Mazzuco, Juan Edgardo Pedro c/Provincia de Buenos Aires (Instituto de Precisión Social) s/Demanda contencioso administrativa
El actor reclamó que su haber jubilatorio incorpore la totalidad de las asignaciones percibidas por legisladores, en especial la compensación por gastos de movilidad. La Corte rechazó la demanda sosteniendo que rige el régimen especial de la ley 8320 que limita los rubros computables al cálculo del haber y que las resoluciones de las Cámaras no pueden modificar por vía reglamentaria ese régimen.
¿Quién es el actor?
Juan Edgardo Pedro Mazzuco, por medio de su representante.
¿A quién se demanda?
Provincia de Buenos Aires (Instituto de Previsión Social).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Se solicita dejar sin efecto las resoluciones administrativas que rechazaron el pedido de incrementar su haber jubilatorio con la totalidad de las asignaciones pagadas a legisladores (particularmente la compensación por gastos de movilidad), y que se condene al Instituto a liquidar la jubilación incluyendo esas asignaciones y a pagar diferencias con actualización, intereses y costas.
¿Qué se resolvió?
Se rechaza la demanda. Costas por su orden. Se regulan honorarios profesionales.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"I.- A los efectos de dilucidar el tema que se ventila en autos debe acudirse, en primer término, a la ley aplicable al caso que constituye la fuente directa de su solución (conf. Goñi Moreno, “Derecho de la Previsión Social”, t. II, págs. 393 y 398).
En el supuesto particular analizado, la ley 8320 es el régimen que le otorgó título al reclamante (confr. art. 144, inc. 17º, Const. prov.) para el goce de la jubilación. Dicha normativa es de aplicación “obligatoria” a los legisladores de ambas cámaras legislativas, conforme reza su art. 1º y a la “totalidad de los ex - legisladores que hayan revistado en cualquier período como legisladores...” (confr. art. 16º de la citada ley).
La ley 8320 crea un régimen jubilatorio particularizado que se distancia del sistema previsional general contenido en el dec. ley 9650/1980 y su reglamentación. Así, el art. 5º de la ley 8320, según texto ordenado por la ley 10.861 establece que “se tomará como monto a los efectos de los aportes jubilatorios, toda remuneración compuesta por dieta más gastos de representación y sueldo anual complementario”. Por su parte, el art. 6 de la mencionada ley manda liquidar el haber jubilatorio de acuerdo al 82% móvil de los montos establecidos en el art. 5, actualizándose tal beneficio de acuerdo a la variación de las remuneraciones que perciba el legislador en actividad."
"II.- En la causa “Poli” antes citada, la Suprema Corte concluyó que “las sumas percibidas en carácter de adicional para gastos de movilidad y hospedaje, no revisten el carácter de remuneración, en tanto -de acuerdo a las normas que regulan su pago- constituyeron una compensación de gastos realizados en ocasión del desempeño de las funciones, es decir, no fueron abonadas como contraprestación por el trabajo personal”. Las Resoluciones 1465/1993 y 1031/1993 de las Honorables Cámaras de Diputados y Senadores, respectivamente, confirieron tal naturaleza a las sumas que reciben los legisladores por el concepto movilidad al caracterizarlas como “contraprestación de gastos personales ciertos” (fs. 2) ó “importe ... para atender gastos específicos” (fs. 1). Tal tajante definición de la naturaleza jurídica de las prestaciones en juego torna irrelevante el argumento del actor de considerar la compensación de movilidad y pasajes como formando parte de la remuneración del legislador activo."
Observación sobre normativa reglamentaria vs. ley: El Tribunal sostiene que las resoluciones de las Cámaras que intentaron reconocer carácter bonificable a los gastos de movilidad no pueden prevalecer frente a la ley 8320 ni modificar por vía reglamentaria el régimen previsional: "el aludido intento reglamentario no se ha ajustado a las exigencias de rango constitucional que establecen la jerarquía normativa e imponen en consecuencia la articulación entre la ley y el reglamento, teniendo en cuenta la coherencia normativa en virtud de la cual la ley precede al reglamento y no puede ser derogada por éste". Asimismo, la modificación del haber previsional de legisladores sólo puede efectuarse por ley formal.
¿Cómo votaron los jueces?
El Dr. Soria votó por la negativa; los Dres. de Lázzari, Negri, Roncoroni y Salas votaron conforme los fundamentos del Dr. Soria. El bloque dispositivo final resolvió: "Por los fundamentos expuestos en el acuerdo que antecede, se rechaza la demanda interpuesta. Costas por su orden (art. 17, C.P.C.A.)."
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