ENRIQUEZ ANTONINA LUCILA C/ PROVINCIA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A. S/ ACCION DE REVISION RES. COMISION MEDICA JURISDICCIONAL LEY 15057

¿Quién es el actor?

ANTONINA LUCILA ENRIQUEZ.

¿A quién se demanda?

PROVINCIA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Acción de revisión de Comisión Médica jurisdiccional (Ley 15.057) por enfermedad profesional; indemnización por incapacidad derivada de lesiones cervicales con toma de conocimiento el 29/06/2022.

¿Qué se resolvió?

Se hizo lugar a la demanda y se condenó a la demandada a pagar a la actora la suma de PESOS ONCE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS DIEZ ($11.270.210) en 10 días, con declaración de inconstitucionalidad del DNU 669/2019 y del segundo párrafo del art. 11 de la ley 27.348 en lo aplicable al caso; se adicionó interés del orden del 3% anual por mayoría; costas y regulaciones de honorarios y peritos conforme se especifica en la parte resolutiva.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Por todo ello, juzgo que la actora ha logrado acreditar las características de las tareas desempeñadas para su empleadora y a partir de allí concluyo que las secuelas incapacitantes descriptas en el informe pericial guardan relación causal con las tareas realizadas para su empleadora- toda vez que el mismo ha sido efectuado teniendo en cuenta los estudios complementarios y la revisación personal efectuada (art 474 CPCC), aunque me apartaré del cálculo final que efectúa el perito, toda vez que el baremo de ley aplicable al caso dispone que una vez determinada la incapacidad y los factores de ponderación, estos se sumarán entre sí, determinando un valor único que será el que se calculará sobre la incapacidad determinada de lo que resulta una incapacidad del orden del 9,67% de la T.O con carácter de parcial y permanente que resulta consecuencia de las dolencias por la que acciona."

"Con relación al DNU 669/19 el Tribunal se ha expedido declarando su inconstitucionalidad e inaplicabilidad por los distintos fundamentos expresados en las sentencias pronunciadas, a los que adhiero y remito por cuestiones de economía procesal, destacando que el mismo fue dictado con posterioridad a la creación de la Comisión Bicameral Permanente (Ley 26.122), sin que se observe el cumplimiento de la intervención legislativa por parte del Congreso Nacional donde el mismo se haya pronunciado expresamente acerca del rechazo o aprobación siendo ello razón suficiente para determinar su invalidez constitucional dado que no se encuentra cumplida una de las condiciones exigibles para validar el ejercicio de la excepcional atribución concedida al Poder Ejecutivo."

"Entonces, y a partir de los lineamientos sentados por la SCBA en los autos 'Barrios' (C. 124.096, sent. del 17-4-2024), considero que debe declararse en la especie la inconstitucionalidad del ap.2 del art. 11 de la ley 27.348 modificatorio del art. 12 de la ley 24.557 (Art. 14 bis, 16, CN y 39 CPBA) y consecuentemente su inaplicabilidad al caso de autos, ordenándose que el crédito actoral se actualice a fin de garantizar el cumplimiento de la función resarcitoria y de respetar la garantía de indemnidad del trabajador (art. 17 CN.)."

"En otro orden, y conforme las pautas sentadas en el precedente mencionado, sobre el importe ya determinado deberán calcularse intereses (conf. art. 767 CCC), que propongo se calculen en el orden del 3% anual o fracción del mismo desde la fecha de la PMI hasta el dictado de la presente de lo que resulta: $11.270.210. En consecuencia, la presente acción prospera por la suma de PESOS ONCE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS DIEZ ($11.270.210)."

¿Cómo votaron los jueces?

El Dr. Gabriele adhiere al voto mayoritario salvo en la aplicación del interés, pues considera aplicable un interés del 6% anual; la mayoría (Valcarce y Cáceres) decidió el interés del 3%.