García, Susana Teresita c/ Provincia de Buenos Aires s/ Inconstitucionalidad del decreto ley 9020/78

¿Quién es el actor?

La escribana Susana Teresita García, por derecho propio.

¿A quién se demanda?

Provincia de Buenos Aires (Ministerio de Justicia).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Se solicita se declare la inconstitucionalidad del art. 32 inciso 1 del decreto ley 9020/1978, por establecer como causal de inhabilidad para ejercer funciones notariales la sola edad de 75 años, y se ordene la inaplicabilidad de la norma respecto de la demandante; además, se peticionó medida cautelar prohibiendo innovar.

¿Qué se resolvió?

Se hizo lugar a la demanda originaria de inconstitucionalidad; se declaró la inconstitucionalidad del art. 32 inc. 1 del decreto ley 9020/1978 y sus modificatorias, así como su inaplicabilidad a la situación de hecho de la escribana Susana Teresita García. Se ordenó al Ministro de Justicia de la Provincia de Buenos Aires que se abstenga de decretar cualquier medida vinculada con el alcance de esa norma. Cesan, una vez firme la sentencia, los efectos de la medida cautelar previa. Las costas se imponen a la demandada.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"En efecto, la Corte federal puntualizó que el art. 32 inc. 1 del decreto ley 9020/1978, que dispone una suerte de presunción juris et de jure de que quienes alcanzan la edad allí prevista se encuentran incapacitados para ejercer la función notarial, resulta arbitrario debido a su generalidad y su falta de sustento racional, además de vulnerar el derecho de trabajar y la garantía de igualdad ante la ley, consagrados en la Constitución nacional y en tratados internacionales de jerarquía constitucional.

Añadió que 'la arbitrariedad de la norma en cuestión surge, en primer lugar, de que la limitación temporal del ejercicio de la profesión aludida no guarda adecuada proporción con la necesidad de tutelar el interés público comprometido, pues el solo hecho de alcanzar la edad de 75 años no revela la ausencia de condiciones para cumplir la función encomendada; y, por otra parte, porque si lo que se pretende es impedir el ejercicio de la actividad por quienes carezcan de condiciones para ello, esa finalidad está suficientemente resguardada en otras normas del decreto ley 9020/1978, conforme a las cuales son inhábiles para el ejercicio de funciones notariales los incapaces y los que padezcan defectos físicos o mentales debidamente comprobados que a juicio del juez notarial importen un impedimento de hecho (art. 32, incs. 2 y 3)'."

"Resaltó que la disposición impugnada 'afecta el derecho de trabajar consagrado en el art. 14 de la Constitución nacional y en las convenciones internacionales incorporadas a ella por su art. 75 inc. 22, en particular los arts. XIV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, según el cual toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones dignas y a seguir libremente su vocación, en cuanto lo permitan las oportunidades existentes de empleo; 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que determina que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo y a la protección contra el desempleo; y 6º del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, por el que se reconoce el derecho a trabajar que comprende el derecho de toda persona de tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido'."

"Por las razones expuestas, juzgo que debe hacerse lugar a la acción, declarándose la inconstitucionalidad del art. 32 inc. 1 del decreto ley 9020/1978 y sus modificatorias y su inaplicabilidad a la situación de hecho de la escribana Susana Teresita García. Por consecuencia, debe ordenarse al señor Ministro de Justicia de la Provincia de Buenos Aires que se abstenga de decretar cualquier medida vinculada con el alcance de esa norma."

¿Cómo votaron los jueces?

La sentencia fue acordada por mayoría unánime de los jueces de la Corte (votaron afirmativamente de Lázzari, Negri, Soria y Kogan). Se impusieron las costas a la parte demandada y se reguló honorarios de la letrada patrocinante.