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Tribunal Superior

Cian, Juan Antonio c/Microómnibus Norte S.A. y otros s/Daños y perjuicios

Demanda por daños y perjuicios contra empresas de transporte y aseguradoras por accidente de tránsito; se cuestionó la constitucionalidad del decreto 260/1997 que impone moratoria y pago en 60 cuotas. La Corte provincial rechazó el recurso extraordinario interpuesto por la codemandada, confirmando la declaración de inconstitucionalidad del decreto por violar los principios de igualdad, propiedad y razonabilidad.

Fecha de la sentencia
Tribunal
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Fuero
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Jurisdicción
Local · Buenos Aires
Expediente
AC-72455
Decreto 260/1997 Inconstitucionalidad Moratoria Indemnizacion 60 cuotas Igualdad Propiedad Cosa juzgada Razonabilidad Recurso extraordinario.

¿Quién es el actor?

Juan Antonio Cian.

¿A quién se demanda?

Micro Omnibus Norte S.A. y otros.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

indemnización por daños y perjuicios derivados de accidente vinculado al transporte público de pasajeros; se controvirtió la aplicación del Decreto 260/1997 que establece un régimen especial (moratoria de tres años y pago en 60 cuotas no inferiores a $ 1000, con plazo de gracia de seis meses) para el pago de indemnizaciones.

¿Qué se resolvió?

Se rechazó el recurso extraordinario interpuesto por la codemandada; se mantiene la declaración de inconstitucionalidad del decreto 260/1997 (y su prórroga) por vicios que afectan derechos constitucionales. Con costas.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Consideró irrazonable y contrario al principio de igualdad que ante una crisis el Estado imponga a las víctimas, a los abogados, a los peritos, y a todos los intervinientes en los juicios de daños y perjuicios la carga de cobrar en 60 cuotas, y el propio poder administrador se autoexima de este esfuerzo al señalar que la tasa de justicia no está sujeta ni a cuotas ni a moratoria, por lo que ese irritante privilegio estatal torna inconstitucional el decreto."

"En conclusión: el decreto enjuiciado no resiste el análisis de compatibilidad con la Constitución. Si bien en el ordenamiento jurídico vigente no existen derechos absolutos, es decir, insusceptibles de adecuada y prudente reglamentación ..., esa reglamentación siempre ha de ser razonable. Las condiciones necesarias de razonabilidad como requisito de validez para las medidas que se adopten remiten a una adecuada proporcionalidad en relación a las circunstancias que las originan y a los fines que se procuran alcanzar con ellas."

"Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario interpuesto; con costas (art. 289, C.P.C.C.). El depósito previo efectuado queda perdido para el recurrente (art. 294, C.P.C.C.)..."

Otros fundamentos relevantes (citas y resumen):

Se destacó la vulneración del derecho de propiedad y de la cosa juzgada por la aplicación retroactiva del régimen (art. 17 Const. nac.; art. 3 Código Civil).

Se subrayó la lesión del principio de igualdad (art.16 Const. nac.) porque el decreto protege a un sector empresarial trasladando la carga a las víctimas y crea privilegios (la tasa de justicia no sujeta a moratoria).

Se sostuvo la falta de razonabilidad y proporcionalidad del decreto, y que excede los límites propios de decretos de necesidad y urgencia por ser un régimen sectorial que no tutela intereses generales en sentido suficiente (se cita precedente de la Corte Suprema de la Nación: "Risolía de Ocampo ...", fallo 2-VIII-2000).

Votos coincidentes de la mayoría (de Lázzari, Pettigiani, Hitters, San Martín, Negri) concluyeron por la negativa a fundar el recurso; el voto del tribunal nacional fue invocado como orientador para declarar la inconstitucionalidad.

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