Amparo por mora: Galarza Isabel de los Ángeles c/ Estado Provincial – Ministerio de Hacienda
La actora promovió amparo por mora contra el Estado Provincial solicitando que se tramite y resuelva el recurso jerárquico en el expediente administrativo N° 500-93-2017. La Sala I del Tribunal en lo Contencioso Administrativo hizo lugar al amparo y condenó al Ministerio de Hacienda a culminar el procedimiento en 64 días hábiles bajo apercibimiento de sanciones, imponiendo costas y regulando honorarios por $5.000.
¿Quién es el actor?
Isabel de los Ángeles Galarza, representada por la Dra. Paola Vanesa Angelo.
¿A quién se demanda?
Estado Provincial - Ministerio de Hacienda.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Amparo por mora para que el Ministerio de Hacienda tramite y concluya el procedimiento administrativo relativo al recurso jerárquico que tramita por expediente N° 500-93-2017 (derivado de recurso de revocatoria contra la Resolución N° 000007-B-).
¿Qué se resolvió?
Se hizo lugar al amparo por mora y se condenó al Estado Provincial - Ministerio de Hacienda a dar trámite y culminar el procedimiento administrativo en el expediente N° 500-93-2017 en el plazo de sesenta y cuatro (64) días hábiles administrativos; se impusieron las costas a la demandada y se regularon honorarios en $5.000 que devengarán intereses desde la mora.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"Así las cosas, atento el estado inerte que mantienen las actuaciones administrativas que interesan al remedio recursivo articulado por la amparista ante el Ministerio de Hacienda, y siempre teniendo en consideración lo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejara expuesto reiteradamente, en cuanto a que en el proceso de amparo se debe atender para sentenciar, a la situación existente al momento en que se resuelve (Fallos, 292:140)… teniendo en cuenta no sólo factores iniciales sino también los sobrevinientes, sean agravantes o no, que resulten de las actuaciones producidas (Fallos, 304:1024), entiendo se encuentra configurada la situación de mora objetiva por parte de la Administración."
"Tal como referí precedentemente puede claramente advertirse que el procedimiento administrativo mantiene un estado de parálisis injustificado, lo que impide a la interesada obtener una respuesta -sea cual fuere su sentido- y pueda tutelar su derecho en cuanto a la petición que realizara en sede de la Administración."
"Conforme unánime jurisprudencia nacional y reiterados antecedentes de este Tribunal, todo órgano de la Administración ante el cual se interpone una petición, tiene la inexcusable obligación de expedirse como elemental correlato del derecho de peticionar de los administrados consagrado en la Constitución de la Nación y de la Provincia."
¿Cómo votaron los jueces?
La decisión fue adoptada por unanimidad; la Dra. Ruth Alicia Fernández fundamentó extensamente la resolución y el Dr. David Jorge Casas adhirió a dicha solución.
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