Clark, Antonio c/Provincia de Buenos Aires s/Demanda contencioso administrativa
El actor promovió demanda contencioso-administrativa solicitando el reconocimiento de servicios fictos y, subsidiariamente, la reapertura del procedimiento administrativo. La Corte rechazó la demanda por entender que el cese acreditado operó el 15-IV-1978, fuera del plazo de presunción de la ley 12.394, y que no se aportaron pruebas suficientes que acrediten motivación política del despido.
¿Quién es el actor?
Antonio Clark, por derecho propio.
¿A quién se demanda?
Provincia de Buenos Aires, Instituto de Previsión Social.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Anulación de la resolución del Directorio del Instituto de Previsión Social (13-VI-2001) que rechazó el reconocimiento de servicios fictos (período 12-IV-1978 a 10-XII-1983) al amparo de las leyes 11.729, 12.154 y 12.394; subsidiariamente, reapertura del procedimiento administrativo (art. 75 del dec. ley 9650/1980).
¿Qué se resolvió?
Se rechazó la demanda; costas por su orden; se regulan honorarios del letrado actor.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"Entiendo que se impone la respuesta negativa, toda vez que no puede atribuírsele a las manifestaciones de la autoridad administrativa un efecto distinto del que se desprende de sus propios términos, cual es, dejar en 'disponibilidad' al agente sin que ello importe poner fin al vínculo de empleo. Nótese, además, que el demandante percibió su remuneración hasta el 14-IV-1978, según resulta de la certificación de servicios obrante a fs. 22, copias exp. adm.) lo cual refuerza aquella conclusión."
"A tenor de lo expuesto, concluyo que habiéndose hecho efectivo el cese del accionante con posterioridad al vencimiento del plazo legal establecido, no se encuentran reunidos en el sub lite los recaudos temporales necesarios para hacer valer la presunción legal contenida en el segundo párrafo del art. 1° de la ley 11.729 (texto según ley 12.394)."
"De ahí que es dable concluir la suerte adversa de la acción intentada por el accionante, quien -como ha quedado demostrado- no ha acreditado el cumplimiento de los requisitos exigidos por el régimen en que se funda el derecho pretendido. Adicionalmente, destaco que las consideraciones precedentes respecto de la ausencia de prueba revelan que ningún reproche merece el accionar estatal en lo atinente a la negativa de proceder a la reapertura del procedimiento (cfr. art. 75, dec. ley 9650/1980, t.o. 1994)."
¿Cómo votaron los jueces?
El Dr. Pettigiani votó por la negativa; los Dres. Kogan, Genoud y de Lázzari adhirieron al voto mayoritario. El dispositivo final del acuerdo dispone: "Por las razones expuestas en el acuerdo que antecede, se rechaza la demanda interpuesta. Costas por su orden."
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