JurisprudenciaARG
Tribunal Superior

Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto en expediente Nº: B-113.548/04 (Tribunal Contencioso Administrativo) “Ejecuta honorarios en expediente B-101.660/03: Barrau, Alfredo Enrique c/ Estado provincial

El Estado provincial interpuso recurso de inconstitucionalidad contra la ejecución de honorarios a favor del Dr. Alfredo Enrique Barrau. El Superior Tribunal de Justicia rechazó el recurso por considerarlo mera discrepancia con la aplicación de la doctrina previa del Tribunal y confirmó la liquidación conforme a la fórmula del BCRA aplicada desde el 29/10/2002.

Fecha de la sentencia
Tribunal
Suprema Corte de Justicia / Superior Tribunal de Justicia (JUJUY)
Fuero
Suprema Corte de Justicia / Superior Tribunal de Justicia
Jurisdicción
Local · Jujuy
Expediente
2804/2004
Recurso de inconstitucionalidad Honorarios Ejecucion Acordada 5/96 Comunicado 14290 bcra Intereses Costas Regular honorarios $450 Tribunal contencioso administrativo Doctrina del superior tribunal

¿Quién es el actor?

Estado provincial, representado por el Dr. Osvaldo Silvio Piceda.

¿A quién se demanda?

Dr. Alfredo Enrique Barrau (peticionante de ejecución de honorarios).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Recurso de inconstitucionalidad contra la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo que aprobó la planilla de liquidación de honorarios — suma de $3.888,13 — y que intimó al Estado a depositarla en cinco días bajo apercibimiento de embargo.

¿Qué se resolvió?

Se rechazó el recurso de inconstitucionalidad; se impusieron las costas al vencido; se regularon los honorarios del Dr. Barrau en $450; y se ordenó registrar y notificar.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Que los reparos formulados al fallo -referidos al método de cálculo de los intereses, esto es a la aplicación de la Acordada Nº 5/96 hasta el 29 de octubre de 2002 y desde allí en adelante la fórmula del Banco Central de la República Argentina (comunicado 14290)- deben ser rechazados toda vez que constituyen simples discrepancias respecto de lo decidido y carecen de entidad para demostrar lesión alguna de índole constitucional. Ciertamente –tal como surge de la causa y lo destaca el Fiscal General Adjunto (fs. 33/34) -las cuestiones planteadas han sido resueltas por el tribunal a quo de acuerdo a la doctrina del Superior Tribunal de Justicia (L.A. 45, Fº 977/978, Nº 429 “Comisión Municipal del Río Grande c/ Ingenio Río Grande” y L.A. 45, Fº 1185/1188, Nº 519, Tejerina c/ Cormenzana de Sánchez de Bustamante”); mal puede, entonces, endilgarse arbitrariedad al fallo atacado."

"Al respecto cabe recordar que por el primero de aquellos pronunciamientos –L.A. 45, Fº 977/978, Nº 429- el Superior Tribunal de Justicia sustituyó el procedimiento de liquidación de la tasa de interés pasiva promedio. En efecto, abandonó el método de la resta –sentado mediante la Acordada 5/96- entre las tasa vigentes al momento de pago y aquella al tiempo de la mora y, en cambio estableció la fórmula contenida el comunicado 14290 del Banco Central de la República Argentina. El Tribunal advirtió, en esa oportunidad, que el cálculo mediante el primer sistema arrojaba una tasa pasiva promedio superior a la tasa activa del Banco de la Nación Argentina y esa distorsión –obra de la realidad económica cambiante– justificaba su reemplazo toda vez que había quedado desvirtuada la finalidad tenida en cuenta al fijarla. Por el segundo de los precedentes citados –L.A. 45, Fº 1185/1188, Nº 519- se determinó que aquella fórmula habría de aplicarse a las liquidaciones judiciales a partir del 29 de octubre del 2002."

"Que, en suma, la lectura de tales precedentes revela que esa solución jurídica se imponía ante “una incontestable demanda de la realidad” y dicha solución, racionalmente posible, fue resultado del indeclinable deber del Superior Tribunal de Justicia –en tanto titular del Poder Judicial de la Provincia (articulo 144 de la Constitución de Jujuy)- de sopesar con un grado sumo de prudencia las consecuencias individuales, sociales y económicas que generan sus decisiones. Es que las soluciones disvaliosas son incompatibles con el quehacer judicial."

Y el dispositivo final: "RESUELVE: 1º)Rechazar el recurso de inconstitucionalidad deducido por el doctor Osvaldo Silvio Piceda en representación del Estado provincial. 2º)Costas al vencido. 3º)Regular los honorarios del doctor Alfredo Enrique Barrau en la cantidad de cuatrocientos cincuenta pesos ($450). 4º)Regístrese, agréguese copia en autos y notifíquese por cedula."

¿Cómo votaron los jueces?

El voto principal fue del Dr. Del Campo y adhirieron los Dres. Héctor Fernando Arnedo, Sergio Ricardo González, Héctor Eduardo Tizón y María Virginia Paganini; se tuvo en consideración la opinión del Fiscal General Adjunto (fs. 33/34).

Más jurisprudencia sobre

El resumen se genera automáticamente con fines informativos: no es información oficial ni opinión legal, y no reemplaza la lectura del fallo completo. Para cualquier decisión, consultá la sentencia original con un profesional.

Encontrá la jurisprudencia para tu caso

Buscá en los fallos de JurisprudenciaARG por tema, tribunal y fecha. Creá tu cuenta para empezar.