JurisprudenciaARG
Cámara de Apelaciones

Amparo por mora: Juárez Elisa Concepción c/ Municipalidad de San Pedro

La actora promovió amparo por mora contra la Municipalidad de San Pedro solicitando se declare la mora y se ordene la escrituración del lote adjudicado. La Cámara declaró la cuestión abstracta por haberse dictado y notificado el Decreto Nº 827-IM-2015 que resolvió la pretensión administrativa, impuso costas a la actora y reguló honorarios.

Fecha de la sentencia
Tribunal
Tribunal Contencioso Administrativo (JUJUY)
Fuero
Tribunal Contencioso Administrativo
Jurisdicción
Local · Jujuy
Expediente
C-121092/2018
Amparo por mora Abstraccion Sustraccion de materia Decreto n? 827-im-2015 Costas Regulacion de honorarios Notificacion 04/04/2018 Municipalidad de san pedro Lote 36 mza. 289 Ley de aranceles n? 1.687

¿Quién es el actor?

Elisa Concepción Juárez, con patrocinio del Dr. Sergio Oscar Zamorano.

¿A quién se demanda?

Municipalidad de San Pedro (representada por el Dr. Jorge Federico Toril).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Amparo por mora para que se declare la mora de la Administración y se ordene resolver la pretensión administrativa relativa a la escrituración del Lote 36 – Mza. 289 (Expte. Administrativo Nº 177-J-1976 y agregados), con apercibimiento y expresa imposición de costas.

¿Qué se resolvió?

La Sala II declaró abstracta la cuestión sometida a decisión por haberse dictado y notificado el Decreto Nº 827-IM-2015 que resolvió la petición administrativa; impuso las costas a la actora y reguló honorarios (Dr. Jorge Federico Toril $5.000; Dr. Sergio Oscar Zamorano $3.500), con intereses y eventual IVA.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"V.- Analizadas las constancias de autos, se desprende que con el dictado del Decreto Nº 827-IM-2015, de fecha 09/12/15, emitido por el Intendente de la Municipalidad de San Pedro (fs. 158 del Expediente Administrativo Nº 177-J-76 y agregados), notificado en fecha 04/04/18 (fs. 159 del Expediente Administrativo Nº 177-J-76 y agregados), se resolvió la petición formulada por la actora en sede administrativa y con ello, la cuestión ventilada en autos se ha tornado abstracta. En estas condiciones, no se configura la existencia de un gravamen actual que pudiera ser generado por la omisión en resolver denunciada en autos, puesto que la misma ha resultado modificada, lo que evidencia la falta de un interés jurídico concreto. (cfr.: De la Rúa, Fernando, “El Recurso de Casación”. Víctor P. Zavalía- Editor, Bs. As. 1968, p.50)."

"En tal sentido se ha expedido inveteradamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación al sostener que “Los jueces deben decidir colisiones efectivas de derechos, mas no hacer declaraciones generales o abstractas, ni resolver cuestiones vinculadas a controversias extinguidas en el transcurso del tiempo.” (Fallos, 130:157; 184:358, entre otros). En tales casos, denominados por la doctrina especializada como supuestos de “sustracción de materia” (Peyrano, J. W., "El proceso atípico", Universidad, Bs. As., 1983, p. 129), cuando el asunto está debidamente sustanciado -aunque las partes hayan perdido interés en su resolución por haberse convertido en algo abstracto- sólo “corresponde el análisis de las cuestiones de fondo planteadas a los efectos de la imposición o distribución de las costas" (conf. Loutayf Ranea, R. G., "Condena en costas en el Proceso Civil", Astrea, Bs. As., 1998, p. 237)."

"VI.- Con relación a las costas, se imponen a la actora de conformidad con el principio general contenido en el art. 102 del Código Procesal Civil, considerando que el Decreto Nº 827-IM-2015 fue notificado en fecha 04/04/18 (fs. 159 del Expediente Administrativo Nº 177-J-76 y agregados), con anterioridad a la promoción de la acción tentada en autos."

"VII.- Respecto a la regulación de los honorarios profesionales, conforme lo relatado, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 2, 5 y concordantes de la ley de aranceles Nº 1.687... entiendo justo establecer los que corresponden por la actuación del abogado Jorge Federico Toril en la suma de pesos cinco mil ($ 5.000.-), y los del abogado Sergio Oscar Zamorano en la suma de pesos tres mil quinientos ($ 3.500.-), representativa del 70% de la que se regula a la vencedora, que devengarán intereses desde la fecha de la presente y hasta su efectivo pago... conforme la tasa activa cartera general... debiendo adicionarse el impuesto al valor agregado en el caso de que así correspondiere."

¿Cómo votaron los jueces?

Ambos jueces (Dr. Fernando Raúl Pedicone y Dr. Sebastián Damiano) coincidieron en la solución; no hubo disidencia relevante.

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