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Cámara de Apelaciones

Riesgo de Trabajo Fundado en el Derecho Común: Juan Ariel ARJONA C/ ESTADO PROVINCIAL

La Fiscalía de Estado reclamó la suspensión del embargo ordenado tras la sentencia de condena por riesgo de trabajo, alegando previsión presupuestaria para 2019. La Cámara, por mayoría, rechazó el reclamo y sostuvo la imposibilidad de diferir el pago de honorarios y la aplicación de la doctrina sobre registro de acreencias y orden de antigüedad conforme Ley Nº 5.320.

Fecha de la sentencia
Tribunal
Tribunal del Trabajo-Sala III (JUJUY)
Fuero
Tribunal del Trabajo-Sala III
Jurisdicción
Local · Jujuy
Expediente
C-13680/2013
Riesgo de trabajo Embargo Ley 5.320 Registro de acreencias Honorarios Estado provincial Prevision presupuestaria Orden de antiguedad Fiscalia de estado Sala iii

¿Quién es el actor?

Dra. María Jimena Herrera en representación del Estado Provincial (reclamante ante el Cuerpo).

¿A quién se demanda?

Juan Ariel Arjona (parte ejecutante de la condena).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Se impugna la decisión de Presidencia de Trámite que ordenó embargo sobre fondos del Estado Provincial; se solicita dejar sin efecto dicho embargo por existir previsión presupuestaria para 2019 según Resolución Nº 184-F.E./2018 y expediente de previsión presupuestaria.

¿Qué se resolvió?

Rechazar el reclamo formulado por la Fiscalía de Estado; orden de notificaciones.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

Texto extraído literalmente (párrafos más relevantes del fallo, lenguaje original preservado):

"Analizadas las constancias de la causa, en decisión por mayoría, el pedido del Estado Provincial no puede prosperar.

En cuanto a los honorarios porque ya se ha dicho que no pueden ser diferidos en su pago por aplicación de la ley 5.320, tal como se viene resolviendo en forma pacífica por el Superior Tribunal de Justicia (en L.A. Nº 46, Fº 997/999, Nº 404, de fecha 17/09/03; L.A. 47, Fº 383, Nº 175, L.A. Nº 54, Fº 2.666/2.668, Nº 775; L.A. Nº 46, Fº 118/119, Nº 47; L.A. Nº 45, Fº 633/635, Nº 278; entre muchos otros) por lo que en la especie cabe el acatamiento de este Tribunal inferior a lo dispuesto por el Máximo Tribunal Provincial en reiteradas oportunidades.

Con relación al capital porque de igual modo es un ítem que para el caso ya ha sido resuelto por el Superior Tribunal de Justicia en causas que, por las características sustanciales que se citan, permiten colegir validamente que la doctrina puntualizada en aquellas resulta aplicable en autos.

En efecto, tiene dicho el Máximo Tribunal Provincial que dictada sentencia de condena debe hacerse el registro de la acreencia, lo que implica el deber a cargo de la Fiscalía de Estado que es el representante judicial único (v. Ley Nº 5.320, artículo 3 inciso 2; y Ley Nº 5.200) de llevarla a conocimiento de la Dirección de Presupuesto (Ley Nº 4.958, artículo 16), que dicho registro de la acreencia debe hacerse por estricto orden de antigüedad (Ley Nº 5.313 y artículo 68 de la Ley Nº 11.672) conforme la notificación judicial, no siendo necesaria la intervención del particular interesado, y sí en cambio, deber de la Fiscalía de Estado acreditar ante el juez de la causa, haber efectuado la comunicación, evitando así trámites de ejecución, mayores costas y dispendio jurisdiccional (artículo 94 de la Ley Nº 11.672), –Conf. L.A. Nº 50, fº 1312/1316, Nº 429 con el voto del Dr. González- extremos que en lo pertinente para el estado de la causa en torno a la aplicación de la ley 5.320 no fueron acreditados, resultando insuficiente a los fines tentados la sola presentación de la Resolución emitida por Fiscalía de Estado y obrante a fojas 378 (con similar temperamento el STJ se pronunció en L.A. 54 Nº 775)."

¿Cómo votaron los jueces?

"Sin perjuicio de las consideraciones precedentes, es preciso dejar expuesta la posición del Dr. Agustín Ontiveros, quien respetuosamente disiente con la solución que los magistrados integrantes de esta Sala proponen para la solución de la controversia.

La ley provincial Nº 5.320 es de orden público y sus previsiones imponen un régimen de pago de las sentencias judiciales con base en la disponibilidad presupuestaria de la Hacienda Pública. Su art. 1 inc. c) determina que los pronunciamientos judiciales que condenen al Estado Provincial serán satisfechos dentro de las autorizaciones para efectuar gastos contenidos en las distintas jurisdicciones y entidades del Presupuesto General. ... En el caso de autos el demandado acreditó con la Resolución Nº 184-FE-2018 la existencia del crédito reconocido en la sentencia dictada en la causa y dio cumplimiento con el art. 1 inc. d) de la ley 5.320, esto es su comunicación a la Legislatura de la Provincia ... donde consta que ha instruido al Departamento Contable a los fines de incorporar al presupuesto 2019 la partida para atender la suma de $643.447,16 para el pago de los montos adeudados en los presentes autos (artículo 1º). Bajo estos parámetros y según la fecha de la sentencia dictada en el sub lite, la resolución de Fiscalía de Estado de la Provincia de Jujuy acredita el cumplimiento de los extremos que hacen aplicable la Ley Nº 5.320, por lo que corresponde hacer lugar a su pedido."

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