Recurso de inconstitucionalidad interpuesto en expte. Nº B-92.466/02 (Tribunal Contencioso Administrativo) Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción: Sosa, Pedro Pablo c/ Comisión Municipal de El Piquete- Abregú de Perez, Mirna
La Comisión Municipal de El Piquete interpuso recurso de inconstitucionalidad contra la condena a pagar diferencias de haberes a Pedro Pablo Sosa. El Superior Tribunal rechazó el recurso por mayoría y confirmó la valoración probatoria y la ausencia de arbitrariedad, con costas y regulación de honorarios.
¿Quién es el actor?
Pedro Pablo Sosa (actor en la causa de origen).
¿A quién se demanda?
Comisión Municipal de El Piquete (representada por la Dra. Jaqueline de los Ángeles Araez).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Acción contencioso administrativa por diferencias de haberes (se reclamaron $61.482,72 por el período diciembre 1993 a diciembre 1997, y SAC).
¿Qué se resolvió?
Por mayoría, el Superior Tribunal rechazó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Comisión Municipal de El Piquete, con costas; reguló honorarios profesionales por $3.623,10 (Dr. Gustavo J. Jung) y $2.898,40 (Dra. Jaqueline de los Ángeles Araez), más IVA si corresponde; registrar, agregar copia y notificar por cédula.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
Textos transcritos textualmente, lenguaje original del tribunal:
Del voto del Dr. Tizón (mayoría):
"Lo que en definitiva pretende la recurrente, es que la prueba de autos sea objeto de una nueva revisión y valoración, lo cuál resulta vedado, salvo extremos palpables de arbitrariedad e injusticia, extremos, que no aparecen en autos.
Este Superior Tribunal no es una tercera instancia ordinaria. La arbitrariedad como causal del recurso se reserva para casos en que se demuestra una absoluta ausencia de fundamentación, toda vez conforme se tiene ya dicho: 'La doctrina de la arbitrariedad no autoriza al Superior Tribunal de Justicia a sustituir el criterio de los jueces de la causa en la decisión de las cuestiones que los mismos resuelven. Ella no tiene por objeto corregir en tercera instancia fallos equivocados o que se reputen tales a raíz del desacuerdo del recurrente con la solución arbitrada por aquellos en dichas cuestiones. Posee un carácter estrictamente excepcional y para su aceptación exige que medie un inequívoco apartamiento de las normas que rigen el caso o una decisiva carencia de fundamentación.' Vicio que no advierto -lo reitero- en el caso de autos."
Del voto de la Dra. Bernal (disidencia):
"El fallo asienta sus razonamiento y convicción en las conclusiones de la Pericial Contable la que califica de fundada por no existir elementos independientes de convicción que permitan apartarse de la misma. Discrepo con tal apreciación; toda vez que de autos surge evidente que la misma fue observada en reiteradas ocasiones siendo las contestaciones del Perito insuficientes por resultar acreditado que confeccionó su informe con documentación receptada de manera impropia; situación que el propio profesional aceptó y reconoció. Sumado a ello omitió también valorar demás prueba de entidad, tales como informes del área presupuesto y constancias del departamento contable.
A tales señalamientos debe agregase la omisión en la producción de la prueba por parte de la actora, quien sustenta su pretensión en una supuesta ordenanza municipal, sin indicar ni siquiera la fecha de su publicación lo que importa presumir su inexistencia. Tampoco se acreditó previsión de partida presupuestaria para hacer frente a la erogación que implica el reclamo tornando ilegítimo el supuesto acto emanado del ejecutivo municipal."
¿Cómo votaron los jueces?
Votaron por el rechazo los Dres. Héctor Eduardo Tizón (voto que encabeza), José Manuel del Campo (adhiere) y Sergio Ricardo González (adhiere). Disintió la Dra. María Silvia Bernal, cuya posición fue expuesta y consignó fundamentos a favor de hacer lugar al recurso.
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