier prestación sin el marco que exige la ley (art. 43 de la Constitución Nacional y art. 1 de la Ley 16.986)."
¿Cómo votaron los jueces?
no constan disidencias en el expediente; la parte resolutiva final es unipersonal (firmada por la Jueza Federal Eva L. Parcio de Seleme) y constituye la decisión del tribunal.
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Normas que cita
- Ley 16.986arts. 1, 2 inc. a, 8, 14 · Amparo
- Ley 19.032art. 2 · Instituto nacional de servicios sociales jub.pens.
- Ley 23.661arts. 1, 2 · Obras sociales
- Decreto 486/2002
- Resolución 201/2002 (Ministerio de Salud)
- Resolución 301/2004 (Ministerio de Salud)
- Resolución 939/2000 (Ministerio de Salud)
- Constitución Nacionalarts. 14 bis, 31, 42, 43, 75 inc. 22 · Constitucion nacional
- Tratado Declaración Universal de Derechos Humanosarts. 3, 25
- Tratado Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombrearts. 1, 7, 11
- Convención Americana sobre Derechos Humanosarts. 1, 4, 5, 19
- Tratado Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturalesart. 12 inc. c
- Tratado Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticosarts. 6, 23, 24
- Ley 27.360art. 19 · Convencion interamericana sobre proteccion de los derechos humanos de las personas mayores
- Tratado Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayoresart. 19
Fallos que cita
- E.R.E. c/ Omint SA de ServiciosCSJN
- M., J.A. c. Medicus S.A. de Asistencia Médica y CientíficaCNCiv Sala L · 21/11/2003
- Asociación Benghalensis y otros c/ Ministerio de Salud y Acción Social - Estado Nacional s/ amparo ley 16.986.CSJN · Fallos 323:1339
- Campodónico de Beviacqua, Ana Carina c/ Ministerio de Salud y Acción Social - Secretaría de Programas de Salud y Banco de Drogas Neoplásicas s/ Recurso de HechoCSJN · Fallos 323:3229
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