Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto en expediente Nº: B-115.001/05 (Tribunal Contencioso Administrativo) “Amparo - Solicitud de beneficio de justicia gratuita: P de C, M c/ I.S.J. – Estado Provincial
La actora promovió acción de amparo para que el Instituto de Seguros de Jujuy restablezca la cobertura médico-asistencial a favor de R. T. C. P. El Superior Tribunal de Justicia hizo lugar al recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Estado Provincial, revocó la sentencia de grado y rechazó la acción de amparo por entender que la decisión de primera instancia fue arbitraria en la valoración de la prueba.
¿Quién es el actor?
M. P. de C. (actora) en representación del incapaz R. T. C. P.
¿A quién se demanda?
Instituto de Seguros de Jujuy (I.S.J.) mediante acción de amparo; el Estado Provincial interviene como recurrente.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Restablecimiento de la cobertura médico-asistencial a favor del incapaz R. T. C. P.
¿Qué se resolvió?
El Superior Tribunal de Justicia hizo lugar al recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Estado Provincial y, en consecuencia, rechazó la acción de amparo. Impuso costas por el orden causado y reguló honorarios en $360 por instancia a favor de la letrada de la actora.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"Que analizadas las constancias de la causa y adelantando opinión, corresponde hacer lugar a la pretensión del quejoso.
Que de las pruebas aportadas en el expediente principal surge evidente un obrar apresurado por parte de la actora para interponer la acción de amparo con el fin de obtener la renovación de la cobertura medica asistencial de su hijo incapaz en el Instituto de Seguros de la Provincia.
Las circunstancias de hechos que revelan las constancias de la causa muestran que la sentencia no es acorde a los mismos, motivo que nos lleva a revocar el fallo del Tribunal Contencioso Administrativo.
Al efecto, basta observar las pruebas aportadas para poder concluir en la falta de razón de la actora, que al ser notificada con fecha 10 de marzo de 2004 de la denegación de la continuidad del servicio médico asistencial en razón de contar con una pensión no contributiva por incapacidad debiendo acudir a los programas nacionales de cobertura (fs. 104 y vuelta del principal), diligentemente presentó una nota el 12 de marzo de 2004 con carácter de urgente al Gerente del Programa Federal de Salud (fs. 4 del principal) quien, con fecha 15 de marzo responde afirmativamente la posibilidad de inclusión como beneficiario y sin carencia de cobertura al programa (fs. 7 del principal).
Esto demuestra que ni siquiera esperó o realizó los trámites que demostraran de forma relevante que el Programa mencionado no cubre ni cubriría las necesidades del incapaz tal como lo expresa en su demanda (fs. 25 párrafo segundo ultima parte), solo solicitó información la cual fue evacuada en forma positiva, quedando demostrado de esa manera, que no existió por parte del Instituto del Seguros, una actitud caprichosa.
En consecuencia la sentencia es arbitraria en razón de haberse apartado de la valoración de prueba relevante y determinante para resolver la controversia.
Que si bien en principio las cuestiones de hecho y prueba no deben ser atendidas a través de este recurso extraordinario local, cede tal principio, cuando, como en el caso, del simple análisis surge manifiesta la arbitrariedad.
Por lo enunciado, corresponde hacer lugar al recurso interpuesto por el doctor Jorge Eusebio García en representación del Estado Provincial con el patrocinio letrado del doctor Osvaldo Silvio Piceda y en consecuencia rechazar el amparo interpuesto por la doctora Ana Rosa Fátima Reyes en representación de la actora. Por las particularidades presentadas en la causa, donde surgen actos contradictorios por parte del Instituto de Seguros en sus dictámenes legales (fs. 91 y 95 vuelta) que pudieron crear alguna expectativa para litigar con algún derecho y buena fe las costas serán impuestas por el orden causado en ambas instancias (art. 102, segunda parte del Código Procesal Civil). Regular los honorarios profesionales para cada una de las instancias en la suma de trescientos sesenta pesos ($ 360) para la doctora Ana Rosa Fátima Reyes, con más el impuesto al valor agregado."
¿Cómo votaron los jueces?
"Con el respeto y consideración debidos a la opinión de los señores vocales preopinantes, voy a disentir con la solución que se propone para el caso traído a decisión, esto es, a mi juicio el recurso interpuesto por el Estado Provincial debe ser rechazado, para confirmar la sentencia atacada e imponer las costas a la recurrente vencida.
No advierto la alegada arbitrariedad en el decisorio dictado por el Tribunal Contencioso Administrativo en ocasión de decidir resguardar los derechos de la persona discapacitada –o incapaz- por quien se promovió demanda de amparo."
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