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Tribunal Superior

Fisco de la Prov. de Bs. As. c/Alfa Cía. Argentina de Seguros S.A. s/Apremio

El Fisco promovió ejecución fiscal contra Alfa Compañía Argentina de Seguros S.A. por deudas derivadas de liquidaciones administrativas. La Suprema Corte rechazó el recurso extraordinario del Fisco y confirmó la decisión de la Cámara que había rechazado la ejecución por error en la liquidación y por carecer el título de aptitud ejecutiva, sin encontrar vicio procesal o valoración absurda de la prueba.

Fecha de la sentencia
Tribunal
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Fuero
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Jurisdicción
Local · Buenos Aires
Expediente
AC-43447
Ejecucion fiscal Titulo ejecutivo Liquidacion administrativa Invalidez de titulo Recurso extraordinario de inaplicabilidad Valoracion de la prueba Principio de congruencia Dec. ley 9122/78 Rechazo de recurso Costas (art. 289 c.p.c.c.).

¿Quién es el actor?

Fisco de la Provincia de Buenos Aires.

¿A quién se demanda?

Alfa Compañía Argentina de Seguros S.A.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Ejecución fiscal derivada de liquidaciones administrativas por deuda tributaria; el Fisco promovió apremio ejecutivo y la discusión versó sobre la habilidad del/los títulos ejecutivos y corrección de la liquidación.

¿Qué se resolvió?

Se rechazó el recurso extraordinario interpuesto por el Fisco, con costas (art. 289, C.P.C.C.), confirmando, en efecto, la postura de la Cámara que había revocado la primera instancia y rechazado la ejecución. Votaron por la negativa por unanimidad (Drs. Laborde, Negri, San Martín, Mercader y Rodríguez Villar).

¿Cuáles son los fundamentos principales?

Transcripción de párrafos y citas textuales relevantes del fallo (lenguaje original):

1) "El tribunal a quo revocó la sentencia de primera instancia rechazando la ejecución promovida por el Fisco de la Provincia de Buenos Aires por entender que con el expediente agregado en la alzada se había acreditado el pago cancelatorio de la deuda emergente de uno de los títulos ejecutivos y que el monto consignado en el restante era el resaltado de una liquidación incorrecta, de modo que —concluyó— no resultaban hábiles para la ejecución."

2) "cuando de las constancias del juicio y en particular de la prueba aportada por las partes aparece de manera indubitable el error de la liquidación fiscal que sirviera de base a la ejecución el rigorismo respecto a la no revisión de lo intrínseco del titulo ateniéndose exclusivamente a su aspecto formal, debe ceder como la mejor manera de conciliar lo fáctico con lo legal y restablecer sin violencia el equilibrio de la relación patrimonial entre el ente recaudador y la persona del contribuyente, sin desmedro para los derechos de cada uno".

3) "El principio de congruencia, cuyo destino es conducir el pleito en términos de razonable equilibrio dentro de la bilateralidad del contradictorio, va mucho más allá del rédito que pueda arrojar un errar no esencial oportunamente corregido con la garantía de audiencia. Importa que la sentencia se muestre atenta a la pretensión jurídica que forma el contenido de la disputa y no tanto a los detalles que giran en zonas vecinas y no comprometen la defensa de los derechos (causa Ac. 33.721, 'Acuerdos y Sentencias' 1985-II-485)."

4) "su selección y análisis constituye una cuestión de hecho sólo revisable si se demuestra absurdo (causa Ac. 41.580, entre muchas otras), de modo que no habiéndose evidenciado error grave y ostensible en su evaluación, los agravios traídos deben desestimarse (art. 279 citado)."

Otros elementos relevantes:

Se tuvo por agregados expedientes administrativos en la alzada, con notificación a las partes; no se formuló objeción por el recurrente al momento de incorporación (auto de fs. 133 y cédula de fs. 135).

Los agravios del Fisco versaron sobre presunta demasía decisoria (arts. 34 inc. 5 ap. c y 163 inc. 6 CPC), violación del art. 6 inc. b) del dec. ley 9122/78 (prohibición de examinar causa de la obligación en la vía ejecutiva) y errores en la valoración probatoria; la Corte entendió que no se configuraron las infracciones invocadas y que no existió valoración absurda ni vicio procesal que habilite la revisión federal.

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