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Tribunal Superior

Recurso de inconstitucionalidad int. en Expte. C-052.033/2015 (Tribunal Contencioso Administrativo –Sala I– Vocalía 2) Amparo por Mora. Fuente Antonia Andrea c/ Poder Ejecutivo – Estado Provincial

La actora interpuso recurso de inconstitucionalidad por la imposición de costas tras declararse abstracta una acción de amparo por mora. El Superior Tribunal de Justicia rechazó el recurso y confirmó la imposición de costas a la parte recurrente, por no advertir arbitrariedad ni absurdo manifiesto en la decisión del a quo.

Fecha de la sentencia
Tribunal
Suprema Corte de Justicia / Superior Tribunal de Justicia (JUJUY)
Fuero
Suprema Corte de Justicia / Superior Tribunal de Justicia
Jurisdicción
Local · Jujuy
Expediente
CA-13011/2016
Amparo por mora Costas Recurso de inconstitucionalidad Imposicion de costas por el orden Art. 102 cpc Honorarios Sala iii contencioso administrativo Doctrina arbitrariedad Ley 5251 Confirmacion.

¿Quién es el actor?

Antonia Andrea Fuente (parte actora).

¿A quién se demanda?

Poder Ejecutivo – Estado Provincial.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Amparo por mora de la administración para obtener certificación de trabajo/expediente administrativo; la controversia principal fue declarada abstracta por el Tribunal de grado y la actora recurrió por inconstitucionalidad impugnando especialmente la imposición de costas.

¿Qué se resolvió?

Se rechazó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la actora; se impusieron las costas de la instancia a la recurrente; se regularon honorarios ($2.450 para el Dr. Aníbal Massaccesi y $3.500 para Fiscalía de Estado, más IVA si corresponde).

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"7) Como la cuestión acá debatida está ceñida a la imposición de las costas en la instancia de grado, que, compartiendo en este sentido la opinión de la Fiscalía General de este Superior Tribunal de Justicia, no admite discusión en esta instancia, salvo arbitrariedad o absurdo manifiesto. Si bien eso es cierto, con el fin de dar un acabado tratamiento al punto controvertido de la parte recurrente, se advierte igualmente que no cabe acusar de arbitraria a la sentencia recurrida del Tribunal en lo Contencioso Administrativo. Puesto que, en efecto, el a quo juzgó para la imposición de las costas, basándose en la fecha de inicio de la demanda de amparo (28/09/15), la notificación practicada en fecha 01/10/15 al Dr. Massaccesi de lo solicitado en fecha 15/05/15 en las actuaciones administrativas, cotejado ello con el traslado de la demanda en fecha 06/10/15, que ambas partes litigaron con buena fe. El Tribunal en lo Contencioso Administrativo tuvo en cuenta que la administración se expidió antes del traslado de la demanda de amparo y por ende de tomar conocimiento de la acción judicial, y utilizó de un modo que no luce irrazonable la dispositiva establecida en el segundo párrafo del art. 102 del CPC, distribuyendo las costas por el orden causado.

El agravio traído a consideración por la parte recurrente no alcanza para justificar la invocada arbitrariedad en el decisorio que se impugna. Ha dicho la CSJN que la tacha de arbitrariedad exige para su procedencia un apartamiento inequívoco de las normas que rigen el caso o una absoluta falta de fundamentos (CSJN, Fallos: 326:297, entre otros). Y esa doctrina judicial es sostenida por este Superior Tribunal de Justicia también de manera pacífica (cfr. L.A. Nº 38 Fº 1390/1393 Nº 534, entre muchos otros).

Por los fundamentos expuestos, me pronuncio por el rechazo del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la parte actora."

"8) En cuanto a la imposición de costas de la presente instancia, deben ser impuestas a la recurrente vencida de acuerdo a lo establecido por el artículo 102 del Código Procesal Civil, principio general del que no encuentro razón para apartarme. Que este Alto Cuerpo sostuvo en fallo L.A. Nº 1, Fº 1/3, Nº 1, conforme a la pretensión de mora sobre acceso y fotocopiado de un expediente administrativo, lo que comprende al pedido de certificación de trabajo, que no es alcanzada por la dispositiva de la ley 5251.

Propongo que los honorarios se regulen conforme lo dispuesto en L.A. Nº 19, Fº 182/184 Nº 96, es decir en la suma de $2.450 para Aníbal Massaccesi. A dicha suma deberá añadirse el impuesto al valor agregado, en caso de corresponder. Y en la suma de $3.500 para Fiscalía de Estado, monto al que también deberá añadirse el impuesto al valor agregado, en caso de corresponder."

¿Cómo votaron los jueces?

El voto del Dr. Pablo Baca fue acompañado por las Dras. María Silvia Bernal y Clara Aurora De Langhe de Falcone; no hubo disidencia.

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