Oberti, Hugo Guillermo c/Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires s/Pretensión de restablecimiento o reconocimiento de derechos (Queja por denegación de RIL)
El actor solicitó la repavimentación y medidas provisionales para el mantenimiento de la Ruta Provincial Nº 41 por omisión administrativa. La Corte rechazó el recurso extraordinario de inaplicabilidad por superposición de la tutela cautelar con obras administrativas licitadas y en ejecución, y además consideró no acreditada la violación constitucional ni el absurdo en la valoración probatoria.
¿Quién es el actor?
Hugo Guillermo Oberti, por su propio derecho.
¿A quién se demanda?
Ministerio de Infraestructura y Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Reconocimiento de la omisión de las demandadas en realizar obras de mantenimiento y conservación de la Ruta Provincial Nº 41 (tramo San Antonio de Areco–Mercedes); demanda de presupuestación y repavimentación; y medida cautelar para trabajos provisionales de señalización y reparación de pozos/hundimientos.
¿Qué se resolvió?
Se rechazó el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el actor. Se impusieron las costas por su orden.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"2. En cuanto a la denuncia de arbitrariedad, cabe recordar que resulta inadecuada en esta instancia, por ser una posibilidad que sólo se abre ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para sortear el valladar de la 'cuestión federal' y obtener así un pronunciamiento de dicho Tribunal respecto de una sentencia que se denuncia como viciada por no ser derivación razonada del derecho positivo vigente.
En la jurisdicción local corresponde, para que esta Corte pueda revisar cuestiones de hecho y prueba, invocar y demostrar el absurdo (conf. art. 279, C.P.C.C.; C. 94.618, sent. del 11-IV-2007).
a. Sabido es que este concepto, tal como ha ido elaborándose por esta Suprema Corte, hace referencia a la configuración en el fallo atacado, de un desvío palmario y notorio de las leyes de la lógica o el razonamiento viciado que lleve a conclusiones contradictorias o incongruentes con las constancias de la causa o a una grosera desinterpretación de la prueba producida (conf. causas Ac. 75.789, sent. del 23-V-2000; Ac. 78.318, sent. del 19-II-2002; A. 69.923, sent. del 10-VIII-2011; entre otras), no configurándose con la mera exhibición de un criterio discordante por parte del recurrente (L. 81.982, sent. del 20-XII-2006; L. 90.361, sent. del 6-VI-2007; L. 83.615, sent. del 20-VI-2007 y L. 83.398, sent. del 31-VIII-2007; A. 69.412, 'P.L.', sent. del 18-VIII-2010).
Ni cualquier error, ni la apreciación opinable, ni la posibilidad de otras interpretaciones alcanzan para configurar tal instituto (conf. causas Ac. 71.765, sent. del 23-II-2000; entre muchas), sino que es necesario que se demuestre un importante desarreglo en la base del pensamiento, una anomalía extrema, una falla palmaria en los procesos mentales, para que se evidencie la irracionalidad de las conclusiones a que se ha arribado (conf. causa L. 70.295, sent. del 12-III-2000) y ello, por supuesto, debe ser eficazmente denunciado y demostrado por quien lo invoca (conf. causas L. 67.515, 'Lagos', sent. del 4-V-1999; A. 69.017, 'Salguero', sent. del 3-VI-2009; C. 105.234, 'Villegas', sent. del 17-II-2010)."
y
"3. No obstante lo expuesto, es necesario analizar la cuestión sometida a juzgamiento teniendo en consideración los nuevos elementos incorporados a la causa, esto es, la documentación brindada por la demandada en respuesta a la medida para mejor proveer dictada por este Tribunal con fecha 30-V-2012.
Es, entonces, en tal contexto que la petición formulada por la parte actora debe evaluarse ahora.
a. En oportunidad de interponer la demanda, el actor puso de relieve la urgencia de recurrir, en forma previa a la resolución que pusiera fin al pleito, a la ejecución de un conjunto de medidas necesarias y suficientes para que de manera interina y provisoria se mejore el estado general del tramo comprendido entre la ruta nacional n° 8 y la ruta nacional n° 5 (v. fs. 233 vta.).
De acuerdo con lo manifestado por la Dirección de Vialidad, en la actualidad se han llevado a cabo 'trabajos de bacheo, fresado y carpetas asfálticas en la RP 41 -tramo RN 5 RN 7-' (v. fs. 559).
Asimismo, por Licitación Pública 55/11 se contrataron los trabajos de 'Repavimentación en la Ruta Provincial n° 41, en el tramo: RN N° 7 y RN N° 8, en jurisdicción de los partidos de San Andrés de Giles y San Antonio de Areco'.
Por último, los trabajos de 'Pavimentación accesos desde RP 41 y RP 40 en jurisdicción de Navarro', fueron licitados con fecha 14-XII-2011.
b. Conforme lo expuesto, a raíz de las nuevas constancias incorporadas en la causa, puede concluirse que el objeto de la tutela precautoria se superpone con las obras realizadas, o bien en vías de ejecución.
En efecto, el despacho cautelar condenó a la demandada a efectuar las reparaciones necesarias de pozos, ahuellamientos y deformaciones de la calzada que por su gravedad se exhibieran como peligrosas al tránsito; colocar las señales que conforme a las leyes de la materia correspondieran y carteles de advertencia sobre el estado de la ruta y velocidades máximas que aquél permitiera; dispuso también la presentación en dicho juzgado del relevamiento pormenorizado de los puntos críticos de la cinta asfáltica que quedaran sujetos a las obras ordenadas y el cronograma de las mismas.
Atento el tiempo transcurrido desde su dictado (10-VIII-2009), los trámites licitatorios que según informa la Dirección provincial de Vialidad se han llevado a cabo, se confunden con el objeto mismo de la condena, en tanto la tutela solicitada coincide con las prioridades estatales plasmadas en dichos proyectos.
Si bien es cierto que los trabajos proyectados no han sido finalizados en su totalidad, tampoco resulta procedente, según el estado actual de las cosas, superponer órdenes judiciales con acciones administrativas que, de concretarse en su conjunto, darán satisfacción a la pretensión deducida."
¿Cómo votaron los jueces?
La decisión fue adoptada por mayoría unánime de los jueces que intervinieron (Kogan, Genoud, Soria y Negri), quienes votaron por la negativa al recurso. Negri formuló adhesión salvo puntos VIII.1 y 2.a. que no compartió, pero la solución de rechazo resultó de la mayoría.
Costas: Se impusieron por su orden (arts. 68, 2º párr. y 289, C.P.C.C.).
Montos/fechas relevantes: Despacho cautelar originario dictado 10-VIII-2009; trámites licitatorios licitados en 2011 (5-VII-2011 y 6-X-2011, Licitaciones Públicas nº 33 y 55); contrato firmado el 11-VI-2012 con plazo de ejecución de 180 días.
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