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Tribunal Superior

Acción de Inconstitucionalidad. Medida Cautelar Innominada: José Eduardo Alvarado c/ Artículo 10 Decreto 5095-G-06; Artículo 7 inc. e -Ley 5436 – Estado Provincial

El actor promovió acción autónoma de inconstitucionalidad y solicitó medida cautelar para que la autoridad de aplicación se abstenga de exigir el art. 10 del Decreto 5095‑G‑06 y el art. 7 inc. e) de la ley 5436. El Superior Tribunal de Justicia rechazó la medida cautelar por falta de acreditación de la verosimilitud del derecho y del peligro en la demora, destacando la presunción de legitimidad de las normas impugnadas y la improcedencia de anticipar jurisdicción sobre el fondo.

Fecha de la sentencia
Tribunal
Suprema Corte de Justicia / Superior Tribunal de Justicia (JUJUY)
Fuero
Suprema Corte de Justicia / Superior Tribunal de Justicia
Jurisdicción
Local · Jujuy
Expediente
5250/2007
Accion de inconstitucionalidad Medida cautelar Decreto 5095?g?06 Ley 5436 Garantia real $50.000 Verosimilitud del derecho Periculum in mora Presuncion de legalidad Division de poderes Costas

¿Quién es el actor?

José Eduardo Alvarado, en su carácter de socio gerente de la Agencia de Investigaciones Privadas y Servicios Generales LA GUARDIA S.R.L.

¿A quién se demanda?

Gobierno de la Provincia de Jujuy (autoridad de aplicación del Decreto 5095‑G‑06 y la ley 5436).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Acción autónoma de inconstitucionalidad contra el art. 10 del Decreto 5095‑G‑06 (exige garantía real mínima de $50.000) y el art. 7 inc. e) de la ley 5436 (responsabilidad solidaria e ilimitada de socios/directores si faltaren garantías), y medida cautelar innominada para suspender la exigencia de dichas normas y aceptar en su lugar la constancia de seguro de responsabilidad civil.

¿Qué se resolvió?

Rechazar la medida cautelar solicitada; imponer las costas a la actora vencida; diferir regulación de honorarios hasta resolución del fondo.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"En tal sentido se ha resuelto 'No cabe establecer una medida precautoria coincidente con el objeto del juicio. Ello desvirtuaría el instituto cautelar, por cuanto el objeto de la medida se confunde con el resultado al cual se pretende arribar por medio de la sentencia definitiva' (ED, t. 110, p. 531). La medida cautelar responde a la finalidad inmediata de garantizar el éxito de la providencia principal; por vía de consecuencia, y de manera mediata, tutela también el derecho sustancial que a través de esta última haya presumiblimente de actuarse pero, sin duda, esa 'garantía de éxito' no puede plasmarse en la satisfacción anticipada de lo que fuera objeto de acción y que, hoy por hoy, se encuentra controvertido (C2ªCC La Plata, Sala III, causa B‑40.080)."

"Luego, cabe reiterar que, medidas como la requerida no proceden respecto de actos administrativos o legislativos – dictado de una ley y su decreto reglamentario, en la especie‑ habida cuenta, que las mismas gozan de presunción de legitimidad y en consecuencia el injustificado establecimiento de medidas como la solicitada, no solo cercenaría –como en cualquier supuesto‑ el derecho de defensa de la cautelada, sino que habría de importar la invasión en la esfera de competencia exclusiva y excluyente que la Constitución de la Provincia ha atribuido a otros Poderes del Estado –en el caso, el Legislativo y el Ejecutivo‑ con el consecuente menoscabo al principio de división de poderes. Con ello, el pronunciamiento sería descalificable no solo por injusto, sino por su evidente gravedad institucional."

(Voto que integra la decisión de la mayoría; los Dres. Bernal, González y Tizón adhieren al voto).

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