ORDINARIO POR DAÑOS Y PERJUICIOS: ALVAREZ, PABLO FEDERICO C/ MUNICIPALIDAD DE HUMAHUACA
El actor demandó a la Municipalidad de Humahuaca por daños y perjuicios derivados de la denegatoria o revocatoria de autorizaciones para la realización de bailes en su salón. La Cámara en lo Civil y Comercial, Sala Tercera, rechazó la demanda por aplicación de la tesis de la accesoriedad: no se agotó la vía administrativa/contencioso-administrativa para invalidar el acto administrativo presunto causante del daño.
¿Quién es el actor?
Pablo Federico Álvarez (representado por la Dra. Lidia Noemí Galindo Blaha).
¿A quién se demanda?
Municipalidad de Humahuaca.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Resarcimiento por daños y perjuicios (daño material, lucro cesante y daño moral) por la denegatoria o revocatoria de autorizaciones para realizar bailes en el salón "Pacha’k" en fechas de alta afluencia (enero 2004).
¿Qué se resolvió?
Rechazar la demanda; imponer las costas por el orden causado; regular honorarios a favor de los Dres. Lidia N. Galindo Blaha y Julio De los Ríos en $8.000 para cada uno, más IVA si corresponde. Voto unánime de la Sala (Dra. Caballero; Dres. Issa y Cosentini adhieren).
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"En cualquier caso, estamos frente a un claro supuesto en donde la actora reclama daños y perjuicios que dice causados por la ilegitimidad o arbitrariariedad de un acto administrativo (sea la denegación, sea la revocación de la autorización concedida) y esa sola circunstancia determina, sin más, el rechazo de la demanda.
En efecto, en razón de la llamada “tesis de la accesoriedad”, toda acción por cobro de pesos o reparación de daños que tenga por fundamento la ilegitimidad o arbitrariedad de una acto administrativo está supeditado a la admisión –previa o concomitante- de la acción dirigida a anular o a invalidar el acto administrativo respectivo. Esto se explica por la presunción de legitimidad que caracteriza a todos. La impugnación respectiva debe procurarse a través de la vía procesal administrativa hasta agotarla y, en su caso, de la judicial, conforme el procedimiento y dentro de los plazos que el ordenamiento legal establece al efecto. Lo contrario llevaría a postular la existencia de obligación sin causa vedada por el art. 499 del Cód. Civi.
En otros términos: la acción de daños no es procedente sin la previa –o, a la sumo, concomitante- revocación del acto administrativo que se reputa lesivo, sea por la propia administración pública en ejercicio de sus indisputables prerrogativas, sea por el órgano jurisdiccional competente al efecto que, en nuestro ámbito, es el Tribunal Contencioso Administrativo."
Además la sentencia reproduce criterio de la Corte Suprema:
"...los actos administrativos no impugnados judicialmente en el plazo que establece el art. 25 de la ley 19.549, devienen firmes e irrevisables a pedido del interesado debido a la caducidad operada ... razón por la cual, en tal caso, no es admisible la acción por cobro de pesos o el reclamo de los daños y perjuicios basados en el accionar ilícito de la administración ... dicha conclusión es una consecuencia lógica de la naturaleza accesoria -en el ámbito del derecho administrativo- de pretensiones como las antes indicadas respecto de la acción de nulidad..."
Voto de la Dra. Caballero (principal) con adhesión de los Dres. Issa y Cosentini. Sobre costas, la Cámara entendió que la demanda fue promovida de buena fe pese al rechazo y, por ello, impuso las costas por el orden causado. Sobre honorarios, reguló $8.000 para cada letrado de la actora, más IVA si corresponde.
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- Ley 19.549Normas
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