Amparo Colectivo / Ambiental: González Claudia Cecilia y otros c/ Municipalidad de San Salvador de Jujuy - Estado Provincial – Ministerio de Ambiente - Estado Nacional – Ministerio del Interior de la Nación – Subsecretaría de Obras Públicas
Los actores promovieron amparo colectivo ambiental para suspender la obra “Parque Lineal Xibi Xibi” y ordenar un nuevo estudio de impacto ambiental con audiencia pública. La Sala I del Tribunal rechazó la excepción de incompetencia planteada por el Estado Nacional, declaró inadmisible su participación como codemandada y condenó en costas a la parte actora.
¿Quién es el actor?
Claudia Cecilia González y otros (actores en el amparo colectivo ambiental).
¿A quién se demanda?
Municipalidad de San Salvador de Jujuy, Estado Provincial - Ministerio de Ambiente, y Estado Nacional - Ministerio del Interior (como codemandados).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Se solicitó que el tribunal suspenda la obra “Parque Lineal Xibi Xibi” y ordene la realización de un nuevo, completo y detallado estudio de impacto ambiental que deberá ser sometido a audiencia pública.
¿Qué se resolvió?
Se rechazó el planteo de incompetencia formulado por el Estado Nacional; se declaró inadmisible la participación del Estado Nacional como codemandada; se impusieron las costas de la incidencia a la parte actora; se difirió la regulación de honorarios para la sentencia definitiva.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"Destacamos en principio que, como consecuencia del doble orden judicial instituido por nuestra Constitución, cuadra admitir una primera y fundamental división de la competencia en ordinaria y federal, que representan, respectivamente, manifestaciones de la autonomía de las provincias y de la soberanía de la Nación.
La jurisprudencia señala que la intervención del fuero federal en las provincias es de excepción y se encuentra circunscripta a las causas que expresamente le atribuyen las leyes que fijan su competencia, las cuales son de interpretación restrictiva.
Así entonces, en lo que concierne a la competencia en razón de la materia en cuestiones de derecho ambiental, como la que ahora nos ocupa, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dejado establecido que corresponde reconocer a las autoridades locales la facultad de aplicar los criterios de protección ambiental, así como valorar y juzgar si los actos que llevan a cabo sus autoridades, en ejercicio de poderes propios, afectan el bienestar perseguido.
Tal conclusión debe extraerse de la Constitución Nacional, la que, si bien establece que le cabe a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, reconoce expresamente en su artículo 41, anteúltimo párrafo, a las jurisdicciones locales en la materia, que por su condición y raigambre no pueden ser alteradas (Fallos: 329:2280 y 2469; 330:4234; 334:476)."
"Ello encuentra sustento en las disposiciones de la Ley General del Ambiente Nº 25.675, que bien mencionara el Juzgado Federal Nº 1 en el expediente Nº 15939/2017 caratulado: “González Claudia Cecilia y otros c/ Estado Nacional Subsecretaría de Obras Públicas Ministerio del Interior de la Nación s/ Amparo Ambiental” en oportunidad de declarar su incompetencia en causa análoga a la que aquí se tramita (fojas 68/72), fundamentos a los que adherimos, para sostener en definitiva la competencia de este Tribunal en la cuestión traída a su consideración.
Sin perjuicio de ello, corresponde además dejar establecido que tampoco procede el fuero federal ratione personae en tanto la actora no impugnó aspecto alguno del financiamiento de la obra con fondos provenientes del Estado Nacional (fojas 75 vuelta), ni señaló un factor de atribución de responsabilidad por acción u omisión del mismo que permita cerrar la presente vía jurisdiccional.
Tampoco la pretensión expuesta en la demanda -supra transcripta- tiene por objeto que el demandado en cuestión sea constreñido a adoptar una conducta jurídica determinada.
Todo lo cual descarta toda ponderación positiva en cuanto a la utilidad de la sentencia que eventualmente pudiera dictarse respecto del Estado Nacional.
En tal orden de ideas, entendemos debe rechazarse el planteo de incompetencia opuesto por el Estado Nacional a la vez que correlativamente procede declarar inadmisible su participación en autos como codemandada por su evidente carencia de legitimación pasiva."
"Que en cuanto a las costas, en razón de lo expuesto, corresponde sean impuestas a los actores en tanto han accionado en contra del Estado Nacional sin derecho alguno.
Respecto de los honorarios profesionales devengados, corresponde sea diferida su regulación para el momento del dictado de la sentencia definitiva."
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