Legajo Nº 1 - IMPUTADO: BIOSOLL, JUANA PAULINA s/LEGAJO DE APELACION
La defensa de Juana Paulina Biosoll interpuso recurso de apelación contra su procesamiento por falsedad ideológica y el embargo de $1.500.000. La Cámara Federal de Corrientes rechazó la apelación y confirmó el procesamiento y las medidas cautelares por estar reunido, a nivel probatorio provisional, un cuadro indiciario suficiente que habilita el encuadre en el art. 293 del Código Penal.
¿Quién es el actor?
La defensa de la imputada Juana Paulina Biosoll (apelante).
¿A quién se demanda?
Resolución del Juzgado Federal N°2 de Corrientes / Fiscalía (resolución apelada).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Impugnación del procesamiento sin prisión preventiva por presunta comisión del delito de falsedad ideológica de instrumento público (art. 293 CP) y del embargo trabado por $1.500.000.
¿Qué se resolvió?
Se rechazó el recurso de apelación interpuesto por la defensa de Juana Paulina Biosoll y se confirmó la resolución recurrida en todos sus puntos, conforme los fundamentos expuestos en el considerando V.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"En primer lugar, corresponde examinar si las críticas dirigidas a la acreditación del dolo y al alcance de las obligaciones notariales desvirtúan el juicio provisional de probabilidad efectuado por el juez a quo (arts. 306 y 308 del CPPN).
En ese sentido, se advierte que la documentación incorporada permite delimitar con precisión el alcance de la certificación cuestionada. En la foja Serie Z Nº 00082679, correspondiente al acta Nº 53 del Libro XXXVI, la escribana consignó que Marcelo Eligio Figueroa compareció ante ella, que había puesto su firma en su presencia en el Formulario 08 Nº 42220948 y, particularmente, que daba “fe de conocimiento” en los términos del art. 306, inc. b), del Código Civil y Comercial, agregando que los datos personales y el domicilio surgían del DNI original que tuvo a la vista. No se trata, por tanto, de una mera constancia de exhibición de un documento, la fedataria afirmó también conocer o identificar personalmente al otorgante y haber presenciado su firma.
Esa manifestación resulta objetivamente incompatible con los informes del RENAPER y el acta de defunción, que sitúan el fallecimiento del titular el 8 de julio de 2014, casi cuatro años y medio antes de la certificación. Esa circunstancia objetiva torna lógicamente imposible que Marcelo Eligio Figueroa hubiera estampado su firma en presencia de la fedataria en la fecha consignada en la certificación, supuesto que constituye uno de los principales elementos de cargo ponderados por el juez de grado y que no ha sido eficazmente desvirtuado mediante el recurso. A ello se añade que el Colegio de Escribanos informó que Biosoll adquirió la foja identificada el 20 de diciembre de 2018 y que su firma y sello fueron legalizados mediante la Serie E Nº 00097781, vinculándola concretamente con el acto documentado.
La defensa alegó que un escribano no está obligado a realizar pericias documentológicas ni investigaciones sobre eventuales extravíos, duplicaciones o fallecimientos de sus clientes, sin embargo, ese planteo no responde al dato central del caso, aquí se hizo constar, bajo fe notarial, la comparecencia y la firma en presencia de una persona que ya había fallecido, junto con una expresa fe de conocimiento del otorgante. Tampoco la eventual exhibición de un DNI ni las limitaciones tecnológicas invocadas explican, por sí solas, la veracidad de aquellas afirmaciones concretas.
Desde esa perspectiva, la certificación notarial de firmas presupone precisamente la constatación personal, por parte del fedatario, de la identidad y comparecencia del firmante, razón por la cual la reiteración de certificaciones vinculadas con firmas posteriormente desconocidas por sus supuestos autores o atribuidas a personas fallecidas excede, prima facie, el marco de una mera irregularidad administrativa o negligencia profesional. Tal criterio resulta concordante con lo sostenido por la jurisprudencia en cuanto a que la intervención notarial exige una actuación prudente e idónea por parte del profesional, no siendo suficiente la mera exhibición documental cuando concurren circunstancias objetivamente aptas para generar sospechas sobre la autenticidad del acto (conf. CNACCF, causa “Lascala, Jorge H.”, causa n° 12410).
En consecuencia, lo que aquí se reprocha no es una mera falencia técnica u omisión culposa —modalidad ajena al tipo previsto en el art. 293 del CP— sino la presunta intervención consciente en actos dotados de apariencia de legalidad mediante la utilización de instrumentos ideológicamente falsos, extremo que encuentra sustento suficiente en el cuadro indiciario actualmente reunido. Lo relevante en esta etapa es que la imputación se dirige a la presunta certificación notarial de comparecencias y manifestaciones incompatibles con la realidad, extremo que satisface provisionalmente el marco típico atribuido, tal como lo sostuvo este Tribunal en los autos “Legajo de apelación en autos: Biosoll, Juana Paulina y otros p/ falsificación de documentos públicos” Expte. N° 1077/2022/2/CA1, cuyos fundamentos integran la presente."
¿Cómo votaron los jueces?
No se registra voto en disidencia; la resolución fue acordada y firmada por los jueces indicados.
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Normas que cita
- Código Penalart. 293 · Codigo penal
- Código Procesal Penal de la Naciónarts. 306, 308, 444, 450, 453, 454
- Código Civil y Comercialart. 306
- Ley 26.994
Fallos que cita
- Lascala, Jorge H.CNACCF
- Legajo de apelación en autos: Biosoll, Juana Paulina y otros p/ falsificación de documentos públicosCAMARA FEDERAL DE CORRIENTES
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