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Tribunal Superior

Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto en el expte. nº B –74.709/01 (Sala I – Cámara en lo Civil y Comercial) Ordinario por daños y perjuicios: Alcides Llanes, Lucía Clara Cruz y Aldo Javier Cruz en representación de Nicolás Leandro Cruz c/ Fern

Se impugnó la declaración de caducidad de la instancia en una demanda ordinaria por daños y perjuicios en representación de un menor. El Superior Tribunal rechazó los recursos de inconstitucionalidad y confirmó la caducidad por inactividad procesal, entendiendo que la institución no vulnera derechos constitucionales ni la Convención sobre los Derechos del Niño.

Fecha de la sentencia
Tribunal
Suprema Corte de Justicia / Superior Tribunal de Justicia (JUJUY)
Fuero
Suprema Corte de Justicia / Superior Tribunal de Justicia
Jurisdicción
Local · Jujuy
Expediente
4359/2005
Caducidad de la instancia Convencion sobre los derechos del nino Tutela judicial efectiva Inactividad procesal Costas Honorarios Representacion de menores Procedimiento civil Principio de finitud procesal Defensa tecnica

¿Quién es el actor?

Alcides Llanes, Lucía Clara Cruz y Aldo Javier Cruz en representación de Nicolás Leandro/Leonardo Daniel Cruz (menor; actuaron distintos representantes en las distintas etapas).

¿A quién se demanda?

Fernando Marcelo Cura y Gabriela Alejandra Ayslan.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Demanda ordinaria por daños y perjuicios.

¿Qué se resolvió?

Se rechazaron los recursos de inconstitucionalidad interpuestos contra la resolución que declaró la caducidad de la instancia por inactividad del actor; se impusieron costas a los recurrentes y se regularon honorarios profesionales a determinados letrados. El Tribunal confirmó la caducidad decretada por la instancia anterior.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"En efecto, recientemente en un planteo sustancialmente similar al presente, tramitado como Expte. Nº 4401/06, reseñé que al expedirme en la causa registrada en L.A. Nº 48, Fº 1732/1734, Nº 605, dije que el instituto de la caducidad de instancia se apoya en una presunción tácita de abandono por parte del accionante y reconoce como fundamento principal el interés público comprometido en el desenvolvimiento normal del proceso, evitando de esta manera su prolongación indefinida en detrimento de la buena administración de justicia. Asimismo sostuve, que la caducidad se produce por el solo transcurso del tiempo y, sin posibilidad de ser cubierta por actos posteriores, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 201 del Código Procesal Civil."

"La protección que la Convención de los Derechos del Niño depara a los menores de edad se traduce en el deber de brindarle tutela judicial efectiva principio cardinal del ordenamiento adjetivo que se asienta en cuatro pilares: el derecho de acceso a la justicia, a contar con debida representación, al proceso justo y a ser oído. Si de esas garantías ha gozado el menor parte en un proceso civil como el de autos, podrá predicarse que se encuentra satisfecho el mandato de velar y hacer prevalecer su superior interés. Interpretar que su sola condición de menor obliga a prescindir de institutos como el de la caducidad de la instancia importa, a mi entender, conferir a la Convención un alcance que no tiene a costa de cercenar en perjuicio de la contraparte, el derecho de defensa, al debido proceso y a que las causas terminen en tiempo razonable..."

¿Cómo votaron los jueces?

"1º) En el litigio de autos están en juego los derechos de menores de edad, que de ningún modo pueden ser amputados por disposiciones del Código formal anteponiendo éste a garantías constitucionales como son las tuitivas de los derechos de los menores contenidos en el Pacto Internacional de los Derechos del Niño que fueron expresamente incorporados al texto de nuestra Constitución Nacional (artículo 75 inciso 22). De allí en más ninguna otra consideración debe primar. 2º) Además, el texto de las normas que disponen la finitud de los derechos procesales por caducidad siempre debe interpretarse en forma restrictiva... El menor no estaba en condiciones de defender por sí sus derechos y no resulta justo que por causa de una malversación del mandato se vean desbaratados. ...De este modo considero atinados los agravios expresados por la Defensora Oficial de Menores e Incapaces recurrente, y siendo así, me pronuncio por hacer lugar al recurso planteado, con costas a la contraria."

Notas procesales relevantes: Se consideró que hubo inactividad prolongada del actor (demandada en 28/5/2001; cumplimientos y presentaciones que no evitaron la demora excesiva), se corrió traslado al Ministerio Pupilar en oportunidad y no articuló defensa que impidiera la caducidad; se regularon honorarios: $300 a Julio C. Norry y $450 a María Elena Zarif de Massaccesi; no se regularon honorarios al Dr. Venancio Llanes.

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