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Tribunal Superior

Centro Industrial de Panaderos de La Matanza s/Denuncia

El Centro Industrial de Panaderos de La Matanza impugnó la intervención dispuesta por la Dirección Provincial de Personas Jurídicas mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. La Suprema Corte rechazó el recurso, sosteniendo que la intervención estuvo fundada y fue dictada en ejercicio legítimo de las atribuciones del órgano administrativo, con imposición de costas.

Fecha de la sentencia
Tribunal
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Fuero
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Jurisdicción
Local · Buenos Aires
Expediente
C-90110
Recurso extraordinario Intervencion Direccion provincial de personas juridicas Personas juridicas Derecho de defensa Inaplicabilidad de ley Iura novit curia Resolucion 2040/2003 Resolucion 5368/2002 Costas

¿Quién es el actor?

Centro Industrial de Panaderos de La Matanza.

¿A quién se demanda?

Dirección Provincial de Personas Jurídicas.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Se cuestionó la confirmación judicial de la intervención de la entidad adoptada por la Dirección Provincial de Personas Jurídicas (resol. 2040/2003) y la previa resolución 5368/2002 que objetaba actos de las autoridades de la entidad.

¿Qué se resolvió?

La Suprema Corte rechazó el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la entidad, confirmado que la intervención estuvo fundada y fue legítima, con imposición de costas (arts. 68 y 289, C.P.C.C.).

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"4. Estimo que la parte tiene razón y que los fundamentos de la sentencia son erróneos. Si la Dirección de Personas Jurídicas estimó que correspondía intervenir la entidad por un motivo no puede la sentencia revisora declarar que él es improcedente, pero confirmar la medida en base a hechos que no fueron los que fundaron la decisión del ente administrativo. Es más, las circunstancias apuntadas por la Cámara habían sido materia de una resolución anterior (la 5368), que también había sido apelada, y que fue declarada abstracta en la misma sentencia. Deviene contradictorio decir, que un primer agravio es abstracto, y luego tomar lo que allí se omitió tratar como base para rechazar un segundo.

Ciertamente advierto, ese modo de decidir viola el derecho de defensa (art. 18 de la Constitución nacional), pues la parte no tuvo ninguna oportunidad de defenderse ante los nuevos motivos que invocó la Cámara para confirmar la intervención. Entiendo que no se trata simplemente de mantener la medida pero encuadrando el caso en normas diferentes (art. 163 del C.P.C.C.), lo que como legítimo ejercicio y deber del juez es conocido usualmente bajo la denominación de iura novit curia. En el caso, lo diferente no son las normas, sino los hechos que fundan la intervención."

"6. La sentencia en recurso, desestimó el reproche tomado en cuenta por la Administración, y lo substituyó con otros. Al declarar en esta instancia extraordinaria que eso es incorrecto, corresponde establecer si acaso aquel originario hecho estuvo bien descartado como justificación de la intervención.

Dicho esto, estimo que la resolución administrativa tenía fundamento legítimo y suficiente.

En efecto, la intervención de la entidad recurrente (resolución 2040) se ordenó por haber ella omitido cumplir una de las medidas dispuestas en la previa resolución 5368. Esa primera decisión había postergado el tratamiento de las quejas de los socios expulsados, disponiendo que ellas debían primero ser tratadas en el seno de la entidad, y luego eventualmente ser llevadas a revisión en sede administrativa (fs. 161, punto quinto).

No está controvertido que la entidad omitió cumplir con esa orden. Para justificar esa actitud, adujo ante la Dirección de Personas Jurídicas que los recursos habían sido interpuestos fuera de término, y por eso no se los incluyó en el temario de la asamblea (fs. 151 vta./152).

La Dirección rechazó esta justificación en la resolución 2040, señalando que el plazo para recurrir la expulsión debió haber sido contado desde la notificación de la resolución 5368 (que precisamente ordenó tratar esas quejas)."

"7. Este hecho de resistencia a adoptar uno de los pasos a seguir para reordenar la entidad fue lo que motivó su intervención. Al disponerla, expresamente consideró la Dirección de Personas Jurídicas que incluso si se pensara que su orden de tratar los recursos había sido errónea (por haber vencido el plazo estatutario) lo cierto es que el mandato quedó firme, pues la parte no apeló este tramo de la resolución 5368 (fs. 166 vta., anteúltimo párrafo).

Concluyo por lo dicho que la intervención ha sido dictada en ejercicio legítimo de las atribuciones que prevé el art. 3.4.1 del decreto ley 8671/1976, que rige a la Dirección Provincial de Personas Jurídicas (texto según dec. ley 9118/1978)."

¿Cómo votaron los jueces?

El Dr. Negri expuso el voto principal; los Dres. Kogan, Pettigiani y de Lázzari votaron por los mismos fundamentos. Resultado por mayoría: rechazo del recurso.

El resumen se genera automáticamente con fines informativos: no es información oficial ni opinión legal, y no reemplaza la lectura del fallo completo. Para cualquier decisión, consultá la sentencia original con un profesional.

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