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Tribunal Superior

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD interpuesto en el Expte. Nº C-043.670/2015 (Sala III del Tribunal del Trabajo) “Riesgo de trabajo: LEONARDO JAVIER MAIDANA c/ ESTADO PROVINCIAL

El actor reclamó diferencias remuneratorias por el período de incapacidad laboral temporaria (ILT) en virtud de la Ley de Riesgos del Trabajo. El Superior Tribunal de Justicia, Sala IV Laboral, rechazó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Estado Provincial y confirmó la competencia del fuero laboral para conocer la pretensión, ordenando la continuidad del trámite en el Tribunal del Trabajo y aplicando costas a la demandada.

Fecha de la sentencia
Tribunal
Suprema Corte de Justicia / Superior Tribunal de Justicia (JUJUY)
Fuero
Suprema Corte de Justicia / Superior Tribunal de Justicia
Jurisdicción
Local · Jujuy
Expediente
LA-12852/2016
Empleo publico Diferencias salariales Incapacidad laboral temporaria Ley de riesgos del trabajo Competencia Fuero laboral Recurso de inconstitucionalidad Acordada 59/2009 Costas Honorarios ($3.500)

¿Quién es el actor?

Leonardo Javier Maidana.

¿A quién se demanda?

Estado Provincial (representado por la Dra. Soledad Flores Parrado en el recurso).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Pago de diferencias remuneratorias devengadas durante el período de incapacidad laboral temporaria (ILT), alegando que la demandada omitió el mecanismo de liquidación previsto en los arts. 11, 13 y 15 de la Ley 24.557 (LRT) y el art. 6º del Dec. 1694/09.

¿Qué se resolvió?

Se rechazó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Estado Provincial; se determinó que corresponde la competencia del fuero laboral para entender en la acción basada en la Ley de Riesgos del Trabajo y se ordenó la continuidad de la causa en la Sala de origen del Tribunal del Trabajo. Se impusieron las costas de la instancia extraordinaria a la demandada y se regularon honorarios a favor de la apoderada del actor ($ 3.500 más IVA en su caso).

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"El recurso no resulta procedente además, porque no se dirige contra una sentencia que revista el carácter de definitiva, ni se trata, tampoco, de una decisión que ponga fin al debate ni cause o produzca un perjuicio de imposible reparación posterior. De tal manera que, como ya se ha decidido por este Alto Cuerpo, cuando el resolutorio atacado no cumple con los requisitos del Art. 8º de la Ley 4346, reformada por la Ley 4848 (Art. 8 de la ley Nº 4346, t.o. Nº 4848), ni configure un supuesto de excepción, como el sub-examen, no se puede habilitar esta vía extraordinaria.

Por otro lado, la arbitrariedad que se invoca constituye mera discrepancia con la solución adoptada por el tribunal de grado. La recurrente no consiguió en su discurso rebatir con suficiencia los argumentos expuestos para sostener lo resuelto, limitándose a reiterar los fundamentos expresados ante el a-quo.

De las constancias de los autos originarios, en lo que acá interesa, resulta que la actora persigue el pago de la diferencia remuneratoria devengada durante el periodo de ILT (incapacidad laboral temporaria), entre la efectivamente percibida y la que, según afirma, la demandada debió liquidar y abonar conforme los arts. 11, 13 y 15 de la LCT y el art. 6º Dec. 1694/09. No cuestiona en esta causa la legitimidad de la sanción impuesta por el Estado Provincial en uso de su facultad disciplinaria, sino la aplicación de las normas de la Ley de Riesgos de Trabajo.

Cabe recordar lo dispuesto por la Acordada Nº 59/2009 reglamentaria de la ley Nº 5607 respecto de la competencia atribuida al Tribunal en lo Contencioso Administrativo, que en su art. 2º dispone: 'las causas iniciadas y las que se inicien en virtud de la Ley 24.577 de Riesgos del Trabajo, aunque se susciten con motivo de las relaciones de empleo público, seguirán tramitándose ante el Fuero Laboral (Ley Nº 1938).' Por ende, el caso sub-examen por la excepción establecida en la norma mencionada, no se encuentra comprendido dentro de las previsiones del art. 7 de la ley 5607."

¿Cómo votaron los jueces?

El Dr. Federico F. Otaola expuso voto principal; las Dras. María Silvia Bernal y Clara A. De Langhe de Falcone adhirieron. El bloque dispositivo final corresponde a la unanimidad de la Sala.

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