JurisprudenciaARG
Tribunal Superior

Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto en expte. Nº A-044.060/2010 (Tribunal del Trabajo – Sala IV – Vocalía 12) Indemnización por Despido y otros rubros: Cardozo, Laura Soledad c/ BABY GYM ESTÉTICA Y SALUD, Ocampo, Silvia

Se interpuso recurso de inconstitucionalidad contra sentencia laboral que declaró la relación de empleo y condenó a abonar $69.409,02. La Sala Laboral rechazó el recurso por improcedente en cuanto a la alegación de arbitrariedad en la valoración de la prueba y confirmó la primacía de la realidad para privilegiar testimonios sobre la habilitación comercial.

Fecha de la sentencia
Tribunal
Suprema Corte de Justicia / Superior Tribunal de Justicia (JUJUY)
Fuero
Suprema Corte de Justicia / Superior Tribunal de Justicia
Jurisdicción
Local · Jujuy
Expediente
LA-13047/2016
Recurso de inconstitucionalidad Valoracion de prueba Arbitrariedad Primacia de la realidad Indemnizacion por despido Habilitacion comercial Honorarios $3.748 / $2.633 Sala laboral Costas Sentencia laboral.

¿Quién es el actor?

Laura Soledad Cardozo (representada por Dr. Miguel Ángel Imperiale, en la contestación del recurso).

¿A quién se demanda?

Baby Gym Estética y Salud y Silvia Rita Ocampos (representada por Dr. Ricardo Ceballos).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Indemnización por despido y otros rubros; también entrega de certificación de servicio y remuneraciones. La sentencia de primera instancia condenó a Silvia Ocampos a pagar $69.409,02 más intereses.

¿Qué se resolvió?

Rechazar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la representación de Silvia Ocampos, con costas; y regular honorarios a favor de los letrados en $3.748 y $2.633, respectivamente, más IVA de corresponder.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"El vicio de arbitrariedad, con alcance para descalificar un fallo –reiteradamente lo dijimos- debe ser grave, tiene que probarse, y no cabe respecto de las sentencias que no padecen de omisiones o desaciertos que las descalifiquen como pronunciamiento judicial.

Además, el fundamento de la arbitrariedad debe ser la lesión a garantías constitucionales, demostrándose que existe relación entre ellas y la cuestión debatida en la sentencia impugnada, siendo la mera enunciación una afirmación dogmática, carente de eficacia recursiva.

En base a tales postulados la invocación de esta causal no puede resultar útil para lograr una nueva instancia ordinaria contra un pronunciamiento considerado erróneo por la parte afectada, sólo por discrepar con la apreciación de las pruebas y la aplicación del derecho que hicieron los jueces de la causa."

"Del estudio del remedio interpuesto advierto que el recurrente se agravia por la valoración que realizó el Tribunal de la prueba -en particular de la testimonial-, lo que no puede ser tratado en esta instancia porque, como tiene expresado este Superior Tribunal de Justicia, la aplicación de la legislación laboral por los tribunales del fuero, así como lo atinente a la modalidad de la relación laboral o su ruptura, remiten al examen de cuestiones de hecho, prueba y derecho común, cuyo conocimiento, como regla, está reservado a los jueces de la causa..."

"Por último, la queja del recurrente por la valoración de la prueba testimonial frente a la constancia de habilitación comercial no es atendible porque al ponderar la prueba es facultad privativa del juez de la causa seleccionar aquéllas que estime relevantes y decidirse por una descartando otras. Resulta suficiente a tal efecto que se haga referencia expresa a las que han generado la convicción que sustente la conclusión a la que arribó...

Además, por el principio de la primacía de la realidad, en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de los documentos o acuerdos, debe darse preferencia a lo primero, es decir, a lo que ocurre en el terreno de los hechos y por eso el Tribunal le dio preponderancia a las declaraciones testimoniales."

"Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto en autos, con costas y regular los honorarios profesionales de los Dres. Miguel Ángel Imperiale y Ricardo Ceballos en las sumas de pesos tres mil setecientos cuarenta y ocho ($3.748) y dos mil seiscientos treinta y tres ($2.633) respectivamente, conforme arts. 11 y 7 de la ley de aranceles, con más el impuesto al valor agregado de corresponder."

¿Cómo votaron los jueces?

La resolución fue unánime (los Dres. Otaola y De Falcone adhirieron al voto principal de la Dra. Bernal).

Más jurisprudencia sobre

El resumen se genera automáticamente con fines informativos: no es información oficial ni opinión legal, y no reemplaza la lectura del fallo completo. Para cualquier decisión, consultá la sentencia original con un profesional.

Encontrá la jurisprudencia para tu caso

Buscá en los fallos de JurisprudenciaARG por tema, tribunal y fecha. Creá tu cuenta para empezar.