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Tribunal Superior

Recurso de inconstitucionalidad interpuesto en Expte. B-111.835/03 (Sala I Cámara Civil y Comercial) Ordinario por cumplimiento contractual: Gladys María Martínez c/ Instituto de Seguros de Jujuy - Estado Provincial

El Estado Provincial interpuso recurso de inconstitucionalidad contra la sentencia de la Cámara Civil y Comercial en un juicio ordinario por cumplimiento contractual. El Superior Tribunal hizo lugar al recurso, declaró aplicable la excepción de previo y especial pronunciamiento (Ley nº 5238), revocó la sentencia apelada y ordenó que la actora agote el reclamo administrativo previo, imponiéndole las costas.

Fecha de la sentencia
Tribunal
Suprema Corte de Justicia / Superior Tribunal de Justicia (JUJUY)
Fuero
Suprema Corte de Justicia / Superior Tribunal de Justicia
Jurisdicción
Local · Jujuy
Expediente
3289/2004
Recurso de inconstitucionalidad Reclamo administrativo previo Ley 5238 Incompetencia Presupuesto procesal Costas Honorarios Acceso a la justicia Sala i camara civil y comercial Estado provincial

¿Quién es el actor?

Gladys María Martínez (actora en el expediente de origen).

¿A quién se demanda?

Instituto de Seguros de Jujuy - Estado Provincial.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Acción ordinaria por cumplimiento contractual (reclamo contra el Estado/seguro provincial).

¿Qué se resolvió?

El Superior Tribunal hizo lugar al recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Estado Provincial y, por mayoría, revocó la sentencia de la Sala I de la Cámara Civil y Comercial del 29/10/2004. Se dejó redactada la sentencia de Cámara en los siguientes términos: 1) Hacer lugar a la excepción de previo y especial pronunciamiento articulada por el Estado Provincial. 2) Imponer las costas a la actora vencida. 3) Diferir la regulación de los honorarios profesionales. Se impusieron las costas de esta instancia a la recurrida y se difirió la regulación de honorarios.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

Transcripción de los párrafos más relevantes (texto original del fallo):

"Sobre el reclamo administrativo previo se ha dicho que 'la finalidad de esta exigencia es múltiple: a) producir una etapa conciliatoria anterior al pleito; b) dar a la Administración la oportunidad de revisar el asunto y revocar el error; c) promover el control de legitimidad y conveniencia de los actos de órganos inferiores; d) facilitar la tarea tribunalicia, al llevar ante los jueces una situación contenciosa ya planteada; e) permitir una mejor defensa del interés público' (Hutchison, Ley nacional de procedimientos administrativos, ed. Astrea, 1985, tomo I, página 554)."

"El reclamo administrativo previo como se encuentra legislado en la Ley nº 5238, se configura como presupuesto procesal para iniciar la demanda (Hutchison, citado, página 535), más no solamente para la del tipo administrativo, sino para toda clase de juicios, ampliándose así el origen del instituto en cuanto se vinculaba con la materia o función administrativa, que señala en forma expresa la autoridad administrativa ante quien debe formularse y el plazo en el que ésta debe expedirse."

"En el caso de autos, la carta documento remitida por la actora al Instituto de Seguros de Jujuy (apartado IV del art. 4 de la ley) es el que da inicio al cómputo del plazo de 90 días hábiles (art. 9) para emitir el pronunciamiento previsto en el apartado V, a cuyo vencimiento debió el interesado requerir pronto despacho. Transcurrido desde entonces 45 días, recién podía considerarse habilitada la instancia judicial. La accionante no acreditó haber cumplido con este último requerimiento y desde la fecha de aquel pedido (11-11-03) a la de interposición de la demanda (18-12-03) ni siquiera había transcurrido el plazo inicial de 90 días."

¿Cómo votaron los jueces?

El Dr. Tizón manifestó su desacuerdo con la solución mayoritaria y sostuvo que "El reclamo administrativo previo de la ley Nº 5238 es inconstitucional porque crea requisitos para el acceso a la justicia que no están previstos en la Constitución Provincial, artículo 11." Por ello votó por que se declare la inconstitucionalidad del reclamo previo y que se rechace el recurso, imponiéndose las costas al Estado Provincial vencido.

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