Amparo por mora: Herrera Beatriz del Rosario c/ Estado Provincial
La actora promovió amparo por mora contra el Estado Provincial solicitando mandamiento de pronto despacho para que se expida sobre el pedido de adicional por Tareas Riesgosas. La Cámara declaró la cuestión abstracta por haberse dictado y notificado decreto administrativo que satisface el pedido, impuso las costas a la demandada y reguló honorarios por $5.000.
¿Quién es el actor?
Beatriz del Rosario Herrera, representada por el Dr. Aníbal Massaccesi.
¿A quién se demanda?
Poder Ejecutivo - Estado Provincial (Ministerio de Salud / Gobernador).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Amparo por mora; que se ordene al Estado Provincial dictar en 5 días el acto administrativo requerido (pago del adicional por Tareas Riesgosas) y, ante incumplimiento, aplicación de astreintes. Petición administrativa elevada el 26/09/2017 sin respuesta al momento de la demanda.
¿Qué se resolvió?
Se declaró abstracta la cuestión por haberse dictado y notificado el Decreto Nº 73/74-S/18 (resolutorio de la petición administrativa) con notificación el 27/08/18; en consecuencia no existe gravamen actual. Se impusieron las costas a la demandada y se regularon honorarios para el letrado actor en $5.000, con intereses desde la fecha de la sentencia y más IVA si correspondiera.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"V.- En tal sentido, entiendo que con dictado del Decreto Nº 73/74-S/18, notificado el 27/08/18 (véanse fs. 39/41de estos autos) el Estado Provincial dio respuesta al requerimiento realizado por la actor en sede administrativa y con ello, la cuestión ventilada en autos se ha tornado abstracta.
En estas condiciones, no se configura la existencia de un gravamen actual que pudiera ser generado por la omisión en resolver denunciada en autos, puesto que la misma ha resultado modificada, lo que evidencia la falta de un interés jurídico concreto. (cfr.: De la Rúa, Fernando, “El Recurso de Casación”. Víctor P. Zavalía- Editor, Bs. As. 1968, p.50).
Resulta oportuno recordar que aun cuando la causa puede presentarse inicialmente como concreta, es factible que con posterioridad se torne abstracta como consecuencia de las condiciones constitutivas del objeto de la decisión que se persigue. Por ello, se admite sin discusión en la doctrina y la jurisprudencia imperante, que el Tribunal haga mérito de los hechos constitutivos, modificativos o extintivos producidos durante la sustanciación del juicio y debidamente probados.
Así lo explica Colombo al señalar que: “Debe distinguirse la cuestión inicialmente abstracta de la que siendo concreta en su origen pierde ese carácter” que es lo que precisamente acontece en el sublite.
En razón de lo expuesto, se declara abstracta la cuestión traída a consideración del Tribunal.
V.- Siendo ello así, corresponde entonces pronunciarse sobre las costas del proceso, las que deben ser impuestas al Estado Provincial al haber dado motivos para litigar (art. 102 del Código Procesal Civil), ya que el recurso jerárquico que motivó la presente acción fue deducido el 26/09/17, habiendo transcurrido más de once meses para una respuesta de la Administración sin siquiera haberse acreditado por el Estado Provincial que las actuaciones hayan tenido un trámite regular o justificado su demora.
VI.- En cuanto a la regulación de los honorarios profesionales, conforme lo relatado, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 2, 5 y concordantes de la ley de aranceles Nº 1.687, teniendo en consideración que, en principio, todo amparo -del que este proceso es una especie- debe considerarse un juicio sin monto en razón de encontrarse previsto para la protección de derechos y garantías constitucionales fundamentales, y finalmente lo dispuesto por el Superior Tribunal de Justicia al L.A. 21 Nº 3, entiendo justo establecer los que corresponden por la actuación del abogado Aníbal Massaccesi en la suma de cinco mil pesos ($ 5.000.-) que devengará intereses desde la fecha de la presente y hasta su efectivo pago (cfr.: sentencia del Superior Tribunal de Justicia registrada al L.A. 55 Nº 514) conforme la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina (L.A. 54 Nº 235), debiendo adicionarse el impuesto al valor agregado en el caso de que así correspondiere."
¿Cómo votaron los jueces?
El fallo fue por mayoría/unánime de la Sala II; el Dr. Pedicone expuso fundamentos y el Dr. Damiano adhirió.
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