JurisprudenciaARG
Cámara de Apelaciones

CAJA SEG.SOC.VETERINARIOS PCIA.BS.AS. C/DEROSA JORGE ANIBAL S/ APREMIO

Ejecución por apremio de deuda por 314.652 juvets (convertidos a pesos) y accesorios. La Cámara confirmó la sentencia de primera instancia que rechazó las defensas del ejecutado y ordenó continuar la ejecución, por no acreditarse inactividad imputable a la actora que justifique detracción de intereses.

Fecha de la sentencia
Tribunal
CAMARA I DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL SALA III - LA PLATA
Fuero
CIVIL Y COMERCIAL (PROVINCIA DE BUENOS AIRES)
Jurisdicción
Local · Buenos Aires
Expediente
288792
Ejecucion por apremio Intereses Juvets Paralizacion procesal Oposicion de excepciones Notificacion de traslado Actos propios Buena fe Costas de alzada Confirmacion de sentencia

¿Quién es el actor?

Caja de Seguridad Social para Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires.

¿A quién se demanda?

Jorge Aníbal Derosa.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Ejecución por apremio del capital reclamado de 314.652 juvets conforme su valor vigente al momento del efectivo pago convertido a pesos, más intereses legales previstos en el art. 78 de la ley 13.169 hasta un tope del 6% anual y demás accesorios ordenados en la sentencia de fecha 16/7/2026.

¿Qué se resolvió?

Se desestimó el recurso de apelación interpuesto por el ejecutado; se confirmó la sentencia apelada de fecha 16/7/2026 en lo atacado y se impusieron las costas de alzada al apelante.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"De forma liminar cabe comenzar señalando que el recurso se circunscribe a un único punto: determinar si corresponde detraer del cómputo de intereses los lapsos de inactividad procesal posteriores a la oposición de excepciones por parte de la ejecutada el 10/4/2018, hasta su contestación por la actora el 10/4/2026.

Al respecto, calificada doctrina ha sabido precisar que un acto sería abusivo -más allá de toda injerencia de un proceder doloso o culposo- cuando desvía una norma o instituto procesal del fin que le asigna el ordenamiento, siempre y cuando dicha desviación haya causado un daño procesal. Habitualmente, el acto abusivo redunda en una demora y alongamiento del trámite que ya puede invocarse como perjuicio procesal computable. Detectado el abuso, el abusador no puede, en ningún caso, obtener una ventaja procesal de su conducta abusiva (cfr. Peyrano, Jorge, "Vademécum de la proscripción del abuso procesal", La Ley 13/11/2018, 1).

A su vez, la demora injustificada del acreedor en impulsar la causa, por un lapso que excede lo razonable y que redunda en su exclusivo provecho y en el agravamiento patrimonial del deudor, puede configurar una conducta contraria a los límites de la buena fe, la moral y las buenas costumbres (arts. 9, 10, 11 y 12, CCCN).

Sin embargo, la aplicación de esta doctrina presupone, como condición necesaria una inacción jurídicamente imputable al acreedor, esto es, el incumplimiento de una carga que a él le incumbía."

"Los extremos señalados no se verifican en autos. En efecto, la paralización que invoca el apelante se origina en la oposición de excepciones el 10/4/2018, y es el propio recurrente quien reconoce en su memorial que el traslado de esas excepciones 'no fue oportunamente notificado mediante cédula por esta parte'. La carga de notificar el traslado recaía sobre quien había planteado las defensas y de cuya sustanciación dependía el progreso de su propio planteo. Por ello, no puede reprocharse a la actora una inactividad cuyo origen se encuentra en la omisión de quién debía practicar el acto.

Asimismo, la propia ejecutada contaba con herramientas para evitar la dilación que invoca como perjuicio, como instar el trámite de sus defensas, y optó por mantener la situación durante ocho años. Admitir que ahora se beneficie con esa paralización equivaldría a premiar su propia omisión, en contradicción con la doctrina de los actos propios.

A ello se suma que los intereses se fundan en la indisponibilidad del capital por parte del acreedor (art. 768, CCCN), y que su devengamiento cesa cuando las sumas debidas se encuentran depositadas en condiciones de ser retiradas por aquél. Nada de ello ocurrió en autos, pues el ejecutado no abonó ni consignó el capital reclamado."

"En definitiva, no habiéndose acreditado una conducta imputable a la ejecutante que amerite sancionarla con la detracción de intereses, corresponde desestimar el recurso y confirmar la sentencia apelada en lo que fue materia de agravios."

¿Cómo votaron los jueces?

Mayoría unánime (Dr. Juan Manuel Hitters y Dr. Alejandro Luis Maggi adhirió al voto) que decidió desestimar el recurso y confirmar la sentencia apelada; se impusieron las costas de alzada al apelante.

Normas que cita

Fallos que cita

  • Peyrano, Jorge, "Vademécum de la proscripción del abuso procesal"doctrina · 13/11/2018

El resumen se genera automáticamente con fines informativos: no es información oficial ni opinión legal, y no reemplaza la lectura del fallo completo. Para cualquier decisión, consultá la sentencia original con un profesional.

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