Amparo Genérico: Pinto Raquel Natalia c/ Estado Provincial - Ministerio de Educación
La actora promovió acción de amparo contra el Estado Provincial solicitando el pago de haberes y el cese de la afectación de sus derechos tras ser cesanteada. La Sala I del Tribunal en lo Contencioso Administrativo rechazó el amparo por improcedente al existir vía ordinaria (recurso contencioso administrativo) adecuada para debatir la sanción y el pago de haberes, imponiendo costas y regulando honorarios.
¿Quién es el actor?
Raquel Natalia Pinto, representada por el Dr. José Lucas Vacaflor Guzmán.
¿A quién se demanda?
Estado Provincial - Ministerio de Educación (Provincia de Jujuy).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Acción de amparo para que se ordene el cese de la afectación de derechos y el inmediato pago de salarios adeudados desde junio de 2018 que la actora alega no percibir, pese a continuar prestando servicios en Nivel Secundario; solicita además costas.
¿Qué se resolvió?
Se rechazó la acción de amparo; se impusieron las costas a la actora; se regularon honorarios: Fiscalía de Estado $5.000 y Dr. Vacaflor Guzmán $3.500 (con intereses y eventual IVA).
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"En este contexto, he de insistir aquí con la posición que este Tribunal ya dejara expuesto y que, '…conforme la tradicional doctrina sentada por los casos Siri y Kot, el amparo procede siempre que aparezca de modo claro y manifiesto la ilegitimidad de una restricción cualquiera a alguno de los derechos esenciales de las personas, así como el daño grave e irreparable que se causaría remitiendo el examen de la cuestión a los procedimientos ordinarios, administrativos o judiciales. De tal modo el amparo resulta procedente ante una acción u omisión de la autoridad pública que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, ciertos derechos constitucionales. Porque ello es así, la arbitrariedad o ilegitimidad que habilita la excepcional vía del amparo debe evidenciarse con toda claridad, sin que sea menester producir pruebas ni profundizar en el análisis de modo o con alcance incompatible con la naturaleza y características de este abreviado procedimiento. En igual sentido el derecho constitucional que se dice vulnerado debe ser “incontestable, traslúcido, evidente, admisible de plano y sin necesidad de mayor análisis ni de controversia” (cfr. “El Amparo” – Adolfo A. Rivas – pág. 53)'."
"Así las cosas, a mi juicio, el procedimiento utilizado por la actora no es el correspondiente para reclamar el cobro de haberes supuestamente adeudados. La acción de amparo no es el medio adecuado para solucionar problemas de esa naturaleza.
Del análisis de la causa se desprende que la docente estuvo sometida a sumario disciplinario, siendo finalmente sancionada con la medida gravísima de cesantía, mediante acto administrativo que se encuentra impugnado judicialmente, y pretende, eludiendo dicha acción, por esta vía excepcional percibir los haberes que -dice- se le adeuda. Tampoco resulta ser ésta la vía pertinente en orden a dirimir si la docente fue sancionada sólo en el Nivel Primario, pudiendo ejercer la docencia en Nivel Secundario, o fue expulsada de la Administración Pública."
"En mérito de lo expresado, corresponde rechazar la acción de amparo articulada por Raquel Natalia Pinto en contra del Estado Provincial.
En relación a las costas, con arreglo al principio general de la derrota (artículo 102 del Código Procesal Civil), deben ser impuestas a la actora vencida."
¿Cómo votaron los jueces?
Unanimidad de la Sala I (Dra. Ruth Alicia Fernández y Dr. David Jorge Casas), adhiriendo el segundo voto al primero. No se registra disidencia.
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