Recurso de inconstitucionalidad interpuesto en el Expediente Nº B-95030/02 (Sala I Cámara Civil y Comercial) Ordinario por cobro de pesos: Eduardo Overby c/ Instituto Provincial de Previsión Social y Estado Provincial
El administrador judicial promovió demanda ordinaria por cobro de crédito previsional reconocido en certificación de deuda. El Superior Tribunal rechazó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Estado Provincial y confirmó la aplicación de la excepción al reclamo administrativo previo, además de imponer costas al recurrente.
¿Quién es el actor?
Eduardo Overby, en su carácter de administrador judicial de los bienes de la sucesión de Neli Elvira Arias de Overby, con patrocinio de la Dra. Graciela Comas.
¿A quién se demanda?
Instituto Provincial de Previsión Social y Estado Provincial (representado por el Dr. Jorge Eusebio García, Procurador Fiscal).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Cobro de pesos por crédito previsional certificado (Certificación de Deuda Previsional Nº 2179) por diferencias de haberes jubilatorios correspondientes al período abril de 1975 a noviembre de 1995.
¿Qué se resolvió?
Rechazo del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Estado Provincial; imposición de costas al recurrente; deferimiento de la regulación de honorarios hasta que exista base firme. El Tribunal considera que la certificación de deuda reconocida en el expediente administrativo encuentra su excepción frente al requisito del reclamo administrativo previo y confirma la procedencia del cobro en cuanto a ese punto; en cambio, las cuestiones atinentes al método de cálculo de intereses fueron discutidas en el fallo y en parte se siguió la doctrina previa del Tribunal (si bien hubo votos que propiciaban diferente tratamiento, el dispositivo final rechaza el recurso).
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"En este orden, cabe precisar que el crédito cuyo cobro se pretende, instrumentado en la Certificación de Deuda Previsional Nº 2179 (que en fotocopia rola a fs. 6 del expediente principal), se encuentra expresamente excluido de la exigencia del trámite administrativo previo.
La Ley 5238 en su artículo 4, punto IV, inciso a) establece entre las excepciones al principio del reclamo administrativo previo, 'Cuando un acto de alcance particular revista la calidad de definitivo y se hubieren agotado a su respecto las instancias administrativas pertinentes ...'.
En relación al tema, dice la doctrina administrativista que, cuando en el ejercicio de su competencia la Administración reconoce el derecho del particular que ante ella se ha hecho valer, produce una manifestación de voluntad y, cuando la decisión administrativa es favorable a los particulares, constituye el reconocimiento del derecho, de parte del Estado, por consiguiente crea un vínculo de derecho que el Estado no puede romper, pues hay derecho adquirido en provecho de aquél a quién le fue reconocido y en esta medida la decisión administrativa, sin tener la autoridad de cosa juzgada -por no tratarse de una instancia jurisdiccional-, tiene una fuerza semejante a esa autoridad (cftr. Manuel Argañarás 'Tratado de lo Contencioso Administrativo', Editorial Lex, página 51). (L. A. Nº 47, Fº 1408/1410, Nº 612).
En autos el crédito de la actora, por diferencias de haberes jubilatorios correspondiente a los períodos abril de 1.975 a noviembre de 1.995, fue debatido en el expediente administrativo Nº 1187-0-75 y finalmente reconocido en la certificación de deuda mencionada, que no es más que la ejecución de la resolución dictada, a su respecto. No cabe entonces, discusión alguna en sede administrativa. Por ello, es que los actos definitivos de la administración han sido expresamente excluidos del reclamo administrativo en cuestión, pues no cabe volver sobre los mismos sometiéndolos a un nuevo proceso de verificación ya cumplido, por lo que cabe rechazar el recurso incoado por el Estado Provincial en relación a éste agravio."
"Con respecto a la liquidación de intereses, anticipo opinión favorable al recurso. En efecto, conforme lo sostuve en el Expte. 2800/2004 'Aramayo c/ Estado Provincial', la sentencia –tal como lo expone el recurrente- se aparta del derecho aplicable al caso toda vez que, producida la novación del crédito por efecto del régimen de consolidación contemplado en el decreto 88-E-91 de adhesión a la ley 23.982, la obligación –en principio- devenga el interés establecido en esa normativa y mientras estuvo afectado por ésta, esto es el equivalente a la tasa promedio de la caja de ahorro común que publica el Banco Central de la República Argentina, capitalizable mensualmente (artículos 8 del decreto 88-E-91 y 5 de la ley 23.982).
Asimismo, y en forma posterior se aplicará el criterio adoptado al pronunciarme en 'Mamaní c/ Dirección Provincial de Servicio Penitenciario' (L.A. 48 Fº 83/90 Nº 36). Allí sostuve que la génesis de la cuestión se remontaba a la acordada Nº 5 del año 1996 en la que se dispuso prescindir de la fórmula dispuesta en el Comunicado 14.290 del Banco Central de la República Argentina para determinar el interés de la tasa pasiva, reemplazándola por la de restar –en lugar de dividir- a la tasa de la época del pago, la vigente a la de la mora."
¿Cómo votaron los jueces?
Hubo coincidencia mayoritaria en rechazar el recurso; el voto del Dr. González propuso rechazo parcial y hacer lugar parcialmente respecto de la metodología de cálculo de intereses (mandando dictar nuevo fallo conforme a sus principios), mientras que los Dres. Tizón, del Campo, Demattei de Alcoba y Cosentini adhirieron en lo esencial al rechazo del recurso y a la doctrina que elimina la fórmula de la Acordada 5/96 para determinados períodos. Las distintas opiniones sobre intereses se exponen en votos individuales, pero el bloque dispositivo final ordena el rechazo del recurso, con costas al Estado.
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Leyes que cita
- Ley 23.982Deuda publica
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