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Primera Instancia

M., J. B. c/ MINISTERIO DE SALUD E LA NACION s/AMPARO por MORA de la ADMINISTRACION

Amparo por mora administrativa para obtener inscripción en el Registro Nacional de Cannabis. El Juzgado Federal de Bahía Blanca hizo lugar al amparo y ordenó al Estado Nacional - Ministerio de Salud que, en el plazo de veinte (20) días hábiles, dicte la resolución referida al reclamo, imponiendo las costas a la demandada.

Fecha de la sentencia
Tribunal
JUZGADO FEDERAL DE BAHÍA BLANCA 1 - SECRETARIA CIVIL 3
Fuero
FEDERAL DE BAHÍA BLANCA
Jurisdicción
Federal · Buenos Aires
Expediente
FBB 008773/2025
Amparo Mora administrativa Reprocann Registro nacional cannabis Derecho de peticion Ministerio de salud Tramite n?326807 Plazo ley 19.549 Costas Resolucion administrativa

¿Quién es el actor?

J. B. M.

¿A quién se demanda?

Estado Nacional - Ministerio de Salud (Registro del Programa de Cannabis - REPROCANN).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

acción de amparo por mora administrativa para que la administración resuelva la solicitud de inscripción del actor en el Registro Nacional Cannabis/REPROCANN (trámite N° 326807, última modificación 31/12/2024), que se encontraba en estado "pendiente de evaluación".

¿Qué se resolvió?

Se hizo lugar a la acción de amparo por mora administrativa y se ordenó al Estado Nacional - Ministerio de Salud que, en el plazo de veinte (20) días hábiles de notificada, dicte la resolución referida al reclamo de autos. Se impusieron las costas a la demandada vencida y se diferenció la regulación de honorarios hasta que los profesionales acrediten su situación previsional e impositiva.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"El art. 28 de la ley 19.549 establece que quien fuera parte en un expediente administrativo, podrá iniciar una acción de amparo por mora cuando la autoridad administrativa hubiere dejado vencer los plazos fijados, o los razonables, según el caso, sin emitir un dictamen o la resolución de mero trámite o de fondo que requiera el interesado."

"El ‘derecho de petición’ no se agota con el hecho de que el ciudadano pueda pedir, sino que exige una respuesta. Frente al derecho de petición se encuentra la obligación de responder. Ello, sin embargo, no significa que la administración deba pronunciarse en un sentido o en otro, sino tan solo que debe expedirse."

"De las constancias obrantes en la causa surge que aún no se ha dictado acto administrativo que decida el asunto, evidenciando en el presente caso el extenso plazo de tiempo sin obtener respuesta por parte de la demandada."

¿Cómo votaron los jueces?

No existen votos en disidencia; la decisión fue dictada por el Juzgado Federal de Bahía Blanca N°1 (un solo juez).

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