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Tribunal Superior

Suárez, Juan Carlos y otro c/Municipalidad de General Villegas s/Demanda contencioso administrativa

Los actores reclamaron la nulidad del decreto 190/1995 y resoluciones conexas que dispusieron su exoneración por irregularidades en un sumario administrativo y la reparación por salarios caídos y daño moral. La Corte, por mayoría, hizo lugar parcialmente a la demanda: dejó sin efecto lo actuado a partir de las declaraciones de los actores y la sanción de exoneración, y ordenó que la Municipalidad dicte un nuevo acto administrativo en 60 días respetando el derecho de defensa.

Fecha de la sentencia
Tribunal
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Fuero
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Jurisdicción
Local · Buenos Aires
Expediente
B-56626
Amparo/contencioso administrativo Exoneracion administrativa Sumario disciplinario Derecho de defensa Juramento / prohibicion de declarar contra si mismo Acto de imputacion Ordenanza 2032 (art. 108 inc. 2?) Convencion americana de derechos humanos (pacto de san jose) La plata 17-12-2003 Municipalidad de general villegas Observaciones: la decision es de la suprema corte provincial (corte) y deja sin efecto la actuacion sumarial desde las declaraciones de los actores y la sancion aplicada (exoneracion de fecha 8/2/1995) Ordenando un nuevo procedimiento administrativo en 60 dias que respete debidamente el derecho de defensa. costas por su orden.

¿Quién es el actor?

Juan Carlos Suárez y Alfredo Eugenio Rolle.

¿A quién se demanda?

Municipalidad de General Villegas.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Anulación del decreto 190/1995 y las resoluciones 73 y 74/1995 que dispusieron la exoneración de los actores; reincorporación a sus cargos; pago de salarios caídos desde el 28 de abril de 1995 hasta la reinstalación; indemnización por daño moral.

¿Qué se resolvió?

Por mayoría se hizo lugar parcialmente a la demanda. Se dejó sin efecto lo obrado en el sumario administrativo a partir de la declaración de los actores y se dejó sin efecto el acto que aplicó la sanción de exoneración (vigente desde el 8/2/1995). Se condenó a la Municipalidad a dictar, en el plazo de sesenta días, un nuevo acto administrativo precedido de un procedimiento que respete cabalmente el derecho de defensa. Costas por su orden.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

1) Sobre el juramento impuesto a los sumariados:

"En efecto, a fs. 18/20 obra el decreto 25/1995 mediante el cual se dispuso la instrucción de sumario a los señores Suárez y Rolle, entre otros. Sin perjuicio de ello, en oportunidad de declarar, los mencionados -no obstante su calidad de sumariados 'por aplicación de lo normado en el artículo 108 inciso 2) de la Ordenanza Nº 2032'- prestaron juramento de decir verdad de todo cuanto les fuera preguntado y fueron impuestos de las penas vigentes para quienes incurran en falso testimonio (fs. 36/37 y 43/44).

A mi modo de ver el juramento entraña una coacción moral que invalida los dichos del imputado, pues la exigencia del mismo es una forma de obligarle, eventualmente, a declarar contra sí mismo. La declaración de quien, como en este caso, es sometido a una actuación sumarial tendiente a comprobar faltas administrativas y deslindar responsabilidades, debe emanar de su libre voluntad, de modo que no se encuentre, siquiera, enfrentado a un problema de conciencia, cual sería ponerlo en la disyuntiva de faltar a su juramento.

En sentido que coincide se ha pronunciado esta Corte al decidir que si no obstante la condición de sumariado del agente, se le interroga bajo juramento de decir verdad, la declaración así prestada es nula por violar el más elemental principio en esta materia, cual es que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo (arts. 18 Const. nac. y 29, Const. prov.; B. 51.897, 'Parra de Presto', sent. del 16-II-2000)."

2) Sobre la falta de un acto claro de imputación:

"En segundo término, y con igual entidad que la anterior, se configura la restante violación que inhabilita al procedimiento administrativo bajo análisis como manifestación válida de la potestad sancionatoria de la autoridad municipal. Me refiero a la falta de cumplimiento de uno de los requisitos previos de la responsabilidad administrativa de todo agente, cual es la clara imputación de una falta de esa naturaleza (confr. B. 58.459, sent. del 25-X-2000, 'Bravo Almonacid'; B. 53.979, sent. del 17-II-1998, 'Di Lorenzo').

Basta para ello leer la escueta providencia de fs. 78 del expediente administrativo mediante la cual el instructor a cargo da por terminada la prueba de cargos del sumario y ordena la vista a los agentes afectados por el plazo de cinco días a fin que 'efectúen su defensa y propongan las medidas que crean oportunas a tal efecto...'.

No existe en esta actuación sumarial un claro y concreto auto de imputación que, en tanto acto de procedimiento necesario para asegurar el agente sumariado el pleno ejercicio de su derecho de defensa, permita -con respeto de ese derecho fundamental- declararlo responsable."

3) Dispositivo mayoritario:

"Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, por mayoría, se hace lugar parcialmente a la demanda interpuesta, dejando sin efecto lo actuado en el sumario administrativo a partir de la declaración de los actores como también el acto que aplicó a los señores Suárez y Rolle la sanción de exoneración y condenando a que la demandada en el plazo de sesenta días dicte un nuevo acto administrativo, esta vez precedido de un procedimiento en el que se respete acabadamente el derecho de defensa de los sumariados (arts. 18, Const. nac. y 163, Const. prov.)."

¿Cómo votaron los jueces?

El voto proponente (Dr. Negri) y los votos de los Dres. de Lázzari y Salas conformaron la mayoría en los términos expuestos; Dres. Soria, Hitters y Roncoroni adhirieron con fundamentos que, si bien comparten la conclusión, desarrollan consideraciones particulares (Soria con salvedades sobre la regla de subsanación; Hitters y Roncoroni enfatizando la vulneración del Pacto de San José y el alcance del debido proceso).

El resumen se genera automáticamente con fines informativos: no es información oficial ni opinión legal, y no reemplaza la lectura del fallo completo. Para cualquier decisión, consultá la sentencia original con un profesional.

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