Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción: Rubio María Elena c/ Estado Provincial
La actora promovió demanda contencioso administrativa para impugnar el Decreto Nº 1696-S-12 y obtener recategorización al escalafón A-3 con diferencias salariales. La Cámara rechazó la excepción de caducidad opuesta por el Estado Provincial por falta de notificación en la forma legalmente prescrita, con imposición de costas a la demandada y diferimiento de la regulación de honorarios.
¿Quién es el actor?
Rubio María Elena (DNI 10.626.649).
¿A quién se demanda?
Estado Provincial.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Revocatoria del Decreto del Poder Ejecutivo Nº 1696-S-12 en cuanto adecúa a la actora al escalafón profesional categoría A-1 (i-1); solicitud de adecuación al escalafón profesional Leyes Nº 4.135 y Nº 4.413 desde el inicio de las actuaciones administrativas (28/06/07, Expediente 716-1079/08) a la categoría A-3 (i-2) y pago de diferencias salariales retroactivas con adicionales e intereses y aportes previsionales.
¿Qué se resolvió?
Se rechazó la excepción de caducidad interpuesta por el Estado Provincial (con costas), se diferenció la regulación de honorarios profesionales hasta que exista base económica, y se ordenó registrar y notificar la decisión.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"Que en ese orden, corresponde comprobar si el Decreto Nº 1692-S-12 fue notificado a la actora, en tanto el Estado Provincial alega se han vencido los plazos para interponer el presente recurso, en razón de que la resolución data de fecha 18/12/12, que a partir de los recibos de haberes la actora toma conocimiento del acto administrativo y que el decreto fue publicado en el Boletín Oficial en fecha 08/03/13.
Que en ese sentido, cabe decir que si bien el Decreto que da respuesta a la petición de la actora data de fecha 18/12/12, el mismo no fue comunicado a la misma en la forma en que lo prescriben los artículos 56, 57 y 58 de la Ley 1.886.
Que entonces, cabe reiterar que el artículo 56 de la Ley Nº 1.886 dispone: 'Deberán notificarse por cédula y en el domicilio constituido, o personalmente en el expediente las siguientes resoluciones: 1º.- Los decretos y resoluciones de citación y emplazamiento; 2º.- Los que ordenan requerimiento; 3º.- La resolución que dispone la apertura a prueba o la deniegue; 4º.- Las decisiones de carácter definitivo; 5º.- Toda otra actuación que por ley, ordenanza, reglamento así lo ordene o lo disponga expresamente la autoridad'.
Que a su vez, la norma antes transcripta debe ser interpretada en concordancia con lo dispuesto en el artículo 57 de la misma Ley de Procedimiento Administrativo, que establece: 'El notificador llevará por duplicado una cédula en que esté transcripta toda la providencia o la parte dispositiva del decreto o resolución que va a notificar con especificación de la letra, número, año y repartición a que pertenece el expediente, y después de leerla al interesado, le entregará una de las copias en la que asentará bajo su firma la fecha y hora de la notificación y al pie de la otra que se agregará al expediente, hará constar todo con expresión del día, hora y lugar en que se hubiese cumplido la diligencia, la que firmará con el interesado. Si este no supiere, pudiere o quisiere firmar, lo hará constar expresamente en dicha diligencia sin otra formalidad'; y lo establecido en el artículo 58: 'Cuando el notificador no encuentre a quien poder notificar, entregará la cédula a una persona de la casa empezando por la más caracterizada, y a falta de ella, la cédula será fijada en la puerta del domicilio del interesado'.
Que de las normas transcriptas, surge con toda claridad la forma en la que se debe realizar la notificación al interesado en supuestos como el del sub lite, procedimiento que no fue respetado por la demandada.
Que entonces, no habiendo cumplido el Estado Provincial con la forma en la que se debía realizar la notificación, ese acto no puede suplirse con el conocimiento que pudiera haber tenido la interesada del Decreto atacado en autos. Así, se ha dicho: '… que para el supuesto de que una resolución no hubiese sido fehacientemente comunicada y conocida por el afectado, la duda debe favorecer al administrado' (Dictámenes 86:404).
Que desde esta perspectiva, en la especie cabe concluir que con la notificación que alega la demandada, se ocasiona un serio perjuicio a la actora, pues de aceptar la postura que esgrime el Estado Provincial se privaría a la misma de la posibilidad de recurrir el acto administrativo.
Que la notificación, a los fines de la posterior habilitación de la instancia jurisdiccional, debe realizarse de tal forma que asegure a la actora la posibilidad cierta y concreta de ejercer adecuadamente su derecho de defensa, so pena de violentar las garantías constitucionales de acceso a justicia y debido proceso legal, máxime teniendo en consideración que el transcurso del tiempo, en el caso, no sólo obstaculizaría la acción, sino la pérdida del derecho.
Que por ello, se rechaza la excepción de caducidad opuesta por el Estado Provincial, con costas a la demandada vencida."
¿Cómo votaron los jueces?
No se consignan votos en disidencia en el dispositivo ni en el texto aportado; la resolución final es la que expone la Sala II y prevalece.
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