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Cámara de Apelaciones

JARA, ROSA CRISTINA c/ ANSES s/AMPARO LEY 16.986

Amparo de una afiliada que reclama reconocimiento de retiro transitorio por invalidez contra ANSES por denegación por falta de Declaración Jurada de Salud. La Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza rechazó el recurso de apelación de ANSES y confirmó la sentencia de primera instancia que declaró inaplicable, en el caso, el Decreto 300/97 y ordenó el otorgamiento del beneficio, imponiendo costas a la vencida y sin honorarios.

Fecha de la sentencia
Tribunal
CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - SALA A - SECRETARIA PREVISIONAL
Fuero
FEDERAL DE MENDOZA
Jurisdicción
Federal · Mendoza
Expediente
FMZ 038841/2025/CA001
Amparo Anses Retiro transitorio por invalidez Decreto 300/97 Declaracion jurada de salud Notificacion Costas Ley 16.986 Seguridad social Inaplicabilidad normativa

¿Quién es el actor?

Jara Rosa Cristina (actora).

¿A quién se demanda?

ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social) y otro.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Amparo para que se revoque la resolución administrativa denegatoria y se ordene el otorgamiento del retiro transitorio por invalidez (retiro por invalidez) con imposición de costas a la demandada.

¿Qué se resolvió?

Se rechazó el recurso de apelación interpuesto por la representante de la demandada y, en consecuencia, se confirmó la sentencia de primera instancia en cuanto fue motivo de apelación y agravios; se impusieron las costas de la presente instancia a la vencida (art. 14 ley 16.986) y se dejó sin honorarios.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Así, el decreto 300/97 establece con absoluta claridad la necesidad de notificar al administrado los requisitos para acceder al Retiro Transitorio por Invalidez, siendo la presentación de una declaración de salud uno de ellos, por lo que mal podría exigírsele al contribuyente que de cumplimiento a las obligaciones que surgen del decreto 300/1997 si nunca se le ha hecho saber que era su deber presentar la declaración jurada requerida. Es sabido que a las notificaciones llevadas a cabo por la Administración les es exigida la absoluta fehaciencia. ANSeS, amparándose en el precepto legal de que la ley es conocida por todos, intenta pasar por alto la omisión de la DGI, generando una especie de “in dubio pro Administración”, que deja al actor en un estado de indefensión ilógico dado que existe una manda concreta que prevé su notificación. A su vez, se observa poca predisposición por parte del ente previsional para sanear esta falta, ya que llegó hasta el dictado de la resolución denegatoria sin haber solicitado documentación previa, exámenes médicos de fechas anteriores o cualquier sostén probatorio que pudiese de alguna manera cumplir con la finalidad para la que se estableció la Declaración Jurada de Salud: comprobar el estado de salud al momento del ingreso del trabajador."

"Por lo antedicho, es que entiendo que se debe rechazar la pretensión del ente previsional, confirmando la decisión tomada por el a quo, declarando así la inaplicabilidad, en el caso concreto, del decreto 300/97."

Sobre costas y honorarios: el tribunal sostuvo que las costas de la instancia apelatoria correspondían a la parte vencida conforme al art. 14 de la ley 16.986 y que no correspondía regular honorarios dada la inactividad de la actora en alzada y la normativa aplicable (art. 2 ley 27.423).

(No hubo voto en disidencia: los Dres. Pizarro y Pérez Curci adhirieron al voto del Dr. Soneira y el acuerdo resolvió conforme a lo transcripto.)

Normas que cita

  • Ley 24.241arts. 27, 48 · Sistema integrado de jubilaciones y pensiones
  • Ley 24.476Sistema integrado de jubilaciones y pensiones
  • Ley 16.986arts. 2 inc. e), 14 · Amparo
  • Decreto 300/97arts. 2, 6
  • Decreto 55/94
  • Decreto 56/94
  • Ley 24.463art. 21 · Solidaridad previsional
  • Ley 27.423art. 2 · Honorarios profesionales de abogados, procuradores y auxiliares de la justicia
  • Constitución Nacionalart. 14 bis · Constitucion nacional

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