Recurso de inconstitucionalidad interpuesto en el expte. Nº C–051.917/2015 (Tribunal del Trabajo - Sala I – Vocalía 3) Incidente de caducidad: ETAP SRL c/ Enrique Javier Valdiviezo
Recurso de inconstitucionalidad contra la declaración de caducidad de instancia en demanda laboral por despido. La Sala Laboral rechazó el recurso y confirmó que operó la caducidad por transcurso del plazo previsto en el art. 200 del C.P.C., sosteniendo que el acto de fs. 35 no fue impulsorio.
¿Quién es el actor?
Dr. Rubén Francisco Calisaya en representación de Enrique Javier Valdiviezo (interpuesto como recurso de inconstitucionalidad).
¿A quién se demanda?
ETAP SRL (parte contraria en el incidente de caducidad en el proceso laboral).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Se impugna la sentencia del Tribunal del Trabajo que hizo lugar al incidente de caducidad de instancia (declarándose perencia de la instancia) y se solicita revocar esa declaración por considerar que determinados actos procesales (fs. 35) interrumpieron la caducidad; se alega inconstitucionalidad de la aplicación del art. 200 C.P.C. al fuero laboral.
¿Qué se resolvió?
La Sala Laboral rechazó el recurso de inconstitucionalidad, confirmó que operó la caducidad de la instancia por transcurso del plazo desde el decreto de 7 de mayo de 2014 hasta la ampliación de demanda del 18 de agosto de 2015, consideró ineficiente el retiro del oficio (fs. 35) como acto impulsorio, impuso costas y regularizó honorarios en $2.450 más IVA. Votación unánime (Dra. Bernal, Dr. Otaola y Dra. De Langhe de Falcone).
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"Para que el acto tenga efecto interruptivo de caducidad de instancia es menester que tienda a impulsar el procedimiento, a activarlo en forma directa e inmediata, llevando adelante la acción hacia el reconocimiento del derecho alegado por las partes. La actividad útil en el expediente no sólo consiste en aquella que permite pasar a la etapa siguiente, sino la que produce pasos efectivos dentro de la misma etapa. Las diligencias o peticiones que no hacen avanzar la causa, que no la sacan del estancamiento en que puede hallarse sumida, no sirven para que el proceso se dinamice, no son actos interruptivos del plazo de caducidad. Las actuaciones ajenas a la instancia cuya perención se procura impedir carecen de virtualidad interruptiva del plazo previsto en el art. 200 CPC" (L.A. Nº 39, Nº 420).
"… que sin dudas al juez atañe, en su rol de director del proceso, darle impulso hasta su finalización para que el proceso alcance el fin que lo justifica: llevar a las partes enfrentadas en la contienda la justa composición de sus intereses y hacerlo en tiempo razonable, conforme lo manda ahora expresamente la Constitución de la Provincia y es regla elemental de nuestro derecho adjetivo, volcado en la letra de los arts. 2, 3, 10 y concordantes del C.P.C. … ese deber `no significa relevar a las partes del cumplimiento de las obligaciones que le son propias y que no sólo es necesario para alcanzar ese fin, sino –tratándose de la actora- para poner en evidencia o, cuanto menos, dar indicios de la subsistencia del interés que la llevó a demandar´ ... entre las amplias facultades que al juez compete como director del proceso no está la doblegar la desidia o dejadez de las partes ni resistir su desinterés". (L.A. Nº 49, Nº 122).
"Desde el dictado del decreto de fecha 7 de mayo de 2014 (fs. 34) por el que se ordenó librar nuevo oficio de embargo hasta la ampliación de demanda el 18 de agosto de 2015 (fs. 231/241) transcurrió ampliamente el plazo del artículo 200 del Código Procesal Civil, por tanto no hay dudas de que operó en la causa la caducidad de la instancia. El acto intermedio, esto es, el retiro del oficio (fs. 35 vta.), es claramente ineficiente para sacar al proceso del estancamiento en que estaba sumido."
(Se incluye el dispositivo final reproducido textualmente en la sentencia: "1º) Rechazar el recurso de inconstitucionalidad... 2º) Regular los honorarios... 3º) Registrar, agregar copia en autos, notificar por cédula.")
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