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Tribunal Superior

Recurso de inconstitucionalidad interpuesto en el Expte. Nº C-065.037/2016 (Tribunal Contencioso Administrativo – Sala II – Vocalía 3) Medida Autosatisfactiva: Moya Mariela Elizabeth c/ Municipalidad de El Talar

La actora promovió medida autosatisfactiva para que se le abonen haberes correspondientes a marzo y abril de 2016 y sucesivos por su designación como asesora del Concejo Deliberante. La Sala III del Superior Tribunal de Justicia rechazó el recurso de inconstitucionalidad y confirmó la sentencia de la Sala II del Tribunal Contencioso Administrativo por considerar que el acto administrativo adolece de vicio de causa (la designación de una trabajadora social para un cargo de asesor letrado) y que no se acreditaron los requisitos para la medida autosatisfactiva.

Fecha de la sentencia
Tribunal
Suprema Corte de Justicia / Superior Tribunal de Justicia (JUJUY)
Fuero
Suprema Corte de Justicia / Superior Tribunal de Justicia
Jurisdicción
Local · Jujuy
Expediente
CA-12845/2016
Medida autosatisfactiva Inconstitucionalidad Acto administrativo viciado Causa del acto Idoneidad profesional Haberes Municipalidad de el talar Costas Honorarios $2.800 Principio de legalidad.

¿Quién es el actor?

Mariela Elizabeth Moya, representada por el Dr. Roberto Andrés Moya.

¿A quién se demanda?

Municipalidad de El Talar (Concejo Deliberante/órganos municipales).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Medida autosatisfactiva para el pago de sueldos correspondientes a marzo y abril de 2016 y los sucesivos, por su designación como asesora del Concejo Deliberante.

¿Qué se resolvió?

Se rechazó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la sentencia de fecha 17/08/2016 que había rechazado la medida autosatisfactiva; se impusieron las costas al recurrente y se regularon honorarios por $2.800.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"La actora alega un derecho (haberes de los meses de marzo, abril y sucesivos del años 2016) con fundamento en una resolución dictada por el Concejo Deliberante de la Municipalidad de El Talar. La demandada, en la instancia de grado y en la presente, nunca negó ese derecho. Sin embargo, la disponibilidad del derecho material y la limitación del juez para decidir sólo respecto de lo pedido por las partes, no tiene la misma vigencia cuando para resolver la cuestión litigiosa debe aplicar una norma de orden público. El carácter obligatorio de estas normas determina, en muchos casos, que el juez deba resolver la cuestión sobre la base de lo establecido en ellas, aunque las partes no lo pidan, o más todavía, aunque expresamente hayan pactado o consientan lo contrario. El principio de legalidad determina que los órganos administrativos deban actuar sólo cuando la ley los habilita y en la forma que establece la ley. Los márgenes para disponer del derecho material son mínimos –para algunos no existen- lo cual implica que las normas de derecho administrativo sean básicamente de derecho obligatorio (Cfr. Roberto Enrique Luqui, “Revisión judicial de la actividad administrativa” Juicios contencioso administrativos, Tomo 1, pág. 294, Astrea, 2005)."

"Aplicados estos principios al caso en estudio, podemos concluir que el acto administrativo que sirve de fundamento a la pretensión de la actora resulta insuficiente para la procedencia de la acción, por los vicios muy bien destacados por los sentenciantes. La finalidad del acto era “tener un asesoramiento jurídico más eficaz” y la causa “la necesidad de nombrar a un asesor letrado”, elementos éstos que no se condicen con el nombramiento de una trabajadora social, al no existir correspondencia entre la causa y el objeto y a su vez entre el objeto y la finalidad."

"Haciendo aplicación del principio que impide en esta instancia rediseñar los hechos del caso -en tanto no encuentro absurdo en los fijados como ciertos por el Tribunal ni manifiesto desvío en el razonamiento desarrollado-, y compartiendo que no se dan los presupuestos que tanto la jurisprudencia como la doctrina pregonan para la procedencia de esta acción, propongo rechazar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Dr. Roberto Andrés Moya en nombre y representación de Mariela Elizabeth Moya."

¿Cómo votaron los jueces?

El Dr. Sergio Ricardo González votó en los términos transcritos y los Dres. Pablo Baca y Clara D. L. de Falcone adhirieron. Bloque dispositivo final confirma el rechazo del recurso y la imposición de costas al recurrente.

El resumen se genera automáticamente con fines informativos: no es información oficial ni opinión legal, y no reemplaza la lectura del fallo completo. Para cualquier decisión, consultá la sentencia original con un profesional.

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