Amparo Genérico: Martínez Felipe de la Cruz c/ Estado Provincial - Ministerio de Educación
El actor promovió amparo contra el Estado Provincial - Ministerio de Educación solicitando la nulidad de la resolución que canceló su designación como maestro especial y su reinstalación. La Cámara declaró la cuestión abstracta por caducidad de la designación, rechazó la vía del amparo por existencia de recursos administrativos y condenó en costas al actor, regulando honorarios.
¿Quién es el actor?
Felipe de la Cruz Martínez.
¿A quién se demanda?
Estado Provincial - Ministerio de Educación (Provincia de Jujuy).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Amparo para que se declare nula la Resolución de fecha 27/10/2017 que dispone la cancelación de su designación como maestro especial (jornada simple) provisional en la Escuela Nº 423 “Ciudad de la Plata”, y subsidiariamente su reinstalación y medida cautelar innovativa con goce de haberes durante la instrucción del sumario administrativo.
¿Qué se resolvió?
La Sala II declaró abstracta la cuestión por haber caducado la designación (vencimiento el 31/12/2017), impuso las costas al actor y reguló honorarios: $5.000 para la representante del Estado Provincial y $3.500 para la letrada Miriam Soledad Valdez, con intereses y eventual IVA.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"Que en tal sentido, y conforme lo plantea la accionada al contestar la demanda, entiendo que habiendo cesado al 31/12/2017 la designación del actor en el cargo cuya restitución pretende, atento al carácter 'provisional' de esta, ha desaparecido la materia litigiosa y con ello la cuestión de autos se ha tornado abstracta.
Que al respecto se ha expedido inveteradamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación al sostener que 'Los jueces deben decidir colisiones efectivas de derechos, mas no hacer declaraciones generales o abstractas, ni resolver cuestiones vinculadas a controversias extinguidas en el transcurso del tiempo.' (Fallos, 130:157; 184:358, entre otros).
Que en estas condiciones no se configura la existencia de un gravamen actual, puesto que el mismo ha cesado, lo que evidencia la falta de un interés jurídico concreto..."
"Que por lo expuesto, propicio que las costas de autos sean impuestas al actor en razón de haber litigado sin justificación suficiente para ello.
Que en cuanto a la regulación de los honorarios profesionales, conforme lo relatado, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 2, 6 y concordantes de la ley de aranceles Nº 1.687... entiendo justo establecer los que corresponden por la totalidad de la actuación de la representante del Estado Provincial en la suma de pesos cinco mil ($ 5.000.-) y los de la abogada Miriam Soledad Valdez en la suma de pesos tres mil quinientos ($ 3.500.-)..."
¿Cómo votaron los jueces?
El Dr. Sebastián Damiano expuso el voto principal; el Dr. Fernando Raúl Pedicone adhirió. No hubo disidencia.
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