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Tribunal Superior

Cerdá, Ricardo José c/ Provincia de Buenos Aires (Poder Judicial) s/ Demanda contencioso administrativa

El actor reclamó el pago de la bonificación por bloqueo parcial de título prevista en el art. 41 de la ley 10.475 por su condición de médico empleado judicial. La Corte rechazó la demanda por entender que la limitación invocada constituye incompatibilidad y no inhabilitación legal prevista por la norma, y confirmó el criterio de la Acordada 2172 y resoluciones posteriores.

Fecha de la sentencia
Tribunal
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Fuero
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Jurisdicción
Local · Buenos Aires
Expediente
B-63639
Bonificacion por bloqueo Bloqueo parcial de titulo Inhabilitacion legal vs incompatibilidad Art. 41 ley 10.475 Acordada 2172 Resolucion 2596/01 Derecho administrativo Agentes del poder judicial Demanda contencioso administrativa Prescripcion (mencionada en defensa).

¿Quién es el actor?

Ricardo José Cerdá, médico y agente de la Dirección General de Sanidad de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.

¿A quién se demanda?

Provincia de Buenos Aires (Poder Judicial), representada por la Fiscalía de Estado.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Pago retroactivo de la bonificación salarial por bloqueo parcial del título (art. 41 ley 10.475), equivalente al 25% del sueldo y gastos de representación, con intereses y desde la fecha de la diferencia reclamada.

¿Qué se resolvió?

Se rechaza la demanda. La Corte entiende que no concurre la “inhabilitación legal” exigida por el art. 41 para acceder al beneficio, sino meras incompatibilidades derivadas del desempeño público, y por ello confirmó la denegatoria administrativa (res. 2596/01 y criterio de la Acordada 2172).

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"El citado art. 41 dispone que: 'Establécese para ... el personal del Poder Judicial comprendido en la Ley 10.374, una bonificación por bloqueo de título. Dicho adicional será igual al veinticinco (25) por ciento del sueldo y gastos de representación, y se abonará cuando sufra una inhabilitación legal mediante bloqueo total o parcial del título para su libre actividad...'."

"Mediante esta norma, la Suprema Corte precisó qué profesionales se encuentran legalmente inhabilitados para el libre ejercicio de su actividad conforme resulta de la ley 5177 y del decreto ley 9020. Por ello, no se evidencia conculcación alguna a derechos constitucionales para quienes no se encuentran comprendidos en esas normas."

"Pero de ninguna manera las enunciadas configuran inhabilidades legales como la exigida por la norma, sólo se señala una limitación puntual al libre ejercicio de la profesión de ciertas actividades inconciliables por su naturaleza, con el principio de plena dedicación al cargo. No constituyen impedimentos para el libre ejercicio de la profesión como ocurre con los abogados, procuradores, escribanos o contadores."

"En virtud de los fundamentos expuestos, propongo rechazar la pretensión incoada por el actor."

¿Cómo votaron los jueces?

Unanimidad de los señores jueces Kogan, Genoud, Soria y Domínguez, quienes votaron en igual sentido. Bloque dispositivo final: "Por los fundamentos expuestos en el acuerdo que antecede, se rechaza la demanda interpuesta. Costas por su orden."

El resumen se genera automáticamente con fines informativos: no es información oficial ni opinión legal, y no reemplaza la lectura del fallo completo. Para cualquier decisión, consultá la sentencia original con un profesional.

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