Ituarte, Marcelo c/Municipalidad de San Andrés de Giles s/Demanda contencioso administrativa
El actor promovió demanda contencioso administrativa por cesantía por abandono de cargo y perjuicios morales contra la Municipalidad de San Andrés de Giles. La Corte hizo lugar a la demanda, anuló los actos administrativos de cese por abandono por prematuridad en el procedimiento y condenó a la Municipalidad a pagar $4.000 por daño moral.
¿Quién es el actor?
Marcelo Ituarte.
¿A quién se demanda?
Municipalidad de San Andrés de Giles.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Anulación de la cesantía dispuesta por abandono de cargo (art. 65 ley 11.757) y pago de indemnización por daño moral por $4.000.
¿Qué se resolvió?
Se hizo lugar a la demanda, se anularon los actos administrativos impugnados (decretos 038/2000 y 075/2000) y se condenó a la Municipalidad a abonar $4.000 por daño moral dentro de 60 días. Costas por su orden.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"El art. 65 de la ley 11.757 establece que cuando un agente incurra en cinco inasistencias consecutivas, sin previo aviso, será considerado incurso en abandono de cargo. En dicho supuesto el precepto establece un procedimiento que la Administración debe seguir antes de tomar la sanción disciplinaria correspondiente, cual es intimarlo a que se reintegre a sus tareas dentro de un día hábil subsiguiente al de la notificación y en caso de que no se presentare, vencido el plazo, recién se decretará su cesantía, salvo cuando pudiere justificar valedera y suficientemente la causa que hubiere imposibilitado la respectiva comunicación.
De los antecedentes reseñados surge que la Administración municipal cursó intimación al aquí actor para que se presentara en un plazo de 48 horas en la Oficina de Personal, cuando no se habían cumplido los cinco días de ausencia considerados luego como causal de segregación (día 4-I-2000, ver fs. 16 y 35). El día en que vencían esas 48 horas dispuso la cesantía del mismo, computando que para entonces ya había aquél incurrido en cinco inasistencias sin justificar, desestimando que el pedido de licencia especial efectuado por el agente el día 4-I-2000 explicara su proceder (ver carta documento que luce a fs. 17/18 y 42). Tengo para mí que el obrar de la Administración fue prematuro, pues no concedió al agente la posibilidad de efectuar la justificación de las faltas y no computó que el día 7 de enero se presentó a tomar servicios demostrando su voluntad inequívoca de continuar la relación de empleo (arts. 65 primer párrafo in fine, ley 11.757 y 11, 15 y 39 inc. 3 de la Constitución local y 17 y 18 de la nacional)."
"Habiendo limitado el actor su pretensión a una suma indemnizatoria en concepto de daño moral, corresponde, en virtud de la declaración de ilegitimidad del acto que dispuso su cese, proceder a su reconocimiento. En tal sentido, comparto la doctrina afirmada por este Tribunal -aplicable al supuesto de autos- en punto a la presunción de su existencia y, por ende, a su procedencia (arts. 16, 522, 1078, 1109 y concs., Cód. Civil) en los casos en que se ha llegado a la conclusión de que un agente estatal ha sido dado de baja ilegítimamente, pues en tales supuestos no cabe duda acerca de que la separación provoca en el damnificado intranquilidad y sufrimientos... Tal circunstancia, se ha dicho, ha de tenerse por demostrada por el solo hecho de la acción antijurídica -daño in re ipsa- y es al responsable de ésta a quien incumbe acreditar la existencia de una situación objetiva que excluya la posibilidad de un daño moral..."
"Por los fundamentos expuestos en el acuerdo que antecede, se hace lugar a la demanda interpuesta, anulándose los actos administrativos impugnados y condenando a la demandada, Municipalidad de San Andrés de Giles, a abonar al actor en concepto de indemnización por daño moral, la suma de pesos cuatro mil ($ 4000) que deberá ser pagada dentro de los sesenta días de notificada la presente (art. 163, Constitución provincial). Costas por su orden."
¿Cómo votaron los jueces?
El voto del juez Negri fue el que abre y propone la nulidad del decreto 038/2000 por prematuro; Pettigiani, Hitters y de Lázzari adhieren integralmente a la declaratoria de ilegitimidad y al reconocimiento del daño moral en $4.000. Kogan (con adhesión de Genoud) comparte la ilegitimidad del cese pero disiente respecto de la indemnización por daño moral, entendiendo que el actor no probó dicho perjuicio. La sentencia se decide por la mayoría que acogió el reclamo y fijó la indemnización en $4.000.
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Leyes que cita
- Ley 11.757 de Buenos Aires(derogada por ley 14656) estatuto para el personal de las municipalidades
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