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Cámara de Apelaciones

Contencioso administrativo de Plena Jurisdicción: Adaro Dante Marcelo c/ Estado Provincial

Se solicitó la suspensión de los efectos del Decreto Nº 10039-MS-2019 que aplicó la sanción de exoneración al agente policial Dante Marcelo Adaro. La Sala I del Tribunal rechazó la medida cautelar por falta de verosimilitud del derecho y de peligro en la demora, y confirmó la presunción de legitimidad del acto administrativo.

Fecha de la sentencia
Tribunal
Tribunal Contencioso Administrativo (JUJUY)
Fuero
Tribunal Contencioso Administrativo
Jurisdicción
Local · Jujuy
Expediente
C-145698/2019
Medida cautelar Contencioso administrativo Exoneracion Decreto administrativo Verosimilitud del derecho Periculum in mora Presuncion de legitimidad Costas Articulo 31 c.c.a. Reintegro

¿Quién es el actor?

Dr. Ramón Armando Nuñez en representación de Dante Marcelo Adaro.

¿A quién se demanda?

Estado Provincial.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Revocación y nulidad del Decreto Nº 10039-MS-2019 (sanción disciplinaria de exoneración como Comisario Inspector), reincorporación del actor y pago de haberes dejados de percibir; se solicita como medida cautelar la suspensión de los efectos del decreto.

¿Qué se resolvió?

Rechazar la medida cautelar solicitada; imponer costas a la actora vencida; diferir la regulación de honorarios para la sentencia definitiva.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Bajo estas condiciones, dentro del estrecho límite cognitivo propio de las medidas cautelares, resulta oportuno advertir que, en principio y sin que ello importe anticipar apreciaciones que son propias de la sentencia de mérito, no convergen en la especie, los requisitos básicos para hacer atendible el pedido, tales, la verosimilitud del derecho invocado, la urgencia en su establecimiento, y la imposibilidad de ulterior reparación.

El primer recaudo no surge claro, en tanto que en el marco de sus atribuciones, el Poder Ejecutivo dispone la sanción disciplinaria de exoneración del agente mediante el Decreto Nº 10039-MS-2019. Admitir la medida cautelar en los términos que la solicita y con la prueba hasta aquí colectada, constituiría en definitiva un anticipo de jurisdicción favorable del Tribunal que no puede aceptarse.

Por lo demás, no surge acreditada ni se demuestra las causales por las cuales debe determinarse la suspensión de los efectos del acto. En primer lugar, examinado el acto, objeto de impugnación agregado a fojas 20, no advertimos “prima facie” la nulidad por incompetencia o violación manifiesta de la ley.

La presunción de legitimidad de los actos administrativos responde a una necesidad funcional: que la Administración no esté obligada a acreditar ante la justicia la legalidad de sus actos para ejecutarlos.

En segundo lugar, además de indicarse un razonable orden de probabilidades sobre la existencia del derecho que pueda asistir al peticionante, debe contarse con una objetiva posibilidad de frustración, riesgo o estado de peligro de ese derecho que esgrime el demandante, es decir debe acreditarse el peligro en la demora, lo que no sucede en el caso. No se acredita en esta instancia que exista la posibilidad de amenaza, o inminencia de causarse un daño de consecuencias irreparables, puesto que, de admitirse la demanda, y de existir diferencias salariales a su favor, el agente podrá ser reintegrado a su cargo y podrá cobrar sus haberes en el modo que corresponda con más los intereses que pudieran devengarse.

Acerca del periculum in mora el más Alto Tribunal Provincial también tiene dicho que “consiste en que el peligro en la demora sea inminente y que el daño que se intenta hacer cesar o evitar no admita reparación a futuro, para cuya determinación, y conforme el principio de oportunidad, debe atenderse la necesidad de mantener la igualdad entre las partes en el juicio…” (L.A. Nº 45 Nº 235; L.A. Nº 48 Nº 61; L.A. Nº 48 Nº 2, entre otros).

Conforme a ello, en cuanto a la petición cautelar de autos, puede advertirse que el presentante no ha cumplimentado con los extremos establecidos por la norma (artículo 31 del C.C.A.), aún dentro de la “summaria cognitio” propia de los procesos cautelares, máxime considerando que la medida es peticionada contra actos emanados de la Administración que gozan de la presunción de legitimidad y que se encuentra impugnado mediante el proceso contencioso administrativo, dentro de un marco de discusión y prueba más amplio.

En mérito de lo expresado, corresponde rechazar la medida cautelar articulada por el Dr. Ramón Armando Nuñez en representación de Dante Marcelo Adaro en contra del Estado Provincial."

(Se consignan en el fallo además los antecedentes indicados: existencia de sentencia penal firme que condena al actor a tres años de prisión por abuso sexual simple agravado por la convivencia, invocada por la parte demandada.)

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