Asociación Civil Usuarios y Consumidores Unidos contra Provincia de Buenos Aires sobre Inconstitucionalidad de leyes 12.396, 12.511, 12.575, 12.874, 13.002, 13.154 y 13.863.
La Asociación Civil Usuarios y Consumidores Unidos promovió acción originaria de inconstitucionalidad contra normas provinciales que reenviaron fondos del impuesto sobre el servicio de electricidad. La Corte declaró inadmisible y rechazó la demanda por extemporánea, al haberse vencido el plazo de caducidad previsto en el art. 684 del CPCC y por consistir la pretensión en una controversia de naturaleza patrimonial.
¿Quién es el actor?
Asociación Civil "Usuarios y Consumidores Unidos", por sí y en representación de todos los usuarios del servicio de energía eléctrica de la Provincia de Buenos Aires que hayan abonado los impuestos creados por los decretos leyes 7.290/67 y 9.038/78 o los abonen en el futuro.
¿A quién se demanda?
Provincia de Buenos Aires, representada por el Asesor General de Gobierno.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Se solicitó declarar la inconstitucionalidad de las leyes provinciales 12.396, 12.511, 12.575, 12.874, 13.002, 13.154 y 13.863 en cuanto habrían dispuesto el desvío de los fondos recaudados por los decretos leyes 7.290/67 y 9.038/78; en subsidio, la inversión de los montos indebidamente desviados o la devolución a los usuarios de las sumas abonadas por dichos gravámenes, y, eventualmente, la declaración de inconstitucionalidad de los decretos leyes 7.290/67 y 9.038/78 si se acreditara que las finalidades fueron satisfechas.
¿Qué se resolvió?
Se rechazó la demanda por inadmisible/extemporánea; costas a la actora. Se regularon honorarios (detalle abajo).
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"Conforme lo dispone el art. 161 inc. 1 de la Constitución local, la Suprema Corte de Justicia ejerce jurisdicción originaria para conocer y resolver acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos que estatuyan sobre materia regida por ella y se controvierta por parte interesada; de lo cual se infiere que el objeto de esta acción y, por ende, el ámbito delimitado de conocimiento reservado a esta vía, reside en la discusión sobre la validez constitucional de una norma considerada en abstracto."
"En tanto que los agravios a ser considerados se relacionan, como ya se dijo, a la afectación de derechos esencialmente patrimoniales, la observancia del plazo de caducidad de treinta días previsto en el art. 684 del Código Procesal Civil y Comercial deviene aplicable. Según esta norma, dicho término debe computarse '...desde que el precepto impugnado afecte concretamente los derechos patrimoniales del actor'."
"Pues bien, es evidente que el término previsto en el art. 684 del Código Procesal Civil y Comercial ha fenecido, por lo que corresponde declarar extemporánea la demanda. El vencimiento del plazo sella la suerte adversa a la posibilidad de ventilar en esta instancia un reclamo como el examinado..."
"En el escrutinio constitucional de una ley o decreto dentro de este específico carril procesal resultan inatendibles -como regla- los agravios que no se asientan en el contenido normativo del precepto abstractamente considerado, sino en las alegadas aplicaciones inconstitucionales que la autoridad pública haya podido haber realizado de aquél."
¿Cómo votaron los jueces?
El señor Juez doctor Soria votó por la negativa; las jueces Kogan, Pettigiani y de Lázzari adhirieron "por los mismos fundamentos", por lo que la decisión fue tomada por unanimidad/majoría concordante del Tribunal.
Montos/efectos procesales relevantes: Demanda presentada el 16 de mayo de 2011. Leyes impugnadas: 12.396 (B.O. 3 a 7-I-2000), 12.511 (B.O. 26-X-2000), 12.575 (B.O. 8 a 12-I-2001), 12.874 (B.O. 16 y 17-V-2002), 13.002 (B.O. 30 y 31-XII-2002), 13.154 (B.O. 30-XII-2003), 13.863 (B.O. 26-IX-2008). Honorarios regulados: Adrián Bengolea $12.100; Tomás Unsworth $5.200; Noelia Brito $12.100; Asesor General de Gobierno $32.000; sobre estas sumas deberá adicionarse el 10% y el IVA cuando corresponda.
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