Anfield S.A. contra Municipalidad de Castelli. Daños y perjuicios
Anfield S.A. reclamó indemnización por incumplimiento contractual y el reconocimiento del derecho a percibir el 25% sobre multas detectadas no cobradas. La Corte rechazó el recurso extraordinario al considerar que la Cámara interpretó razonablemente el contrato y no hubo demostración de absurdo en la valoración probatoria ni de incompatibilidad constitucional de las leyes impugnadas.
¿Quién es el actor?
Anfield S.A.
¿A quién se demanda?
Municipalidad de Castelli
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Reclamo indemnizatorio por incumplimiento contractual y pago de $12.963.990,36 más IVA (equivalente al 25% de 95.473 infracciones detectadas y no efectivizadas hasta el 5-III-1998); además planteo de inconstitucionalidad de las leyes provinciales 12.087, 12.177, 12.316 y 12.242 que suspendieron los controles fotográficos.
¿Qué se resolvió?
Se rechazó el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la actora, confirmando la conclusión de la Cámara de que el contrato establecía remuneración sobre multas efectivamente percibidas e ingresadas a la municipalidad y que no quedó demostrado derecho al cobro por multas no abonadas; se impusieron costas al actor vencido.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"…mediante el contrato suscripto el 28 de mayo de 1997 -v. fs. 13/20- se acordó que la firma Anfield S.A. prestaría a la Municipalidad de Castelli un servicio integral de detección, control, procesamiento, diligenciamiento e intimación extrajudicial de infracciones al Código de Tránsito por exceso de velocidad, ‘aplicables en las rutas existentes en la jurisdicción del partido a través de un sistema fotográfico; consistente en la instalación y manutención del equipamiento para el control de velocidad ubicados en los sitios previamente acordados (cl. 1.1 y 1.2.)’. Asimismo la demandada se comprometió a implementar y adecuar el Departamento de apremios de manera que permita realizar diligentemente los procesos de ejecución de las sentencias de acuerdo a lo previsto en las normativas vigentes (cl. 3, obligaciones del municipio, ap.c). En cuanto a la remuneración de la prestataria se acordó que la Municipalidad abonaría a la empresa por la prestación del servicio integral contratado una suma equivalente al 25% de la multa efectivamente percibida e ingresada con más el IVA correspondiente (cl. 4.1); con la salvedad de que en los casos de efectuarse convenio de pago o cobro por vía judicial, la empresa percibiría del infractor cada cuota pactada (cl. 4.2)..."
"…de la lectura del contrato reseñado no surge de manera alguna que la demandada se comprometía a efectuar la persecución de las multas que no fueran abonadas por los infractores en un plazo cierto. Sólo se comprometió a abonar el porcentaje correspondiente (25%) de lo que ingresase al erario municipal como consecuencia del pago efectuado por el sujeto pasivo de la multa y a tal efecto adecuaría su departamento de apremios para ‘realizar diligentemente los procesos de ejecución de las sentencias de acuerdo a lo previsto en las normativas vigentes’; mas en ningún momento se obligó a perseguir el cobro en un tiempo determinado si la persona sancionada con la infracción no efectuaba el pago, al menos de tal manera que ante su inacción gestase responsabilidad contractual alguna (art. 1197 del Cód. Civ.)"
"…desde que la remuneración de la prestataria se acordó, en cualquier caso, en una suma equivalente al 25% con más el IVA correspondiente de la multa efectivamente percibida e ingresada a la Municipalidad (cl. 4.1 del contrato), no se advierte que ésta tenga el derecho a cobrar equivalente alguno de las multas que no fuesen efectivamente abonadas al municipio"
"…la decisión adoptada por la alzada se centra en la interpretación de los alcances del contrato celebrado entre las partes y, particularmente, en lo que atañe al invocado derecho al cobro por parte de la firma "Anfield S.A." del 25 % de la totalidad de las multas detectadas -aún de aquellas no abonadas-, fundado en la omisión por parte del municipio demandado de perseguir el cobro de las infracciones efectuadas…"
Respecto de la inconstitucionalidad alegada: "…la declaración de inconstitucionalidad de una disposición legal es un acto de suma gravedad institucional y una de las más delicadas funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, y por ello, debe ser considerada como ultima ratio del orden jurídico y sólo debe ejercerse cuando la repugnancia con la cláusula constitucional es manifiesta y la compatibilidad inconciliable" (par. V; fs. 976 vta./977 vta.).
Sobre valoración probatoria y congruencia: la Corte sostuvo que no se demostró absurdo en la valoración ni error que condujera a conclusión contradictoria con las constancias objetivas, y que la Cámara dio respuesta fundada a las pretensiones y excepciones planteadas (arts. 279 y 260 C.P.C.C. citados).
¿Cómo votaron los jueces?
Voto mayoritario por la negativa (rechazo del recurso) integrado por los jueces Kogan (voto principal), Soria, Negri, De Lázzari, Hitters y Pettigiani; la sentencia dispositiva final: "se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto; con costas (arts. 84 y 289, C.P.C.C.)."
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