PIREDDA DIEGO ANTONIO C/ TORALES RAMON FRANCISCO Y OTRO/A S/ DETERMINACION PRECIO/ALQUILERES

¿Quién es el actor?

Diego Antonio Piredda, en su carácter de único heredero del titular registral.

¿A quién se demanda?

Ramón Francisco Torales y Delia Marina Alvarenga Bueno.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Determinación del valor locativo (canon) por el uso del inmueble sito en Villa de Luján 963, Lanús Oeste, durante el período en que los demandados lo ocuparon sin contraprestación (1/5/2016 a 24/4/2026).

¿Qué se resolvió?

Se hizo lugar al incidente; se condenó solidariamente a los demandados a pagar $89.850.000 (valor locativo calculado a abril de 2026) más los intereses previstos, se impusieron las costas a los vencidos y se difirió la regulación de honorarios hasta la liquidación.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"El comodato es un contrato gratuito y el comodatario nada debe mientras usa la cosa dentro de los términos del préstamo. Cuando no se pactó plazo ni éste surge de la finalidad del contrato, el comodante puede pedir la restitución en cualquier momento, y el comodatario debe restituir (art. 1536 inc. e CCyC). A partir del requerimiento, quien retiene la cosa deja de usarla a título de préstamo y pasa a retenerla sin derecho. Esa retención es un incumplimiento de la obligación de restituir e incurre en mora por la propia interpelación (art. 887, inc. a CCyC), con la consecuencia de que el comodatario debe reparar el daño causado (arts. 1716, 1737, 1738 y 1740 CCyC).

El daño, en estos casos, es el valor locativo del inmueble durante el tiempo de la retención indebida. Ese es el beneficio económico que el dueño dejó de obtener y que el ocupante obtuvo sin causa. La jurisprudencia es pacífica al reconocer al comodante el derecho a percibir, desde la mora del comodatario, una suma equivalente al alquiler que el inmueble habría producido."

"La única prueba sobre el valor locativo es la pericia de la martillera Rolando, en su versión original de 2020 y en su actualización de abril de 2026. La actualización fue elaborada por el método comparativo sobre ofertas de propiedades similares de Lanús Oeste, ratificó las características edilicias del inmueble (vivienda de cinco ambientes con cochera, patio, terraza, dos baños y dos galpones) y concluyó en un valor de $750.000 mensuales a abril de 2026. El dictamen está fundado, es coherente con la descripción del bien, fue sustanciado con las partes y no mereció observaciones. No encuentro razones para apartarme de él (art. 474 CPCC).

Fijo, entonces, el canon locativo en $750.000 mensuales a valores de abril de 2026 para todo el período indemnizable. El capital de condena asciende a $89.250.000 por los ciento diecinueve meses completos, más $600.000 por los veinticuatro días de abril de 2026 (24/30 del canon mensual), lo que hace un total de $89.850.000 (pesos ochenta y nueve millones ochocientos cincuenta mil)."

"A la suma fijada se le adicionarán intereses a la tasa pura del 6% anual, computados desde que cada canon fue exigible (último día del mes respectivo) hasta la fecha de esta sentencia, y desde entonces y hasta el efectivo pago a la tasa pasiva más alta que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días a través del sistema Banca Internet Provincia (arts. 768 inc. c y 772 CCyC). La liquidación se practicará en la etapa de ejecución conforme estas pautas (art. 165 CPCC)."

Dispositivo final (transcripción):

"I.- Hacer lugar a la demanda promovida por DIEGO ANTONIO PIREDDA y condenar en forma solidaria a RAMÓN FRANCISCO TORALES y a DELIA MARINA ALVARENGA BUENO a pagarle, en el plazo de diez días de quedar firme la liquidación que se apruebe, la suma de $89.850.000 (pesos ochenta y nueve millones ochocientos cincuenta mil) en concepto de valor locativo del inmueble de la calle Villa de Luján 963 de Lanús Oeste por el período comprendido entre el 1/5/2016 y el 24/4/2026, fijado a valores de abril de 2026. A dicha suma deberán adicionarse los intereses establecidos en el punto VII de esta sentencia.

II.- Imponer las costas a los demandados vencidos (art. 68 CPCC).

III.- Diferir la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes hasta que exista liquidación aprobada (arts. 23 y 51 de la ley 14.967; art. 31 de la ley 13.951)."