Storochuk, José Luis c/Provincia de Buenos Aires s/Enfermedad. Accidente de trabajo
El actor promovió acción contra la Provincia de Buenos Aires por la aplicabilidad del régimen de consolidación de pasivos (ley 12.836 y modificatorias). La Suprema Corte provincial confirmó que las reformas (ley 13.929 y decreto 201/2010) no corrigieron las vicios constitucionales y declaró inaplicable el régimen por resultar aún incompatible con la Constitución nacional.
¿Quién es el actor?
Storochuk, José Luis.
¿A quién se demanda?
Provincia de Buenos Aires.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Impugnación de la aplicabilidad del régimen de consolidación de pasivos consagrado por la ley 12.836 y su modificatoria 13.436; valoración de si las reformas introducidas por la ley 13.929 y el decreto 201/2010 sanearon las objeciones constitucionales planteadas por la jurisprudencia nacional.
¿Qué se resolvió?
La Corte provincial resolvió que con la sanción de la ley 13.929 y el decreto 201/2010 no se han superado los señalamientos que justificaron la declaración de inconstitucionalidad del régimen de consolidación (ley 12.836 y modificatoria 13.436), tornándose inaplicable ese estatuto al caso.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"En conclusión, observo que el legislador ha incurrido en un indebido exceso al establecer un sistema de consolidación en detrimento de derechos consagrados constitucionalmente y que, a pesar de las reformas incorporadas tanto por el propio Poder Legislativo como por el Poder Ejecutivo, no ha sido saneado."
"II. Por lo expuesto, considero que corresponde mantener la decidida inconstitucionalidad de la ley 12.836 toda vez que las modificaciones introducidas en su texto por la ley 13.929 como así también por el decreto 201/2010, hasta la actualidad, no alcanzan para purgar su incompatibilidad con la Constitución nacional. Voto por la negativa." (voto de la Dra. Kogan)
"Como la legislación nacional fija el plazo máximo en el 1° de enero de 2016, se advierte una diferencia de veintinueve días en perjuicio del acreedor (diferencia escasa, pero -sin duda- presente), que impide a la nueva normativa superar las objeciones destacadas en 'Mochi', quedando la ley siempre fuera de los márgenes establecidos por la legislación nacional, es decir, sin que se salve la tacha de inconstitucionalidad que la afectaba." (voto del Dr. de Lázzari)
"II. i. [...] la norma nacional consolida las deudas hasta el 31-XII-1999 y establece un plazo máximo de pago al contado de 16 años (equivalente a 192 meses), mientras que la local atrapa las deudas hasta el 30-XI-2001 y establece un plazo máximo de pago al contado de 170 meses desde entonces, surgiendo -además de un exceso en el universo de deudas así consolidadas por falta de adhesión a las normas de prórroga de la ley nacional- una demasía en el plazo previsto para la cancelación al contado, lo que demuestra per se el exceso de la legislación local, en clara colisión con la norma nacional de rango prevalente, a la que adhiere." (voto del Dr. Pettigiani)
Bloque dispositivo final:
"Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se deja establecido que con la sanción de la ley 13.929 no se han superado los señalamientos que justificaran la declaración de inconstitucionalidad del régimen de consolidación de pasivos consagrado por la ley 12.836 y su modificatoria, ley 13.436, tornándose inaplicable al caso el mencionado estatuto legal."
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