Despido: ORTEGA ROSARIO RAMON c/ SANTA ANTA S.R.L
El actor demandó por indemnización por despido incausado y reclamó tareas compatibles con su incapacidad. La Sala I del Tribunal del Trabajo hizo lugar a la demanda, condenando a SANTA ANA S.R.L. al pago de $264.416,93 por indemnización más intereses y costas, por haber negado la ocupación al trabajador pese al dictamen de la Comisión Médica.
¿Quién es el actor?
Señor Rosario Ramón Ortega, representado por el Dr. Carlos Ariel Meyer.
¿A quién se demanda?
Razón social SANTA ANA S.R.L., representada por el Dr. Juan Sebastián Jenefes.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Indemnización por despido incausado (art. 245 LCT) y rubros indemnizatorios y salariales, por haberse declarado el actor en situación de despido indirecto ante la negativa del empleador de asignarle tareas compatibles con incapacidad parcial reconocida por Comisión Médica (26,14%).
¿Qué se resolvió?
Se hizo lugar a la demanda; se condenó a SANTA ANA S.R.L. a abonar PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS CON 93/100 ($ 264.416,93) con intereses y costas; se regularon honorarios profesionales y periciales por los montos indicados.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"Del intercambio epistolar surge que, trabajador pone en conocimiento de su empleador que la Comisión Médica 22 le había dictaminado un 26,14% de incapacidad parcial y definitiva e intima que se le otorgue tarea; a esa intimación la patronal responde que no ha sido dado de alta para volver a trabajar por médico de la empresa y que por ello no se le otorgará tareas de ninguna índole.
Así las cosas observo que ha existido por parte de la demandada una negativa de empleo, argumentando que no existía alta médica por parte de los médicos de su empresa. En éste orden, es importante expresar que quién ya había dictaminado que el trabajador padecía una incapacidad del 26,14% era la Comisión Médica 22 (fs. 8/9vta.) por lo que la exigencia de alta médica por parte de los profesionales de su empresa, carece de sustento legal a la luz de lo dispuesto por el Art. 210º de la LCT; ya que si bien la norma citada lo faculta a realizar control al momento de su reingreso, no lo habilita para condicionar la reincorporación del trabajador y menos aún negarle tareas por una supuesta falta de opinión por los médicos de la empresa.
En éste contexto, considerando que el operario pone en conocimiento de su empleador lo dictaminado por la Comisión Médica acreditando con ello su grado de incapacidad parcial y permanente, ante la negativa de ocupación por parte de la empleadora sin siquiera realizarle previo control médico al trabajador y teniendo en cuenta el principio de preservación y continuidad de la relación de empleo, el cuál debe subsistir aún cuando el vínculo no pudiese continuar en las mismas condiciones a las que originalmente se había pactado, el despido indirecto en la cuál se colocó el trabajador es ajustado a derecho, ya que 'la negativa de empleo' es la madre de todas las injurias por ser la principal obligación que tiene el empleador hacia su trabajador."
Además, respecto del monto y actualización:
"El capital determinado, corresponde que sea incrementado conforme doctrina legal de nuestro Superior Tribunal de Justicia (Libro de Acuerdos Nº 54, Fº 673/678, Nº 235 de fecha 11/05/11), desde el 05/12/15 al 05/09/18, resultando el siguiente cálculo: ... Total de Intereses al 05/09/18: $ 116.096,93 Total de Capital + Intereses: 148320,00 + 116096,93 = $ 264416,93"
¿Cómo votaron los jueces?
El Dr. Domínguez expone fundamentos y propone la solución; el Dr. Chazarreta y la Dra. Albornoz de Nebhen adhieren. El dispositivo final coincide con el voto mayoritario.
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Leyes que cita
- Ley 20.744Ley de contrato de trabajo
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