Segovia, Jorge Alberto c/Municipalidad de Lanús s/Enfermedad accidente. Ley 9688
Reclamo por indemnización por incapacidad contra la Municipalidad de Lanús invocado bajo la ley 9688 y prescripción. La Corte, por mayoría, rechazó el recurso extraordinario sosteniendo que la prescripción fue correctamente computada conforme al art. 12 inc. e) de la ley 24.028; hubo votos particulares que declaraban inconstitucional dicha norma.
¿Quién es el actor?
Jorge Alberto Segovia.
¿A quién se demanda?
Municipalidad de Lanús.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Indemnización por incapacidad en virtud de la ley 9688.
¿Qué se resolvió?
Por mayoría, la Suprema Corte rechazó el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por el actor y confirmó que la prescripción fue correctamente aplicada por el tribunal de grado; condenó en costas al recurrente.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"II. La legitimada activa se alza contra lo decidido en la instancia de grado mediante el remedio procesal en examen en el que denuncia violación de la doctrina de esta Corte que cita, alegando que el cómputo de la prescripción debió efectuarse desde el momento en que tomó conocimiento, esto es el 10-XII-1994 (debió decir 1992), según certificado médico de fs. 5.
III. El recurso no prospera.
1. Cabe señalar en primer lugar que la potestad revisora de la Suprema Corte está circunscripta al contenido del fallo impugnado y al recurso que contra él se hubiera deducido (causas L. 58.906, sent. del 8-VII-1997; L. 52.182, sent. del 22-II-1994, entre otras).
2. Establecido por el tribunal sentenciante que el accionante dejó de prestar servicios para la demandada en noviembre de 1992 -conclusión que por inobjetada arriba firme a esta sede extraordinaria-, cabe señalar que el fallo de grado resultó ajustado a derecho.
Ello así aun cuando por vía de hipótesis se aceptase como se pretende que Segovia tomó conocimiento de su incapacidad el 10-XII-1992, esto es, con posterioridad a haber dejado de prestar servicios para la demandada, corresponde concluir que el cómputo del plazo de prescripción resultó correctamente efectuado en la sede ordinaria, porque conforme el art. 12 inc. “e” de la ley 24.028 el plazo de prescripción de la acción comienza desde el distracto, a excepción claro está de que la consolidación del daño se produzca con anterioridad al cese. No es el caso de autos (conf. doct. causa L. 72.083, sent. del 20-XII-2000), ajustándose a derecho la solución dada en la instancia de origen.
Con lo dicho, queda definida la suerte de la queja.
IV. Por lo expuesto, el recurso debe rechazarse; con costas (art. 289, C.P.C.C.)."
¿Cómo votaron los jueces?
rechazaron el recurso por insuficiencia o por correcta aplicación del art. 12 inc. e) de la ley 24.028 y por encontrarse firme en lo esencial el hecho determinante (cese en noviembre de 1992).
¿Cómo votaron los jueces?
"2. En oportunidad de desarrollar mi voto en la causa L. 61.494, sent. del 19-VIII-1997, señalé que el art. 12 inc. “e” de la ley 24.028 en cuanto establece que se considera prescripta toda acción iniciada luego de transcurridos dos años desde el cese de la relación laboral con el empleador demandado lesiona derechos de raigambre constitucional (arts. 14 bis y 17 de la Constitución nacional).
Ello así, pues como ha dicho esta Corte el principio general en la materia es que la prescripción no corre contra los derechos o las acciones que aún no han tenido nacimiento; actio non natur non praescribuntur (causa Ac. 57.559, sent. del 14-VI-1996); y específicamente se ha señalado que el momento en el que el trabajador toma conocimiento de su incapacidad marca la exigibilidad del crédito y el comienzo del plazo de prescripción (conf. causa L. 34.881, sent. del 1-X-1985).
No obstante ello, el comienzo del plazo de prescripción se escinde, en el precepto citado, del momento en que nace la acción, o sea a partir del cual el trabajador tiene expedita la vía para poder accionar contra su empleador.
Es entonces, que el precepto legal en análisis contradice los principios básicos de la prescripción, pues si bien en atención a la seguridad jurídica se hace perder la posibilidad de accionar al acreedor indolente, no resulta ni siquiera lógicamente atendible que la prescripción comience a correr independientemente del nacimiento de la acción.
En la especie, deberá establecerse por el sentenciante de grado, previo renovar los actos procesales que estime pertinentes, determinar el momento en que el reclamante tomó conocimiento de su incapacidad.
Por dichas razones considero que el art. 12 inc. “e” de la ley 24.028 es violatorio de la norma de los arts. 14 bis y 17 de la Constitución nacional toda vez que cercena derechos del trabajador afectando su derecho de propiedad.
3. Por lo expuesto, corresponde casar la sentencia atacada y devolver la causa al tribunal de origen para que, con diferente integración y previa renovación de los actos procesales pertinentes, establezca el momento de toma de conocimiento del actor y dicte el pronunciamiento que corresponda de conformidad con lo aquí decidido."
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Leyes que cita
- Ley 24.028Accidentes de trabajo
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