Ordinario por daños y perjuicios: Gutiérrez, Gisela Jaquelina c/ Martínez, Luís Paulino; Martínez, Alejandro
La actora promovió juicio ordinario por daños y perjuicios contra Martínez; la demandada planteó la caducidad de la instancia por inactividad procesal. La Cámara hizo lugar al planteo, declaró caduca la instancia por inactividad de la actora superior a un año y ordenó imponer costas y regular honorarios.
¿Quién es el actor?
Gisela Jaquelina Gutiérrez (actora).
¿A quién se demanda?
Luís Paulino Martínez y Alejandro Martínez (demandados). Intervino además Aseguradora Federal Argentina S.A. por apoderado.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Juicio ordinario por daños y perjuicios (acción de fondo por accidente; trámites probatorios y pericial accidentológica).
¿Qué se resolvió?
Se hizo lugar al planteo de caducidad de instancia formulado a fs. 184 y se declaró caduca la instancia; se impusieron las costas por el orden causado y se regularon honorarios a favor de los Dres. Manuel Antonio Vargas y Jorge Ripoll en $3.500 cada uno, con intereses en caso de mora y más I.V.A. si correspondiera.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
Transcripción de los párrafos más relevantes (texto original del fallo):
"I. De las constancias de autos, surge que en fecha 26/03/12 se abre la causa a prueba (fs. 70 y vta.), dentro de las proveídas a la actora está la pericial accidentológica; en fecha 14/08/12 el perito designado Lic. Eduardo Nasir Berchan solicita el depósito de $450 para solventar los gastos (fs.147), corrida vista (fs. 148), sólo responde la demandada (fs.152). Luego el día 14/12/12 el perito solicita los expedientes civil y penal a los fines de poder cumplir con su cometido (fs.154), corrida nueva vista (fs.155) ésta no fue respondida; durante todo el año 2.013 la causa no tuvo impulso de ninguna de las partes, por lo que en noviembre de ese año se remiten las actuaciones al Archivo del Poder Judicial (fs.160).
El día 03/09/14 la actora solicitó su desarchivo, proveyéndose el día 09/09/14 que los autos fueron devueltos por Archivo y se encontraban a su disposición (fs. 163/167).
Así, a partir de ésta última fecha es que el promotor tenía los obrados a su disposición, tal como lo había requerido. Sin embargo, la siguiente actuación procesal se verificó el día 06/03/15 cuando solicita se libre un nuevo oficio al Juzgado de Instrucción de Causas Ley Nº3584, (fs. 170/171). En junio de 2.015 se informa que el expediente solicitado fue remitido al Archivo, debiendo requerirlo allí en forma directa (fs.176).
Atento a lo informado, en fecha 22/06/15 se ordenó librar oficio al Archivo del Poder Judicial a los fines de requerir el expediente penal, imponiéndose la carga procesal de confeccionar y diligenciar el respectivo Oficio (fs. 177), providencia que fue debidamente notificada (fs. 178) y el día 25/08/16 el apoderado de la actora presentó las diligencias para control y firma (fs. 180).
Por lo tanto, la causa estuvo en una absoluta inactividad procesal desde junio de 2.015 hasta agosto de 2.016. Durante este período ninguna de las partes impulsó el proceso; en particular la actora, que tardó un año y dos meses en cumplir con la carga impuesta por el Tribunal, luego tres meses en retirar las diligencias firmadas y un mes para presentar el oficio (v. fs.181 vta./188 vta.) y a quien, en virtud del principio dispositivo, se le confía la actividad tanto para estimular la función judicial como para aportar los materiales sobre los cuales ha de versar la decisión del Juez (cfr. Lino E. Palacio; “Manual de Derecho Procesal Civil”; XVI Edición Actualizada, Abeledo-Perrot; p. 64)."
"II. Consecuentemente, encontramos: el transcurso del plazo de un año, la omisión de actos procesales dentro de dicho período contado desde la última notificación o diligencia destinada a impulsar el procedimiento y el hecho que la caducidad opera de pleno derecho y no puede cubrirse con actos posteriores al vencimiento del plazo.
No había acto procesal pendiente a cargo de este Órgano Jurisdiccional, de modo que, el impulso pesaba sobre la parte actora, en manos de quien está en exclusividad la actividad, la iniciativa procesal de impulsar el trámite y por su desinterés la acción quedó sumida en un letargo que le es imputable. De tal manera, reuniéndose los dos presupuestos de la caducidad: inactividad y plazo (más de un año) debe tenerse por configurada.
Esto así porque, si bien el Art. 150, inc. 5º, de la Constitución Provincial impone a los Jueces el deber de evitar la paralización del proceso, dicho deber cede cuando el impulso procesal depende exclusivamente de la voluntad de las partes (cfr. Fallo del Superior Tribunal de Justicia in re: “Simón Mamaní y otro c/ Daniel Torres y otros”) pues el Art.1º del C.P.C. consagra el principio de iniciativa a su cargo.
Asimismo, conforme lo resuelto por el Superior Tribunal de Justicia in re: “Marta B. Huerta c/ Raúl Quintar, José Quintar y Hugo Janco” (L.A. 38, Fº 111/114, Nº 54) “Es casi un lugar común respecto de la institución sometida a estudio y decisión que la caducidad de instancia debe apoyarse en dos supuestos: a) El interés público comprometido en el desenvolvimiento normal del proceso, evitando la prolongación indefinida en detrimento de una buena administración de justicia, b) En la presunción tácita de abandono por parte del accionante”.
En autos, el supuesto del interés público está absolutamente justificado, toda vez que el proceso no puede permanecer indefinido en el tiempo. “Desde el punto de vista axiológico, en la base de la institución analizada resulta fácil comprobar la prevalencia de los valores jurídicos de paz y seguridad jurídica, ya que, como es obvio, la solución indefinida del conflicto que motiva el proceso importa la permanencia de dos situaciones reñidas con aquellos como son, respectivamente, la discordia y la inseguridad” (Palacio. “Derecho Procesal Civil” tomo IV. Lexis Nexis 2005. Pág. 205 citando a Guasp “Derecho Procesal Civil” Tomo I Pág. 540).
En relación al segundo supuesto, conforme las consideraciones efectuadas, el abandono tácito del proceso por el plazo previsto por el Art. 200 del C.P.C. surge acreditado de la inactividad de la parte actora (más de un año) por lo que resulta aplicable lo dispuesto por el Superior Tribunal de Justicia in re: “Simón Mamaní y otro c/ Daniel Torres y otros”. Así, corresponde declarar caduca la instancia."
Y del dispositivo final:
"I. Hacer lugar al planteo de fs. 184; en consecuencia, declarar caduca la instancia.
II. Imponer las costas por el orden causado.
III. Regular los honorarios de los Dres. Manuel Antonio Vargas y Jorge Ripoll, en las sumas de $3.500 y $3.500, respectivamente. En caso de mora, los importes consignados llevarán el interés establecidos en los considerandos; con más el I.V.A. si correspondiere.
IV. Agregar copia en autos, notificar por cédula, registrar."
No se consignan votos en disidencia en la parte resolutiva ni en el cuerpo remitido.
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