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Cámara de Apelaciones

Riesgo de Trabajo: CLAUDIA BEATRIZ MAMANÍ C/ ESTADO PROVINCIAL

La actora Claudia Beatriz Mamaní reclamó ejecución de sentencia por riesgo de trabajo contra el Estado Provincial y el demandado solicitó la aplicación del régimen de pago previsto en la ley provincial 5.320. La Sala III del Tribunal del Trabajo, por mayoría, rechazó ese pedido por no haberse acreditado el agotamiento de partida presupuestaria y porque la doctrina del Superior Tribunal de Justicia niega el diferimiento de honorarios y del capital en tales supuestos; en disidencia, el Dr. Agustín Ontiveros sostuvo la aplicabilidad de la ley 5.320.

Fecha de la sentencia
Tribunal
Tribunal del Trabajo-Sala III (JUJUY)
Fuero
Tribunal del Trabajo-Sala III
Jurisdicción
Local · Jujuy
Expediente
C-32947/2014
Riesgo de trabajo Ejecucion de sentencia Ley 5.320 Presupuesto Fiscalia de estado Honorarios Orden de antiguedad Agotamiento de partida Rechazo Disidencia (ontiveros).

¿Quién es el actor?

Claudia Beatriz Mamaní.

¿A quién se demanda?

Estado Provincial (Provincia de Jujuy), representado por la Fiscalía de Estado.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Incidente de ejecución de sentencia en causa por riesgo de trabajo; en particular, el Estado Provincial solicitó aplicar el régimen de pago previsto en la Ley Provincial Nº 5.320 (inclusión en presupuesto y diferimiento conforme disponibilidad presupuestaria).

¿Qué se resolvió?

Por mayoría, se rechazó el pedido del Estado Provincial de aplicación de la Ley Nº 5.320. Notifíquese.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

Texto (parágrafos relevantes extraídos textualmente del fallo, lenguaje original preservado):

"Analizadas las constancias de la causa, en decisión por mayoría, el pedido del Estado Provincial no puede prosperar.

En cuanto a los honorarios porque ya se ha dicho que no pueden ser diferidos en su pago por aplicación de la ley 5.320, tal como se viene resolviendo en forma pacífica por el Superior Tribunal de Justicia (en L.A. Nº 46, Fº 997/999, Nº 404, de fecha 17/09/03; L.A. 47, Fº 383, Nº 175, L.A. Nº 54, Fº 2.666/2.668, Nº 775; L.A. Nº 46, Fº 118/119, Nº 47; L.A. Nº 45, Fº 633/635, Nº 278; entre muchos otros) por lo que en la especie cabe el acatamiento de este Tribunal inferior a lo dispuesto por el Máximo Tribunal Provincial en reiteradas oportunidades.

En efecto, tiene dicho el Máximo Tribunal Provincial que dictada sentencia de condena debe hacerse el registro de la acreencia, lo que implica el deber a cargo de la Fiscalía de Estado que es el representante judicial único (v. Ley Nº 5.320, artículo 3 inciso 2; y Ley Nº 5.200) de llevarla a conocimiento de la Dirección de Presupuesto (Ley Nº 4.958, artículo 16), que dicho registro de la acreencia debe hacerse por estricto orden de antigüedad (Ley Nº 5.313 y artículo 68 de la Ley Nº 11.672) conforme la notificación judicial, no siendo necesaria la intervención del particular interesado, y sí en cambio, deber de la Fiscalía de Estado acreditar ante el juez de la causa, haber efectuado la comunicación, evitando así trámites de ejecución, mayores costas y dispendio jurisdiccional (artículo 94 de la Ley Nº 11.672, conf. L.A. Nº 50, fº 1312/1316, Nº 429 con el voto del Dr. González)."

¿Cómo votaron los jueces?

"Sin perjuicio de las consideraciones precedentes, es preciso dejar expuesta la posición del Dr. Agustín Ontiveros, quien respetuosamente disiente con la solución que los magistrados integrantes de esta Sala proponen para la solución de la controversia.

La ley provincial Nº 5.320 es de orden público y sus previsiones imponen un régimen de pago de las sentencias judiciales con base en la disponibilidad presupuestaria de la Hacienda Pública. Su art. 1 inc. c) determina que los pronunciamientos judiciales que condenen al Estado Provincial serán satisfechos dentro de las autorizaciones para efectuar gastos contenidos en las distintas jurisdicciones y entidades del Presupuesto General."

(El voto del Dr. Ontiveros expone que la resolución Nº 144-FE-2018 acredita la existencia del crédito y la inclusión en el presupuesto 2019, por lo que correspondería hacer lugar al pedido; esa postura quedó en disidencia.)

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