Ganwil S.A. c/ Municipalidad de Leandro N. Alem s/ Incidente de medida cautelar (Inconstitucionalidad art. 133 de la Ordenanza fiscal 2024)

¿Quién es el actor?

Ganwil S.A., por su apoderado.

¿A quién se demanda?

Municipalidad de Leandro N. Alem.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Que la Suprema Corte declare la inconstitucionalidad del art. 133 de la Ordenanza 1.837/2023 (General Impositiva 2024) que regula la Tasa por Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial Municipal; y, con carácter cautelar, la suspensión del cobro de dicha tasa respecto de la actora (subsidiariamente, que se aplique la liquidación del año 2023).

¿Qué se resolvió?

No hacer lugar a la medida cautelar peticionada.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"II.1. Este Tribunal ha resuelto en reiteradas oportunidades que, en el marco provisional propio del despacho cautelar, se impone la justificación —prima facie— de la presencia de ambos elementos exigidos por la ley adjetiva (fumus boni iuris y periculum in mora) para proceder al despacho favorable de la tutela precautoria (arts. 230, 232 y concs., CPCC; doctr. causas B. 65.043, "Trade SA", resol. de 4-VIII-2004; I. 73.931, "Peralta", resol. de 6-IX-2017; I. 74.643, "Asociación para la Protección del Medioambiente y Educación Ecológica 18 de Octubre", resol. de 18-IX-2019; I. 76.850, "Pavanel Egea", resol. de 23-II-2021; I. 76.801, "Helacor S.A.", resol. de 9-IV-2021; I. 76.963, "Sesto", resol. de 27-V-2021; I. 75.873, "Carlos E. Iturriaga e Hijos SA", resol. de 23-II-2022; I. 78.674, "Mutilva", resol. de 24-X-2023; I. 79.300, "Murri", resol. de 19-IV-2024; e.o.).

Tiene dicho también que el examen de los requisitos a los que se halla sujeta la procedencia de las medidas de esta naturaleza es particularmente estricto en el ámbito de la acción originaria, atento la presunción de constitucionalidad de la que gozan las ordenanzas municipales (doctr. causas I. 68.276, "Empresa de Transportes 25 de Mayo”, resol. de 21-IX-2005; I. 68.174, "Filón”, resol. de 18-IV-2007; I. 72.269, "CEAMSE", resol. de 6-XI-2012; I. 73.607, "Spadone", resol. de 22-XII-2015; I. 74.061, "Romay", resol. de 4-V-2016 e I. 72.454, "Defensor del Pueblo", resol. de 4-VII-2018, e.o.)."

"II.2. A la luz de los parámetros señalados, debe advertirse que no se encuentra acreditado en la especie, siquiera en principio, el peligro irreparable en la demora que provocaría a la demandante el pago de la Tasa por Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial Municipal de acuerdo al precepto objetado en el desarrollo de su actividad, su renta o su patrimonio, hasta obtener una sentencia final favorable a su derecho.

En particular, la evaluación de este extremo requiere un examen atento de la realidad comprometida en el caso para poder así establecer si las secuelas que pudieran producir los hechos que pretenden evitarse con la medida precautoria tendrán la virtualidad de restar eficacia al reconocimiento del derecho en juego si tal fuese la decisión definitiva del pleito (CSJN Fallos: 319:1277; 339:225; e.o.). A la vez que exige indagar tanto el gravamen que podría producirse si al cabo del proceso las normas cuestionadas fueran declaradas inconstitucionales, como aquel que resultaría de la paralización temporal de los efectos de esas disposiciones, en caso de arribarse a una sentencia adversa a la pretensión (doctr. causas B. 65.158, "Burgués", resol. de 30-IV-2003; I. 78.229, "Lallo", resol. de 2-VIII-2023; e.o.).

En el caso, la actora se limita a mencionar que, si incumpliera con el pago de la respectiva obligación, correría el riesgo de que se inicie a su respecto un proceso de apremio o la traba sobre sus bienes de alguna clase de medida precautoria en protección del crédito fiscal (v. punto XX de la presentación electrónica de fecha 13-III-2024, 1:33:32 hs. en este incidente).

Tales alegaciones resultan evidentemente insuficientes por sí solas para demostrar, con el carácter preliminar y en el limitado campo de conocimiento que habilita el análisis de medidas como las requeridas, la satisfacción en autos del periculum in mora."

"III. En virtud de las consideraciones precedentes, sin que lo anterior implique emitir opinión sobre el fondo de la cuestión planteada, no corresponde hacer lugar por el momento a la tutela precautoria solicitada (arts. 195, 230, 232 y concs., CPCC; doctr. causas I. 72.230, "Pereyra Iraola", resol. de 23-XII-2013; I. 72.232, "Candia", resol. de 23-XII-2013; I. 72.236, "Urien", resol. de 23-XII-2013; I. 72.234, "Arrillaga", resol. de 5-III-2014; I. 75.353, "González de Souza", resol. de 7-III-2019; I. 78.640, "Suden", resol. de 11-VIII-2023; e.o.)."

¿Cómo votaron los jueces?

No se registran votos en disidencia en el dispositivo final; la resolución del acuerdo es la que precede.