Zarría, Daniela c/Provincia de Buenos Aires s/Daños y perjuicios
La actora promovió recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley contra la Provincia de Buenos Aires por el régimen de consolidación de pasivos (ley 12.836 y su modificatoria 13.436). La Corte provincial resolvió que las modificaciones introducidas por la ley 13.929 y el decreto 201/2010 no alcanzan para superar la inconstitucionalidad del régimen, por lo que la norma resulta inaplicable al caso.
¿Quién es el actor?
Zarria, Daniela V., actora que promovió recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
¿A quién se demanda?
Fisco de la Provincia de Buenos Aires.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
inaplicabilidad e inconstitucionalidad del régimen de consolidación de pasivos consagrado por la ley provincial 12.836 y su modificatoria 13.436; reclamo por daños y perjuicios en el expediente original.
¿Qué se resolvió?
la Corte de la Provincia de Buenos Aires declaró que, con la sanción de la ley 13.929 (y las normas reglamentarias), no se han subsanado las observaciones que motivaron la declaración de inconstitucionalidad del régimen de consolidación; por tanto, la ley 12.836 y su modificatoria 13.436 siguen siendo inaplicables al caso.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"Con la sanción de la ley 13.929 (B.O.P., 30-XII-2008) se contempló un plazo máximo para el pago de las obligaciones que, si bien pondría fin al estado de incertidumbre antes referido (v. pto. 1), al fijar ese límite temporal más allá del previsto por la ley nacional 25.344 (B.O., 21-XI-2000) y su decreto reglamentario 1116/2000, ha determinado una nueva restricción para los acreedores que colisiona con los arts. 17 de la Constitución nacional y 31 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Esa incompatibilidad se mantiene aún con las modificaciones introducidas por el decreto 201/2010 (B.O.P., 26-V-20l0) pues, la diferencia temporal continúa afectando directamente a los acreedores que han optado por el procedimiento de pago en efectivo de sus créditos y que, según emerge de los considerandos del referido decreto, resultan ser la mayoría."
"Tal circunstancia altera el espíritu y la unidad de la norma, lo que impide que pueda escindirse su análisis constitucional con el objeto de -eventualmente- otorgar validez al resto de las disposiciones contenidas en la ley."
"Por lo expuesto, considero que corresponde mantener la decidida inconstitucionalidad de la ley 12.836 toda vez que las modificaciones introducidas en su texto por la ley 13.929 como así también por el decreto 201/2010, hasta la actualidad, no alcanzan para purgar su incompatibilidad con la Constitución nacional."
(Voto concordante del Dr. Pettigiani:) "La norma nacional consolida las deudas hasta el 31-XII-1999 y establece un plazo máximo de pago al contado de 16 años (equivalente a 192 meses), mientras que la local atrapa las deudas hasta el 30-XI-2001 y establece un plazo máximo de pago al contado de 170 meses desde entonces, surgiendo -además de un exceso en el universo de deudas así consolidadas por falta de adhesión a las normas de prórroga de la ley nacional- una demasía en el plazo previsto para la cancelación al contado, lo que demuestra per se el exceso de la legislación local, en clara colisión con la norma nacional de rango prevalente, a la que adhiere."
Sentencia (dispositivo final): "Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se deja establecido que con la sanción de la ley 13.929 no se han superado los señalamientos que justificaran la declaración de inconstitucionalidad del régimen de consolidación de pasivos consagrado por la ley 12.836 y su modificatoria ley 13.436, tornándose inaplicable al caso el mencionado estatuto legal."
¿Cómo votaron los jueces?
Los votos de los Dres. Negri, Pettigiani, de Lázzari y Kogan conformaron la decisión mayoritaria por la negativa en cuanto a la superación de la inconstitucionalidad; se remite asimismo a la doctrina reiterada en la causa C. 99.858 "Rodríguez" (sent. 17-VIII-2011) y a los precedentes de la Corte Suprema de la Nación (p. ej. "Mochi").
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