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Primera Instancia

PUGNALE OSCAR ABEL C/ MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS Y OTRO/A S/ PRETENSION RESTABLECIMIENTO O RECONOC. DE DERECHOS - EMPL.PUBLICO

Reclamo por el pago de la bonificación por antigüedad reclamando el 3% por todos los años trabajados. El Tribunal hace lugar a la demanda por inconstitucionalidad de las normas que redujeron la bonificación (leyes 11.739, 11.905 y similares y decreto 240/96) y ordena liquidar y pagar las sumas conforme a los alcances de prescripción y actualización señalados.

Fecha de la sentencia
Tribunal
JUZGADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 4 - LA PLATA
Fuero
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (PROVINCIA DE BUENOS AIRES)
Jurisdicción
Local · Buenos Aires
Expediente
42397
Bonificacion por antiguedad 3% Inconstitucionalidad Principio de progresividad Intangibilidad remuneratoria Prescripcion bienal Actualizacion a valores actuales Intereses 6% anual Administracion publica provincial Decreto 240/96

¿Quién es el actor?

PUGNALE OSCAR ABEL.

¿A quién se demanda?

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Reconocimiento del derecho a que la bonificación por antigüedad se liquide aplicando un 3% por cada año de servicio, declarando la inconstitucionalidad de las normas que redujeron o suprimieron dicho porcentual, con condena al pago retroactivo de las sumas no prescritas, intereses y costas.

¿Qué se resolvió?

Se hace lugar a la demanda; se reconoce el derecho del actor a que se liquide y pague la bonificación por antigüedad en un 3% por los años computados, declarando inconstitucionales las normas invocadas (leyes 11.739, 11.905 y similares, y decreto 240/96). Se ordena pago de las sumas a valores actuales conforme a lo dispuesto y con aplicación de intereses (6% anual desde el devengamiento hasta la determinación del valor actual y, luego, la tasa pasiva más alta vigente del Banco Provincia a 30 días). Se imponen costas a la demandada y se difiere la regulación de honorarios hasta la liquidación.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"En efecto, si los magistrados fueron dejados aparte de tales 'modificaciones' -tal y como surge de la propia lectura de las normas citadas arriba- en virtud de la garantía constitucional de intangibilidad de sus remuneraciones, es autoevidente que las medidas en estudio implicaron una disminución salarial. Tan es esto así que el propio decreto 240/96 se dictó bajo la consideración de que '...a los fines de la Ley citada y por razones de índole constitucional, no corresponde considerar incluidos en el Concepto de Personal de la Administración Pública a los Magistrados y miembros del Ministerio Público del Poder Judicial'. Así, cualquiera sea la denominación con la que se haga referencia a las medidas en cuestión, lo cierto es que en los hechos ellas implicaron una reducción de haberes, razón por la cual se excluyó a los jueces y cargos asimilables."

"Por lo tanto, aun analizando la cuestión de estos requisitos con mucha laxitud, y entendiendo legítimas las disminuciones al inicio, ellas pierden esta calidad al verificarse su extensión hasta el día de hoy más allá de cualquier límite de tiempo que pueda resultar razonable en principio... A tales razones de carácter general se suma, muy especialmente en el caso particular de la Provincia de Buenos Aires, una especial protección constitucional de relevancia en el supuesto de marras, debido a la consagración expresa del principio de progresividad en materia laboral (art. 39, inc. 3 Const. Pcial.). Así, la progresividad establece un estándar básico o piso de protección, a partir del cual es posible acrecentar o extender un derecho, más no desconocerlo o disminuirlo, lo que se conoce como 'principio de no regresividad'."

"1°) Hacer lugar a la demanda interpuesta por PUGNALE OSCAR ABEL contra el Ministerio De Justicia Y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, reconociendo el derecho a que se liquide y pague la bonificación por antigüedad respectiva a todos los años incluidos en su cómputo en un 3% y/o el que corresponda, conforme a los alcances establecidos en el apartado VI.-, teniendo en consideración la fecha de interposición de la demanda o del reclamo administrativo, ello, atento la inconstitucionalidad de las normas en que se sustentan tales disminuciones: leyes 11.739, 11.905 y sus similares, y decreto 240/96; computándose a valores actuales calculados al momento de aprobarse la liquidación (arts. 12, inc. 2 CCA; 11, 39 inc. 3°, 173, 175, 189 y cc. CPBA; conf. doctr. SCBA, causa C.124.096 'Barrios', sent. del 18-IV-24)."

Leyes que cita

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